Simancas quiere pactar con Gallard¨®n el desbloqueo del plan general de urbanismo

Rafael Simancas, futuro presidente de la Comunidad, busca una soluci¨®n para las 100.000 viviendas que han quedado paralizadas tras la anulaci¨®n, por parte del Tribunal Superior de Justicia, de 28 desarrollos urban¨ªsticos del plan general de 1997. Los jueces fallaron que estos desarrollos invad¨ªan zonas protegidas medioambientalmente, por lo que las viviendas -muchas de ellas ya en construcci¨®n o comprometidas con sus compradores- no pod¨ªan levantarse. Simancas quiere pactar con Alberto Ruiz-Gallard¨®n, alcalde electo, una soluci¨®n para los miles de familias afectadas.

No existe un c¨¢lculo exacto de los miles de familias afectadas por la anulaci¨®n judicial de los 28 desarrollos urban¨ªsticos del plan general, pero la cifra puede acercarse a unas 100.000 viviendas. El Tribunal Superior, tras una denuncia del que era portavoz socialista en 1997 en el Ayuntamiento, Juan Barranco, fall¨® el 27 de febrero anular parte del documento que rige el urbanismo de Madrid.

Pero tanto ha durado el proceso judicial (casi seis a?os) que ha dado tiempo a edificar miles de viviendas sobre zonas protegidas medioambientalmente. De hecho, muchas casas ya est¨¢n construidas, comprometidas con sus compradores o sobre ellas existen derechos urban¨ªsticos (el Ayuntamiento ya ha dado licencia para poner los primeros ladrillos o bien la Comunidad ha ratificado las operaciones, lo que genera derechos y, por tanto, indemnizaciones millonarias). ?ste es el caso, por ejemplo, de los pisos levantados y vendidos en Montecarmelo, Las Tablas o Sanchinarro (los nuevos barrios del norte).

Ante esta situaci¨®n, el futuro presidente regional, Rafael Simancas, del PSOE, se encuentra ante un dilema: o paraliza lo que a¨²n est¨¢ sin construir, tal y como exigen los jueces (¨¢rea de Barajas, Valdebebas, Campamento...), o intenta llegar a un acuerdo con el alcalde electo, Ruiz-Gallard¨®n, del PP, para encontrar una soluci¨®n al problema. Esta soluci¨®n pasar¨ªa por buscar nuevos terrenos donde edificar las casas a¨²n no levantadas o aumentar la edificabilidad de los terrenos no afectados por la sentencia judicial.

Nuevos emplazamientos

Simancas declar¨® ayer a EL PA?S que no es partidario de un aumento de la edificabilidad, ya que esto acarrea graves problemas (nuevas infraestructuras viarias para absorber la creciente demanda y una l¨®gica disminuci¨®n de las zonas p¨²blicas), sino que prefiere buscar nuevos terrenos donde edificar las casas paralizadas por los jueces.

"Lo ¨²nico que puedo asegurar a los afectados es que este nuevo Gobierno no permitir¨¢, bajo ning¨²n concepto, que nadie se quede sin la casa que ha pagado o apalabrado. De eso me encargo yo", asever¨®. "Hay que acatar la sentencia, pero tambi¨¦n hay que garantizar los derechos de miles de ciudadanos que hoy est¨¢n inquietos por lo que pueda pasar con sus pisos a causa de la sentencia", agreg¨®.

Por eso, Simancas va a convocar a Ruiz-Gallard¨®n para pactar una soluci¨®n que pasar¨ªa por una revisi¨®n del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana. A su vez, Ruiz-Gallard¨®n necesita modificar ese plan -para lo que es imprescindible el apoyo de Simancas- si quiere realizar su proyecto de rehabilitaci¨®n del centro de Madrid. Ser¨ªa, por tanto, posible que ambos pol¨ªticos se viesen en la ineludible obligaci¨®n de llegar a un acuerdo para realizar sus respectivas promesas electorales: Simancas, desbloquear el plan general paralizado judicialmente y construir las viviendas a precio moderado en los nuevos barrios, y Ruiz-Gallard¨®n, hacer una "verdadera operaci¨®n quir¨²rgica" en el centro de la capital, consistente en rehabilitar miles de viejas y enormes casas para reducir su tama?o y alquilarlas a j¨®venes.

Simancas cuenta con un as bajo el brazo para intentar convencer a los terceros en discordia: los promotores inmobiliarios. El futuro presidente ha anunciado en varias ocasiones que modificar¨¢ la Ley Regional del Suelo con el fin de expropiar a los especuladores que acaparen suelo a la espera de que ¨¦ste suba de precio.

Esta eventual modificaci¨®n de la ley puede servir a Simancas para que los promotores -muchos de los cuales ya cuentan con derechos de construcci¨®n en los nuevos barrios de la capital y a los que, por tanto, habr¨ªa que indemnizar si no se levantasen las viviendas comprometidas- acepten levantar las casas a¨²n no construidas en otras zonas de la ciudad a un precio moderado. "Usaremos todas las herramientas legales necesarias para que nadie se quede sin su vivienda", insiste Simancas.