Una carrera de obst¨¢culos organizada por el Gobierno

El lanzamiento de Canal Sat¨¦lite Digital (CSD) se vio claramente obstaculizado por el Gobierno, que impuls¨® una plataforma digital de la mano de Juan Villalonga, presidente de Telef¨®nica y compa?ero de colegio de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, que sali¨® al aire pocos meses despu¨¦s de la liderada por el Grupo PRISA. El mismo d¨ªa que CSD comenzaba sus emisiones (31 de enero de 1997), el Consejo de Ministros aprobaba un reglamento y un decreto ley sobre utilizaci¨®n de descodificadores, regulaci¨®n de las tarifas y registro de las empresas.

Este conjunto de medidas fiscales, administrativas y tecnol¨®gicas persegu¨ªa la paralizaci¨®n de sus emisiones. El Ejecutivo subi¨® el tipo del IVA (del 7% al 16%) aplicado a Canal + y CSD, y oblig¨® a que sus descodificadores cumplieran una determinada serie de requisitos imposibles de llevar a cabo.

Comenz¨® entonces la batalla entre el simulcrypt (empleado por CSD) y el multicrypt (opci¨®n t¨¦cnica de V¨ªa Digital). Una enmienda al proyecto de ley de televisi¨®n digital introducida por el PP en el Senado obligaba a utilizar este ¨²ltimo en caso de que los operadores no llegaran a un acuerdo. CiU intent¨® mediar en la pol¨¦mica y propuso eliminar las trabas a la comercializaci¨®n de sistemas de acceso condicional con una ¨²nica condici¨®n: que contaran con la certificaci¨®n de un organismo europeo.

Apoyo de IU

Con el apoyo de Izquierda Unida (que vot¨® a favor del PP en una demostraci¨®n m¨¢s de la pinza entre ambas formaciones) y el PNV, el partido en el Gobierno sac¨® adelante en el Congreso la ley de televisi¨®n digital en abril de 1997. A partir de entonces, CSD dispon¨ªa de dos meses para pactar un descodificador con el operador digital alentado por el entonces vicepresidente del Gobierno, Francisco ?lvarez Cascos, y por el portavoz del Ejecutivo, Miguel ?ngel Rodr¨ªguez. El PSOE consider¨® que, con la excusa de incorporar al derecho espa?ol los contenidos de una directiva comunitaria, se inici¨® "el ataque m¨¢s descarado, interesado y obsceno a la libertad de informaci¨®n desde el cierre del diario Madrid".

Poco despu¨¦s de entrar en vigor la ley, la Direcci¨®n General de Telecomunicaciones y el juez de la Audiencia Nacional Javier G¨®mez de Lia?o (que abri¨® diligencias contra todo el Consejo de Administraci¨®n de Sogecable, y que posteriormente fue condenado por prevaricaci¨®n y apartado de la carrera judicial) enviaron a inspectores y funcionarios de la polic¨ªa a investigar la contrataci¨®n y distribuci¨®n de los descodificadores de Sogecable.

El plan del Gobierno choc¨® frontalmente con la Comisi¨®n Europea. Los t¨¦cnicos comunitarios afirmaron que tanto el simulcrypt como el multicrypt eran abiertos.