Los grupos del tripartito acuerdan rebajar de 25 a 23 a?os la edad m¨ªnima para poder cobrar la renta b¨¢sica
La Comisi¨®n de Trabajo y Acci¨®n Social del Parlamento aprob¨® ayer con los votos de los grupos del tripartito modificar la ley contra la Exclusi¨®n Social para rebajar de 25 a 23 a?os la edad m¨ªnima que permite acceder al cobro de la renta b¨¢sica. Socialistas, el grupo de la ilegalizada Batasuna y PP la rechazaron, los dos primeros por considerar que la rebaja es insuficiente, ya que ten¨ªa que haber llegado a los 18 a?os, y los populares porque consideran que cualquier reducci¨®n favorece el incremento de fraudes.
La comisi¨®n vot¨® el dictamen elaborado por la ponencia que en su momento se creo en su seno, tras recibir el proyecto de modificaci¨®n por parte del Gobierno vasco. Ahora, tendr¨¢ que ser el pleno del Parlamento el que refrende definitivamente el dictamen.
Seg¨²n la Administraci¨®n, el cambio est¨¢ justificado porque el requisito de ser mayor de 25 a?os de edad excluye del derecho a la renta b¨¢sica a "un sector significativo" de la juventud que se ve obligado a permanecer en el domicilio familiar por no disponer de los recursos econ¨®micos suficientes como para llevar una vida independiente.
Se da la circunstancia de que muchas personas potencialmente incluidas en la medida ya acceden a la prestaci¨®n. Es el caso de los j¨®venes con menores u otros familiares directos a su cargo. As¨ª, la medida afectar¨¢, fundamentalmente, a las personas que viven solas y que, adem¨¢s, deber¨¢n haberse independizado con un a?o de antelaci¨®n al momento de formular su solicitud. Seg¨²n el estudio realizado por el Gobierno sobre el impacto de la reducci¨®n de la edad, s¨®lo 535 personas de 23 y 24 a?os viven independizadas en Euskadi.
La ley contra la Exclusi¨®n Social, aprobada en 1998, ya ha experimentado otras modificaciones. En noviembre de 2000 se cambi¨® para permitir que los perceptores de la renta b¨¢sica pudieran seguir cobrando una parte de ella al llegar a los 65 a?os y complementar as¨ª otro tipo de prestaciones menores, como las pensiones no contributivas. En otra de las modificaciones, los ayuntamientos se encargaron de gestionar directamente las ayudas de emergencia social.
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