Sin rastro del 'decretazo'

El frente laboral fue el m¨¢s virulento para el Gobierno hace un a?o, pero ha perdido fuerza en los ¨²ltimos meses no tanto porque los problemas se hayan resuelto como por el cambio de clima. Hace un a?o, sindicatos, patronal y Gobierno analizaban las consecuencias del 20-J, la huelga general con que respondieron las centrales a la reforma del paro.

La posterior rectificaci¨®n del Ejecutivo en sus pretensiones, excepto en el subsidio agrario, y la apertura de cauces que llevaban tiempo clausurados, como el di¨¢logo sobre siniestralidad laboral, atemperaron los ¨¢nimos.

Un a?o despu¨¦s, el Gobierno considera que los objetivos de la reforma por desempleo ("facilitar oportunidades de trabajo a los parados sin recortar derechos") siguen vigentes, aunque lo cierto es que gran parte de las medidas quedaron derogadas con los cambios que introdujo el PP en la ley a finales de a?o. El proyecto, conocido como decretazo, planteaba un endurecimiento de las condiciones para rechazar un empleo ofrecido por el Instituto Nacional de Empleo (Inem) y, en la pr¨¢ctica, un abaratamiento del despido, al eliminar los salarios de tramitaci¨®n (correspondientes al periodo en que la justicia falla sobre el despido). Tambi¨¦n se suprim¨ªa el derecho a paro de los fijos discontinuos que cesasen su actividad unos meses determinados del a?o y se imped¨ªa a los prejubilados percibir el subsidio si su indemnizaci¨®n o su patrimonio sobrepasaban el 75% del salario m¨ªnimo.

Con alg¨²n que otro retoque, estos supuestos volvieron a la situaci¨®n anterior a la reforma. No ocurri¨® as¨ª con el subsidio agrario, la prestaci¨®n que reciben unos 365.000 jornaleros en Andaluc¨ªa y Extremadura los meses que no trabajan. El Gobierno estableci¨® un sistema alternativo que no satisfizo a los sindicatos y que recurrieron ante el Tribunal Supremo.

"Del decretazo, claramente autoritario e injustificado, el Gobierno no tuvo m¨¢s remedio que retractarse", reflexiona Antonio Ferrer, secretario de acci¨®n sindical de UGT. Lola Liceras, de CC OO, cree que el principal problema de los servicios p¨²blicos de empleo, su escasa intervenci¨®n para buscar trabajo, no est¨¢ resuelto: "El compromiso s¨®lo obliga al parado, no al Inem". La patronal, que ha rehusado pronunciarse, se manifest¨® en su momento contraria a la marcha atr¨¢s. Para el Gobierno, es justo lo contrario, las enmiendas "han contribuido m¨¢s a los objetivos de la reforma", seg¨²n un portavoz del Ministerio de Trabajo.

Al margen de este enfrentamiento, UGT y CC OO consideran que a¨²n existen tareas pendientes: la precariedad -un tercio de los trabajadores tiene contrato temporal, porcentaje que en los j¨®venes se eleva al 57%-; el empleo de las mujeres, cuya tasa de actividad es del 42,73%; as¨ª como modificar el modelo productivo para que no s¨®lo compita por los bajos costes laborales, sino por el valor a?adido. Para Trabajo, mejorar la formaci¨®n continua de los trabajadores es uno de los retos pr¨®ximos.