El PSE env¨ªa al Supremo las actas de la negativa a disolver Batasuna
El Grupo Socialista en el Parlamento vasco envi¨® ayer al Tribunal Supremo y al fiscal general del Estado las actas de las reuniones de la Mesa y de la Junta de Portavoces de la C¨¢mara de Vitoria en las que el presidente, Juan Mar¨ªa Atutxa (PNV), sustenta su negativa a disolver el grupo de la ilegalizada Batasuna.
Los socialistas vascos decidieron dar este paso tras conocer ayer del propio Atutxa que ¨¦ste no incluy¨® esas actas en su reciente respuesta al Supremo, pese a que el viernes pasado el representante del PSE-EE en la Junta de Portavoces se lo pidi¨® expresamente. El Grupo Socialista quiere con esta acci¨®n que el tribunal y la fiscal¨ªa tengan exacto conocimiento de cu¨¢l fue la postura de cada grupo en cada uno de los dos ¨®rganos de la C¨¢mara que han tenido que ver en la posici¨®n final de Atutxa. "Queremos que quede muy claro cuando se tengan que depurar responsabilidades", dijo el portavoz Rodolfo Ares. "Que cada uno asuma sus consecuencias", recalc¨®.
El PSE vot¨® favorablemente en la Mesa a la propuesta de Atutxa de proceder a la disoluci¨®n del grupo de Batasuna por la v¨ªa de una resoluci¨®n del propio presidente de la C¨¢mara. Pero esta resoluci¨®n, que inicialmente tuvo tambi¨¦n el respaldo del PNV y EA, fue bloqueada luego en la Junta de Portavoces por los propios nacionalistas. Esta estrategia de votar diferente en la Mesa y en la Junta de Portavoces fue la v¨ªa a la que el PNV y EA recurrieron para intentar poner a salvo la responsabilidad penal del presidente de la C¨¢mara, desplaz¨¢ndola hacia la Junta de Portavoces.
Ares considera "l¨®gica y proporcionada" la decisi¨®n del Supremo de remitir las actuaciones a la fiscal¨ªa y de que el propio Supremo arbitre medidas la semana pr¨®xima, ante lo que este dirigente socialista considera "un desaf¨ªo al Estado de derecho", de cuya puesta en marcha culpa personalmente "al presidente del Parlamento, con el apoyo de los grupos del Gobierno tripartito".
El Supremo sostiene que "no puede hacer nada que el Parlamento vasco no considere ajustado a su reglamento" para ejecutar la sentencia y niega que exista obstruccionismo.
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