Bruselas denuncia un recorte de derechos en la UE a favor de la seguridad tras el 11-S

Los derechos fundamentales en los pa¨ªses de la Uni¨®n Europea (UE) han sufrido durante el a?o pasado un retroceso en favor de la seguridad. ?sta es una de las consecuencias tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, seg¨²n concluye un estudio elaborado por expertos independientes de los Quince. Las condiciones de detenci¨®n, la confidencialidad sobre datos privados, la libertad de expresi¨®n y las leyes restrictivas con los inmigrantes son algunos de los aspectos m¨¢s preocupantes reflejados en el informe.

"La mayor¨ªa de los Estados est¨¢n elevando los niveles de la seguridad en detrimento de los derechos fundamentales" de los ciudadanos, afirm¨® ayer en Bruselas la portuguesa Mar¨ªa Jos¨¦ Rocha de Gouveia, de la Direcci¨®n General de Justicia e Interior de la Comisi¨®n Europea, al referirse al documento.

El informe incluye un cap¨ªtulo espec¨ªfico de 55 p¨¢ginas relativo a las iniciativas legales que muchos pa¨ªses europeos han lanzado para hacer frente a "la amenaza terrorista" y que a veces "se traducen en intromisiones en la vida privada o en el secreto de las comunicaciones". Cita al respecto "restricciones al derecho a la defensa" (por ejemplo, con testimonios an¨®nimos), la infiltraci¨®n de agentes "con el riesgo de provocaci¨®n que eso entra?a" o "las formas excepcionales de detenci¨®n", extremo en el que destaca sobre todo la nueva legislaci¨®n brit¨¢nica.

Especial referencia hace el informe a los proyectos entre la Uni¨®n Europea y Estados Unidos para luchar contra el terrorismo. "El refuerzo de esta colaboraci¨®n puede poner en peligro la protecci¨®n de derechos fundamentales" porque esa protecci¨®n en Estados Unidos "se sit¨²a a un nivel inferior a los existentes en la UE". Se refiere concretamente al intercambio de datos personales y las extradiciones, cuando la protecci¨®n sobre datos privados en Estados Unidos es muy inferior a la europea y en ese pa¨ªs existe la pena de muerte y se aplica en numerosos Estados.

El documento tambi¨¦n destaca "el importante riesgo de discriminaci¨®n" que entra?a una iniciativa espa?ola para que, en el seno de la Uni¨®n, exista "un formulario tipo" en el que sean incluidas personas y organizaciones susceptibles de cometer actos terroristas "antes de la ejecuci¨®n de una acci¨®n terrorista". El perfil de esas personas tendr¨¢ en cuenta, dice el documento, "la nacionalidad, la edad, la educaci¨®n, el lugar de nacimiento, las caracter¨ªsticas psicosociol¨®gicas o la situaci¨®n familiar".

Pa¨ªses como B¨¦lgica, Austria o Alemania, se?alan los autores del documento, han ampliado los poderes de los servicios secretos para tener acceso a las comunicaciones privadas o a los datos bancarios de sospechosos, mientras en el Reino Unido una nueva ley permite al ministro del Interior detener a extranjeros sospechosos de relaci¨®n con el terrorismo o de constituir un peligro para la seguridad nacional sin que medie intervenci¨®n judicial alguna, algo que tambi¨¦n ha ocurrido en Suecia.

Infracciones pol¨ªticas

En Alemania, la nueva legislaci¨®n permite no renovar el permiso de residencia a extranjeros que cometan "infracciones pol¨ªticas" y en Dinamarca una nueva ley permite la expulsi¨®n de cualquier extranjero que haya cometido un delito. En Grecia, en 2002 s¨®lo se aceptaron un 0,4% de las miles de demandas de asilo presentadas, cuando antes el porcentaje rondaba el 10% anual.

En la parte general del informe, al margen de las iniciativas antiterroristas, el documento denuncia "el dato degradante" que supone la superpoblaci¨®n penitenciaria, como ocurre en Espa?a y Reino Unido; el "nuevo esclavismo" ejercido en la inmigraci¨®n o en la prostituci¨®n; el abuso que se produce en la difusi¨®n por toda Europa de "listas negras" de deudores o malos arrendatarios de viviendas, o "el peligro potencial" de la falta de pluralismo informativo en Italia (en alusi¨®n a las empresas de Berlusconi), junto a la persecuci¨®n de periodistas en Reino Unido, Luxemburgo y B¨¦lgica por no desvelar sus fuentes.

Entre las referencias a Espa?a, figura la posibilidad legal de mantener incomunicados cinco d¨ªas a detenidos por terrorismo, un extremo que puede originar casos de tortura que, si son denunciados, deben ser objeto de una investigaci¨®n "r¨¢pida, eficaz e imparcial".

Tambi¨¦n indica que algunas ¨®rdenes judiciales de escuchas telef¨®nicas en Espa?a "podr¨ªan tener una base legal insuficiente", o que, seg¨²n una auditor¨ªa independiente, el 45% de las empresas espa?olas controla el uso de Internet de sus trabajadores y, el 24%, sus correos electr¨®nicos sin que est¨¦ delante un delegado sindical.

La catedr¨¢tica Teresa Freixes, de la Universidad Aut¨®noma de Barcelona, que ha sido la representante de Espa?a en la elaboraci¨®n del documento, tambi¨¦n puso ayer de relieve el deterioro que se est¨¢ produciendo en Europa en las pol¨ªticas sociales: protecci¨®n a menores, derechos de los hijos de inmigrantes o prestaciones a los trabajadores.