El Ararteko critica la escasa ayuda oficial para que los discapacitados trabajen

La ararteko en funciones, Mertxe Ag¨²ndez, present¨® ayer en el Parlamento vasco un informe sobre la integraci¨®n laboral de las personas con discapacidad en el que critica con firmeza el incumplimiento de la Ley de Integraci¨®n Social de los Minusv¨¢lidos (LISMI). Ello motiva, en muchas ocasiones, que los discapacitados se encuentren desamparados por parte de las instituciones. El caso m¨¢s llamativo es la ausencia de controles sobre las empresas que tienen la obligaci¨®n legal de contar con un cupo de reserva para personas con alguna minusval¨ªa dentro de sus plantillas -el 2% para las que tienen m¨¢s de 50 trabajadores-. La mayor¨ªa de las compa?¨ªas incumple esta disposici¨®n sin que nadie les sancione por ello.

Ag¨²ndez entreg¨® al presidente de la C¨¢mara de Vitoria, Juan Mar¨ªa Atutxa, un exhaustivo trabajo que analiza desde la calidad del empleo hasta las caracter¨ªsticas de las personas contratadas. Durante varios meses, representantes del Ararteko se han entrevistado con asociaciones de afectados, instituciones, empresas y sindicatos, entre otros agentes sociales. El estudio constata los insuficientes medios ofertados en el Pa¨ªs Vasco para atender a este numeroso colectivo.

Cerca de 144.000 vascos (un 7,4% de la poblaci¨®n) padecen alg¨²n tipo de minusval¨ªa lo que les lleva a vivir en peores condiciones que el conjunto de la poblaci¨®n. De ellos, unos 60.000 est¨¢n en edad laboral (entre 16 y 64 a?os), pero un 70% son inactivos, es decir, ni tienen un empleo ni lo buscan de manera activa. S¨®lo 7.000 cuentan con un trabajo normalizado en empresas ordinarias, mientras que otros 12.000 desempe?an labores en un centro ocupacional, a menudo de titularidad p¨²blica.

En su informe, el Ararteko llama precisamente la atenci¨®n sobre la baja tasa de actividad, que es de un 30,9% frente al 53,3% de la poblaci¨®n en general. Ag¨²ndez achac¨® esta circunstancia, sobre todo, a la escasa conciencia social y la falta de preparaci¨®n del mundo laboral y empresarial para integrar a los discapacitados. Que la mayor parte del empleo sea protegido, de baja cualificaci¨®n o mal retribuido es otro de los motivos de preocupaci¨®n expresados en el informe, al igual que la permisividad de los servicios de la Inspecci¨®n de Trabajo, al no castigar a las empresas que no respetan los cupos legales de reserva para los discapacitados.

Seg¨²n datos del a?o 2000, las 1.680 empresas vascas que cuentan con m¨¢s de 50 empleados hubieran tenido que reservar para discapacitados 5.249 plazas, aplicando el cupo obligatorio del 2%. Los datos muestran otra realidad: s¨®lo 2.354 personas estaban afiliadas ese a?o a la Seguridad Social con un contrato por minusval¨ªa. Las administraciones no salen mejor paradas. Est¨¢n obligadas a reservar el 3% de sus plazas, pero algunos puestos quedan sin cubrir porque las pruebas para acceder a ellos no se ajustan a los discapacitados que se presentan, lamenta Ag¨²ndez.

Los autores del informe se han encontrado con una realidad diferente en cada territorio en cuanto a la red de centros especiales de empleo y ocupacionales. Guip¨²zcoa dispon¨ªa en el a?o 2000 de 3.257 plazas, con lo que cubr¨ªa el 18,5% de las personas con discapacidad de su provincia. La cobertura en ?lava era parecida (17%), mientras que en Vizcaya se reduc¨ªa a un 6,3%.

Aunque la mayor¨ªa de los discapacitados recibe una pensi¨®n debido a su situaci¨®n, en el caso de unas 16.000 personas esta ayuda es inferior al salario m¨ªnimo interprofesional, con lo que la dependencia econ¨®mica de su entorno es evidente.