El fiscal se querella contra Atutxa por "burla" y desobediencia al Supremo

El ministerio fiscal present¨® ayer una querella contra el presidente del Parlamento vasco, Juan Mar¨ªa Atutxa, del PNV, por presunto delito de desobediencia al negarse a disolver el grupo Sozialista Abertzaleak, sucesor de Batasuna. La querella se dirige tambi¨¦n contra el vicepresidente primero, Gorka Kn?rr (EA), y la secretaria segunda, Kontxi Bilbao (IU-EB), que secundaron a Atutxa, pero deja fuera a los otros dos integrantes de la Mesa, Carmelo Barrio (PP) y Manuel Huertas (PSOE). Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar consider¨® ayer la querella "absolutamente comprensible".

La querella contra Atutxa, Kn?rr y Bilbao se interpone por un presunto delito de desobediencia del art¨ªculo 410 del C¨®digo Penal, del que el fiscal considera coautores a los tres querellados "al existir una abierta negativa, concluyente aunque enmascarada habilidosamente por los mismos, bajo la h¨¢bil direcci¨®n de Atutxa, a cumplir una resoluci¨®n judicial clara y expresa". El delito de desobediencia est¨¢ penado con multa de 3 a 12 meses e inhabilitaci¨®n especial para empleo o cargo p¨²blico, de seis meses a dos a?os. El fiscal pide que a Atutxa, Kn?rr y Bilbao se les reciba declaraci¨®n "en concepto de imputados", y que Huertas y Barrio declaren como testigos.

La querella, firmada por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Jos¨¦ Mar¨ªa Luz¨®n, hombre de confianza del fiscal general del Estado, Jes¨²s Cardenal, fue presentada en la ma?ana de ayer ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco, por tratarse de "hechos realizados por miembros del Parlamento vasco, durante su mandato y en el ¨¢mbito territorial de la comunidad aut¨®noma". El escrito detalla el cruce de comunicaciones entre el Supremo y el Parlamento vasco desde que la Sala Especial orden¨® la disoluci¨®n "sin demora" del grupo.

El fiscal considera determinante para enmarcar la desobediencia las actas de las reuniones de la Mesa del Parlamento vasco del 5 y 6 de junio, de las que resulta "una clara disparidad de criterios" entre Atutxa, Kn?rr y Bilbao, de un lado, y Barrio y Huertas por otro.

En los debates, Atutxa dijo que no ten¨ªa "la m¨¢s m¨ªnima duda de que se ha producido una invasi¨®n de competencias del Parlamento, afectando a su inviolabilidad y sin respeto a la separaci¨®n de poderes" y se mostr¨® partidario de la reforma del Reglamento. En similares t¨¦rminos se expres¨® el vicepresidente primero, Gorka Kn?rr (PNV), en tanto que Carmelo Barrio (PP) fue tajante al afirmar que la reforma del Reglamento era "un pretexto y un incumplimiento". Huertas, del PSOE, tambi¨¦n sostuvo que la orden del Supremo era "determinante y de obligado cumplimiento". Por IU-EB, Kontxi Bilbao dijo que se hab¨ªa producido "una invasi¨®n y menoscabo de las competencias y autonom¨ªa del Parlamento vasco" y propuso interponer un conflicto de jurisdicci¨®n. Finalmente, Atutxa comunic¨® al Supremo que la C¨¢mara vasca se encontraba "ante la imposibilidad de dar cumplimiento a las resoluciones judiciales".

Para el fiscal, se trata de una negativa "abierta, voluntaria e intencional", pues los querellados recurren "al subterfugio de entender que existe una laguna jur¨ªdica en el Reglamento del Parlamento vasco que exige su modificaci¨®n".

La querella califica esta conducta de "fraude de ley" para "enmascarar o justificar" la oposici¨®n a cumplir las resoluciones del Supremo, con "una clara voluntad dilatoria y obstructiva".

Tambi¨¦n considera una "burla" la "propiciada por el se?or Atutxa, al permitir que en la Junta de Portavoces se contabilizara el parecer del grupo de Batasuna".

El fiscal rechaza por "inveros¨ªmil" que pueda hablarse de "error" de los querellados, as¨ª como que quepa extender la "inviolabilidad" de los parlamentarios vascos por sus "votos y opiniones" -contemplada en el Estatuto de Gernika-, a sus "actuaciones", como pretende hacer el Reglamento de la C¨¢mara vasca, norma de rango inferior al estatuto.

"Las actividades de car¨¢cter gubernativo, de mera administraci¨®n y organizaci¨®n interna no quedan amparadas por la inviolabilidad, que no es un privilegio personal, sino una garant¨ªa de independencia en el ejercicio de las funciones de parlamentario", concluye la querella.

El presidente del Gobierno declar¨® en Sal¨®nica, tras la celebraci¨®n del Consejo Europeo, que le preocupa "que la ley se incumpla y que responsables pol¨ªticos no obedezcan sentencias del Tribunal Supremo o de cualquier otro tribunal, porque justamente la base del respeto al Estado de derecho consiste en el respeto a la legalidad".