Condena al intervencionismo

El Tribunal Supremo ha condenado al Estado a indemnizar con 26,4 millones de euros a Canal Sat¨¦lite Digital (CSD) por los perjuicios ocasionados con la legislaci¨®n que promovi¨® hace seis a?os para impedir sus emisiones, atentando contra la legislaci¨®n europea sobre el Mercado ?nico. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal pone as¨ª punto final a un vergonzoso episodio de intromisi¨®n del Gobierno en los medios de comunicaci¨®n privados, uno de los cap¨ªtulos de la denominada guerra digital, en el que el Gobierno utiliz¨® toda su capacidad legislativa, primero mediante un decreto-ley y luego por medio de una ley aprobada en el Parlamento con el apoyo del PNV y de Izquierda Unida, liderada por Anguita, para obstaculizar el desarrollo de CSD (empresa participada por PRISA, editora del diario EL PA?S).

El Gobierno de Aznar puso en marcha a trav¨¦s de su ministro de Fomento, a la saz¨®n Rafael Arias-Salgado, una cascada de iniciativas legislativas para favorecer a la plataforma que promov¨ªa con el capital de Telef¨®nica (V¨ªa Digital) en perjuicio de Canal Sat¨¦lite Digital, que ya funcionaba y que en dos meses contaba con m¨¢s de 30.000 abonados. La ley obligaba a que los operadores se pusieran de acuerdo sobre el descodificador, y en ausencia de pacto impon¨ªa el sistema que impulsaba Telef¨®nica y que todav¨ªa no exist¨ªa en el mercado, dejando a CSD a expensas de lo que decidiera su competidor, al que conced¨ªa un efectivo derecho de veto. Y entre otras restricciones establec¨ªa una homologaci¨®n nacional de los descodificadores distinta a la del resto de Europa, que romp¨ªa el mercado ¨²nico europeo y atentaba a la libre circulaci¨®n de mercanc¨ªas y de servicios.

La Comisi¨®n Europea y los tribunales han descalificado aquel desafortunado episodio legislativo en varias ocasiones por violar el derecho comunitario en lo referido a la libertad de circulaci¨®n de mercanc¨ªas y de servicios dentro del mercado europeo. El real decreto, desarrollado posteriormente en una ley, ya fue anulado en diciembre de 2002 por una doble infracci¨®n de las normas comunitarias. El Supremo cierra ahora aquella lamentable guerra que encabez¨® Aznar obligando al Estado a pagar una cuantiosa indemnizaci¨®n que correr¨¢ a cargo de los contribuyentes.