El Laboratorio ha cambiado de sede tres veces desde que inmigrantes, vecinos y ecologistas lo abrieron en 1997

El Laboratorio naci¨® en el barrio de Lavapi¨¦s en abril de 1997. Un grupo de okupas que hab¨ªa sido desalojado un mes antes de otro edificio en La Guindalera (Salamanca) decidi¨®, junto a Ecologistas en Acci¨®n, Sodepaz, SOS Racismo, CGT y asociaciones de inmigrantes, tomar el abandonado Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA), en Embajadores, 68, para usarlo como centro social y cultural. En ¨¦l permanecieron hasta su desalojo, en diciembre de 1998.

El art¨ªculo 245 del C¨®digo Penal castiga la okupaci¨®n, tipificada como usurpaci¨®n, con multas de tres a seis meses, reemplazables en caso de impago por arrestos de fin de semana. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia decidi¨® archivar la causa penal abierta contra las 604 personas -entre ellas diputados de IU y artistas- que se hab¨ªan autoinculpado en favor de los okupas de este Laboratorio I. El alto tribunal consider¨® que no comet¨ªan delito porque su finalidad era "pol¨ªtica", ya que pretend¨ªan -y pretenden- denunciar la existencia de inmuebles vac¨ªos en un Madrid cada vez m¨¢s caro y sin centros donde los j¨®venes puedan organizar actividades.

Fieles a su consigna de un desalojo, otra okupaci¨®n los promotores del Laboratorio se buscaron otra sede: el 6 de enero de 1999 entraron a un bloque de pisos que llevaba dos d¨¦cadas vac¨ªo en la plaza de Cabestreros. El propietario los denunci¨® y los okupas volvieron a conseguir una sentencia favorable: el Juzgado de Instrucci¨®n 43 archiv¨® la causa penal abierta contra ellos por considerar que no comet¨ªan delito alguno por usar un inmueble abandonado durante tanto tiempo.

Los due?os del edificio recurrieron ante la Audiencia Provincial y ¨¦sta reinici¨® el proceso pese a que reconoc¨ªa "tener reservas frente a la opci¨®n legislativa de criminalizar estos actos". Finalmente el desalojo se ejecut¨® el 28 de agosto de 2001.

La tercera y, hasta ahora, ¨²ltima sede del Laboratorio ha sido la antigua imprenta Samar¨¢n en Amparo, 103, okupada el 9 de febrero de 2002. Hace un a?o el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 11 orden¨® la expulsi¨®n de los okupas "para ejecutar unas obras obligadas por el Ayuntamiento para garantizar su seguridad". Pero ellos recurrieron y el juez decidi¨® "no echarlos por el momento", tras comprobar que el Consistorio hab¨ªa reparado ya el inmueble. Tuvo tambi¨¦n en cuenta las numerosas actividades (conciertos, jornadas sobre urbanismo, inmigraci¨®n y otros temas sociales, talleres, exposiciones) que se realizaban en la finca.

En abril, tras recurrir los propietarios a la Audiencia Provincial, el juzgado dio un plazo de una semana a los okupas, que luego se alarg¨® por cuestiones legales, para abandonar el edificio. Ellos se negaron e iniciaron un encierro. Pero ya fue in¨²til.