El concejal que negoci¨® una alcald¨ªa en la sede del PP est¨¢ imputado por corrupci¨®n
El constructor amigo de Tamayo medi¨® para impedir que el PSOE gobernara Sevilla la Nueva
El 'n¨²mero dos' del PP en Madrid, Ricardo Romero de Tejada, trat¨® sobre un posible pacto para arrebatar la alcald¨ªa de Sevilla la Nueva al PSOE con el concejal independiente Juan Antonio Teresa, al que el partido hab¨ªa expulsado dos a?os antes por apoyar una moci¨®n de censura contra el hoy portavoz del PP en ese ayuntamiento. Teresa presidi¨® el equipo de Gobierno que desde 2001, del que formaba parte Batanero -alcalde del PP entre 1981 y 1999, cuyas decisiones urban¨ªsticas han motivado una querella de la Fiscal¨ªa de Madrid contra dicho equipo en pleno por favorecer los intereses privados.
Romero de Tejada, seg¨²n su versi¨®n, atendi¨® la sugerencia del constructor Francisco Bravo V¨¢zquez -el empresario que reserv¨® dos habitaciones en un hotel madrile?o para los diputados socialistas desertores- para negociar con Teresa un acuerdo pol¨ªtico que evitara dejar el Ayuntamiento de Sevilla la Nueva en manos socialistas. Teresa le ofreci¨® un "prepacto" redactado en un documento que fue rechazado por los concejales del PP en Sevilla la Nueva, quienes, entre otras cosas, hab¨ªan sufrido la moci¨®n de censura que llev¨® a Teresa a la alcald¨ªa.
Teresa, alcalde de Sevilla la Nueva hasta el pasado 14 de junio, cuando fue elegida la socialista Pilar Barroso para ese puesto, reconoci¨® ayer que su ¨²nica relaci¨®n con el constructor Bravo V¨¢zquez se deb¨ªa a dos promociones de chal¨¦s que el empresario hab¨ªa desarrollado en su municipio y que el regidor autoriz¨®.
La Guardia Civil hizo un informe incriminatorio sobre las promotoras inmobiliarias de ?ngel Batanero, alcalde del PP de Sevilla la Nueva hasta 1999, en la que figura en dos ocasiones la intervenci¨®n de documentaci¨®n referida a la empresa Euroholding, de Francisco Bravo V¨¢zquez, con el que promov¨ªa chal¨¦s en ese municipio.
La querella de la Fiscal¨ªa, presentada en abril ante el juzgado de Navalcarnero, denuncia la supuesta relaci¨®n entre la moci¨®n de censura que dio la alcald¨ªa a Juan Antonio Teresa Villacieros y los presuntos delitos cometidos posteriormente por el Gobierno que se constituy¨® tras aquella operaci¨®n pol¨ªtica.
La moci¨®n de censura, afirma el fiscal en su querella, "parece que tuvo como ¨²nico fin conseguir el control de las decisiones municipales a los efectos del favorecimiento de los intereses privados urban¨ªsticos". La denuncia, de entrada, apunta a un "hipot¨¦tico enriquecimiento patrimonial vinculado a un levantamiento de cargas hipotecarias del primer teniente de alcalde de Sevilla la Nueva desde aquella fecha del primero de septiembre de 2001". Y la querella recuerda que fue "decisivo" el voto de Alberto Dilliz (ex concejal socialista), que, "sorprendentemente quebrant¨® la disciplina de voto de su grupo". "El equipo de Gobierno [Juan Antonio Teresa Villacieros, ?ngel Batanero, Mar¨ªa Luisa Moreno, Cristina Chozas y Alberto Dilliz], elegido tras la sesi¨®n del primero de septiembre de 2001, se aplica a beneficiar los intereses urban¨ªsticos privados tolerando expresamente que se ejecute el desarrollo de la U.E. 20 sin establecer el r¨¦gimen de protecci¨®n p¨²blica que establec¨ªa la ficha urban¨ªstica". La querella recuerda que dicho equipo de gobierno desestim¨® un requerimiento del Gobierno regional para forzar el car¨¢cter p¨²blico de dichas viviendas. El equipo Teresa/Batanero desestim¨® la resoluci¨®n sin informe jur¨ªdico. Batanero "no se abstuvo, a pesar de ser su inmobiliaria la que hab¨ªa promocionado las citadas viviendas", acusa el fiscal.
Desaparici¨®n de un parque
La querella tambi¨¦n relata la desaparici¨®n de un parque p¨²blico de Sevilla la Nueva. "Desde hace m¨¢s de diez a?os existe un parque p¨²blico en la confluencia de la calle Sevillanos con Santiago Ap¨®stol, con columpios, juegos infantiles, paseos peatonales, iluminaci¨®n... Ya en las normas subidiarias de 1986 se defini¨® como zona verde de uso p¨²blico. Pues bien, el alcalde Teresa presenta al pleno el 8 de julio de 2002 un convenio que ya estaba firmado por Teresa y una persona determinada, Valent¨ªn Sagarduy. En el citado perge?o de documento, el alcalde reconoce a Sagarduy la propiedad del parque p¨²blico, sin que el citado acredite fehacientemente t¨ªtulo de propiedad, y mediante un informe del arquitecto municipal valora la propiedad en 181.482 euros, a precio de suelo urbano de casco urbanizable".
Operaci¨®n irregular
La fiscal¨ªa detalla el siguiente paso de esta operaci¨®n que juzga irregular: "El alcalde se compromete, a continuaci¨®n, a entregarle aquella cifra econ¨®mica mediante la permuta de su parcela por cuatro parcelas residenciales ya urbanizadas en cualquiera de las SAU 1, 2 o 3, indistintamente o, en el supuesto de que no pudiera efectuarse en el plazo de doce meses, se compromete a que Sagarduy recupere su parque p¨²blico, dejando libre previamente toda obra municipal, o bien entreg¨¢ndole 30 millones de pesetas en mano".
La b¨²squeda del t¨ªtulo de Sagarduy sobre su parque dio un resultado infructuoso a la Fiscal¨ªa: "La ¨²nica parcela de Sagarduy en Sevilla la Nueva aparece gravada por un embargo", al que no han hecho referencia los cargos municipales, y no consta que sea el citado parque.
La querella cita m¨¢s elementos irregulares en las decisiones urban¨ªsticas del Gobierno municipal de Sevilla la Nuevacon un fondo com¨²n: "El beneficio ¨ªlicito de de los intereses privados del concejal Batanero", y la "despatrimonializaci¨®n de los bienes del municipio a favor de intereses privados".
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