Las demandas de la ense?anza concertada

Padres movilizados porque sus hijos no han conseguido plaza en el centro concertado escogido; denuncias de las patronales titulares de los colegios contra la pol¨ªtica "dictatorial" que ejerce la Junta al no permitirles responder a la cada vez mayor demanda de plazas que tienen con una nueva revisi¨®n de los convenios; denuncias de fraudes y peticiones de que se modifique el actual sistema de escolarizaci¨®n. Todas estas circunstancias concurren cada a?o durante el proceso de escolarizaci¨®n y parte de ellas incluso llega a solventarse en los tribunales.

Este a?o, no obstante, la tradicional batalla de la concertada no ha alcanzado los niveles en los que se movi¨® hace dos cursos, cuando hasta los obispos de la comunidad tomaron parte en el enfrentamiento que un grupo de centros encabez¨® contra la Junta.

Los afectados exigen que se apliquen los criterios de escolarizaci¨®n de la LOCE

Hasta el momento, s¨®lo en las capitales de Sevilla y Ja¨¦n -los centros Salesianos de Triana, Claret y Miguel Castillejo, respectivamente- se han registrado movilizaciones de padres de alumnos. Estos denuncian la intransigencia de la Consejer¨ªa de Educaci¨®n por negarse a revisar lo recogido en el Acuerdo de Bases Hacia un Pacto por la Educaci¨®n de 1997 y por negarse a aplicar los criterios establecidos en la Ley Org¨¢nica de la Calidad de la Educaci¨®n (LOCE), algo que, aseguran, est¨¢ afectando a su derecho constitucional de poder elegir el tipo de educaci¨®n que desean para sus hijos, al no contar con plazas suficientes en los centros concertados que han escogido.

Este acuerdo de 1997, suscrito por el ex consejero Manuel Pezzi y CC OO y UGT primero, y al que posteriormente se sumaron las patronales de la ense?anza concertada FERE, CECE, SAFA y el sindicato FSIE, establec¨ªa que la proporci¨®n de conciertos educativos respecto a la ense?anza p¨²blica ser¨ªa aproximadamente de un 20%, porcentaje que, "decimal arriba o abajo, se ha cumplido cada curso desde la firma de dicho convenio, garantiz¨¢ndose los conciertos acordados", afirma Manuel Alcaide, director general de Planificaci¨®n y Ordenaci¨®n Educativa.

Afirmaci¨®n de la que discrepa Virgilio Rojo, representante de la FERE, que critica que Educaci¨®n contin¨²e empleando los criterios de escolarizaci¨®n que exist¨ªan antes de la aprobaci¨®n de la LOCE, que asegura son causa, en buena medida, de los problemas que cada a?o se producen.

Ley de Calidad

Rojo considera que si Educaci¨®n aplicase lo rocogido en la LOCE y cediera en aspectos como aumentar la ratio (n¨²mero de alumnos por aula; 25 en primaria y 30 en secundaria) en los casos en los que la demanda supera la oferta de plazas, muchos de estos problemas no se dar¨ªan. "La LOCE recoge que se d¨¦ un punto m¨¢s en la baremaci¨®n de solicitud a las familias numerosas y a aquellas en las que exista un miembro con discapacidad, aunque no sea el menor a escolarizar. Esto deshar¨ªa muchos de los empates que se producen entre las solicitudes y evitar¨ªa que se tuviese que recurrir al sorteo, que nos parece un m¨¦todo poco equitativo", explica.

Actualmente, son tres los criterios b¨¢sicos que se emplean en caso de que la demanda supere la oferta: cercan¨ªa del domicilio familiar o del lugar de trabajo de los padres; existencia de alg¨²n hermano en el centro y renta de la unidad familiar. Si hay empate, entonces se recurre al sorteo.

El representante de la FERE se?ala, por ¨²ltimo, que la Junta, al no aplicar la LOCE, puede estar vulnerando el derecho constitucional de los padres a elegir el tipo de ense?anza que desean para sus hijos. "La Ley de Calidad, en su esp¨ªritu, si bien a¨²n no est¨¢ desarrollado el decreto, establece que la Administraci¨®n ha de garantizar no s¨®lo la escolarizaci¨®n obligatoria, sino tambi¨¦n en caso de que exista demanda social".

A este respecto, Manuel Alcaide sostiene que este derecho al que se refiere Rojo "no es un derecho absoluto, sino compatible con la capacidad de la Administraci¨®n para gestionar los recursos de los que dispone". El director general de Planificaci¨®n recuerda que existen varias sentencias del TSJA que, apoy¨¢ndose en art¨ªculos de la Constituci¨®n, exponen que la Administraci¨®n tiene potestad de gestionar sus recursos y que inciden en que ¨¦sta ha de evitar aquellos gastos "que puedan ser evitables".

En cuanto a la no aplicaci¨®n de los criterios de escolarizaci¨®n incluidos en la LOCE, Alcaide asegura que existe una disposici¨®n transitoria que permite a las autonom¨ªas mantener los vigentes hasta que se desarrolle la LOCE.

Sobre el aumento de la ratio donde la demanda supere la oferta de puestos escolares, Alcaide apunta que esta medida ya se aplica en determinados casos. "Ante la presi¨®n de la demanda, da igual que sea un centro concertado que p¨²blico, la ratio se incrementa en el m¨ªnimo para garantizar la calidad de la ense?anza. Lo que no vamos a hacer es crear m¨¢s aulas si en la misma zona donde se da esta demanda existen puestos p¨²blicos vacantes", indica.

Estas explicaciones, sin embargo, no convencen a los padres afectados. As¨ª, la Federaci¨®n de Asociaciones de Padres de Alumnos Cat¨®licos (Fecapa) ha solicitado la intervenci¨®n de la Alta Inspecci¨®n del Estado para que la Junta aplique los nuevos criterios de escolarizaci¨®n recogidos en la LOCE.