El caso se abri¨® hace 11 a?os por la denuncia del ex presidente de Rumasa, Ruiz-Mateos

El caso salt¨® en 1992. El entonces Banco de Santander hab¨ªa ofrecido a sus clientes entre 1988 y 1989 un producto financiero fiscalmente opaco, sin retenciones (las cesiones de cr¨¦dito), cuya legalidad discut¨ªa Hacienda. El juez Moreiras, de la Audiencia Nacional, entr¨® a saco en el caso tras admitir una querella contra el banco del ex presidente de Rumasa, Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos. Despu¨¦s de diez a?os de investigaci¨®n, el asunto se ha mantenido vivo por iniciativa de la acusaci¨®n que ejerce el diputado de Iniciativa per Catalunya, Joan Saura. La Fiscal¨ªa y la Abogac¨ªa del Estado pidieron el archivo de la causa.

Para seguir el culebr¨®n en que se se ha convertido el caso, que hace cinco a?os ocupaba ya 100.000 folios de sumario, se precisa casi una gu¨ªa. Seg¨²n la acusaci¨®n, el n¨²cleo del asunto es el siguiente: el Banco Santander ofreci¨® a sus clientes un producto financiero, sin retenciones, que ofrec¨ªa el anonimato ante Hacienda. En principio, las cesiones era un producto tan legal como otro. El banco vend¨ªa la nuda propiedad de un cr¨¦dito a un tercero, con un tipo de inter¨¦s del 7%, emitido al descuento y por un m¨ªnimo de 10 millones de pesetas de entonces (60.000 euros). Los clientes se identificaban en ocasiones por un n¨²mero o por un apodo, por ejemplo, Capit¨¢n Trueno.

El dinero negro fluy¨® hacia el producto y, seg¨²n comprob¨® Hacienda en sus cruces inform¨¢ticos, se utilizaron testaferros para ocultar, presuntamente, la identidad del comprador real. Aparecieron nombres de alba?iles, de jubilados y de personas fallecidas con importantes cantidades invertidas. A partir de ah¨ª es donde surgieron las acusaciones contra los administradores del Santander por presuntos delitos de falsedad en documento mercantil, estafa y delito contra la Hacienda P¨²blica.

Medio bill¨®n

En total se realizaron 42.274 cesiones de cr¨¦dito, por un importe de 432.965 millones de pesetas de entonces (2.602 millones de euros), invertidos por 3.500 titulares. Hacienda consider¨® que las entidades deb¨ªan efectuar retenciones sobre los rendimientos (entre el 20% y el 25%) e identificar a los titulares.

El juez de la Audiencia Nacional Miguel Moreiras, quien m¨¢s tarde dimitir¨ªa por efectuar declaraciones en torno a otro caso famoso, el de Argentia Trust y Mario Conde, decidi¨® romper el nudo gordiano del caso. En Semana Santa del a?o 1992 se present¨® con nueve polic¨ªas y cuatro inspectores en los servicios centrales del Banco Santander. All¨ª, se incaut¨® de archivos inform¨¢ticos y toc¨® el nervio del asunto: en una cinta magn¨¦tica denominada SJ5 aparec¨ªan las operaciones de cesi¨®n de cr¨¦ditos. Una sola de las operaciones ascend¨ªa a 25.000 millones de pesetas de la ¨¦poca (unos 150 millones de euros). Los titulares de las operaciones aparec¨ªan con una sola identificaci¨®n, a veces una letra y a veces un apodo (Capit¨¢n Trueno). Pese a la opacidad de las operaciones, surgieron algunos nombres y un cargo p¨²blico, el entonces consejero de Obras P¨²blicas de la Generalitat Valenciana, Fernando Cartagena, que hab¨ªa invertido en cesiones 150 millones de pesetas, y que dimiti¨® de su cargo.

Caso latente

Emilio Bot¨ªn tuvo que declarar ante Moreiras y el caso -cese del juez de por medio- sigui¨® latente. El Santander manten¨ªa siempre que su actuaci¨®n se ajustaba a la legalidad. Pasaron los meses y los a?os. Cambiaron los jueces (Teresa Palacios sustituy¨® a Moreiras en el caso); cambiaron los fiscales (el fiscal jefe, Eduardo Fungairi?o, sustituy¨® al fiscal Jes¨²s Santos) y cambiaron hasta las acusaciones. Ruiz-Mateos pleg¨® velas.

Pero el caso sigui¨®. Se incorpor¨® como acusaci¨®n particular el diputado de Iniciativa per Catalunya, Joan Saura, defensor de una idea rotunda en torno al caso: "Es el caso de fraude fiscal", lleg¨® a decir, "m¨¢s importante de la democracia". Tambi¨¦n Ausbanc ejerci¨® en principio la acusaci¨®n pero se retir¨® y, posteriormente, se a?adi¨® la Asociaci¨®n para la Defensa de Inversores.Ni la juez Teresa Palacios, que ha aguantado las embestidas legales de los abogados del Santander (en un recurso del 5 de octubre de 1998 tildaron sus pr¨¢cticas en torno al caso de "inquisitoriales"), ni Saura han cambiado de criterio.S¨ª lo hicieron la Fiscal¨ªa y la Abogac¨ªa del Estado, que, asumiendo en parte las tesis del banco, han reiterado sus peticiones para archivar la causa desde 1998.

Ayer, fuentes de Hacienda se?alaron respecto a la postura que pueda mantener ahora la Abogac¨ªa del Estado que, una vez que el caso entr¨® en la v¨ªa judicial, la Agencia Tributaria prest¨® la ayuda t¨¦cnica que se le requiri¨®. Las mismas fuentes se?alaron que la Abogac¨ªa del Estado, dependiente de Justicia, defiende intereses p¨²blicos globales y no directamente los de la Agencia.