Debates y querellas

LA CANDIDATURA de Rafael Simancas a la presidencia de la Comunidad de Madrid ha sido un nuevo cap¨ªtulo del culebr¨®n pol¨ªtico iniciado el 10 de junio cuando dos diputados elegidos en las listas del PSOE -Eduardo Tamayo y Mar¨ªa Teresa S¨¢ez- se ausentaron de la sesi¨®n constitutiva de la Asamblea y regalaron al PP la presidencia y el control de la Mesa de la C¨¢mara. S¨®lo el desenlace de la sesi¨®n de investidura -que se producir¨¢ despu¨¦s de que este art¨ªculo haya sido impreso- permitir¨¢ confirmar o desmentir las rotundas afirmaciones del presidente Aznar y de la plana mayor del PP, que daban por descontado el apoyo de los tr¨¢nsfugas al candidato socialista y la aceptaci¨®n por Simancas de esos votos, en contradicci¨®n con su compromiso de no tomar posesi¨®n de la presidencia mediante esa envenenada ayuda.

La crisis en la Comunidad de Madrid prueba la necesidad de que la vida parlamentaria recupere el espacio democr¨¢tico que la abusiva judicializaci¨®n de la pol¨ªtica trata de arrebatarle

Simancas afirm¨®, por el contrario, que su decisi¨®n de presentarse a la investidura pretend¨ªa ¨²nicamente desbaratar las jugarretas de los populares para disolver la Asamblea antes del plazo legalmente establecido y llevar a la sede parlamentaria la trama pol¨ªtico-inmobiliaria del esc¨¢ndalo. Abstracci¨®n hecha de las hipot¨¦ticas responsabilidades institucionales del PP -pendientes de ser probadas- como mu?idor de la deserci¨®n de los tr¨¢nsfugas, el PSOE reprocha a los populares el aprovechamiento -primero- de la fuga de Tamayo y S¨¢ez para arramblar con la presidencia de la Asamblea y la utilizaci¨®n -despu¨¦s- de sus votos para imponer una Diputaci¨®n Permanente que instal¨® a los dos desleales en el Grupo Mixto y les entreg¨® las llaves de la C¨¢mara. El PP tambi¨¦n abus¨® de su mayor¨ªa provisional al reducir a seis d¨ªas el primer periodo de sesiones, artificiosamente concluido el 23 de junio; la presumible intenci¨®n de ese fraude de ley fue posibilitar una inconstitucional convocatoria de elecciones anticipadas por el presidente en funciones sin respetar el plazo reglamentario de dos meses -a contar desde la primera sesi¨®n de investidura- requerido para la disoluci¨®n autom¨¢tica de la Asamblea.

La presentaci¨®n de la candidatura de Simancas cort¨® de ra¨ªz esa maniobra, destinada tal vez a privar a los socialistas del tiempo necesario para avanzar en la investigaci¨®n del esc¨¢ndalo. Pero la principal justificaci¨®n de esa iniciativa fue su capacidad para abrir un debate parlamentario sobre la trama pol¨ªtico-inmobiliaria denunciada por el PSOE. El recurso a los tribunales para resolver las luchas por el poder, bajo pretexto de investigar las derivaciones delictivas de tales conflictos, perjudica al sistema democr¨¢tico en su conjunto: el reverso de la abusiva judicializaci¨®n de la pol¨ªtica es una deslegitimadora politizaci¨®n de la justicia. Las querellas interpuestas por el PSOE y por el PP en torno a este caso de transfuguismo desplazaron indebidamente al ¨¢mbito penal cuestiones que deber¨ªan ser discutidas por la Asamblea de Madrid.

Sin duda, las oscuras colusiones entre el poder y los negocios aludidas por la imprecisa querella presentada por los socialistas forman una combinaci¨®n inextricable de comportamientos pol¨ªticos y de conductas delictivas: la depuraci¨®n de esas eventuales responsabilidades penales, sin embargo, no puede hurtar a los ciudadanos el conocimiento de su trasfondo pol¨ªtico por medio de los correspondientes debates parlamentarios. La peregrina querella del PP contra Simancas por los presuntos delitos de injurias, calumnias, coacciones y amenazas perpetrados en una entrevista televisiva es un desprop¨®sito jur¨ªdico. Tal y como confirma una sostenida doctrina jurisprudencial espa?ola y europea, la inviolabilidad de los parlamentarios por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones y los amplios m¨¢rgenes concedidos a la cr¨ªtica pol¨ªtica son una exigencia de la sociedad democr¨¢tica; mientras estuvieron en la oposici¨®n, los dirigentes del PP aprovecharon a tope los altos parapetos que protegen a las controversias p¨²blicas de las querellas criminales durante su atroz campa?a contra el Gobierno socialista.