M¨¢s penas contra el aumento de delitos

?ngel Acebes, ministro del Interior, asegur¨® hace unos d¨ªas en Santander que la delincuencia, tras varios a?os de subida, hab¨ªa bajado un 2,47% en el primer cuatrimestre del a?o. Si no ha bajado m¨¢s es, seg¨²n Acebes, porque las faltas (robos por un valor inferior a los 300 euros) siguen subiendo por culpa del C¨®digo Penal de los socialistas, que dej¨® "pr¨¢cticamente impunes" estas infracciones. Porque aunque hayan pasado siete a?os de gobierno popular, el PSOE sigue siendo culpable de que suba la delincuencia y de que las plantillas de polic¨ªa y guardia civil est¨¦n bajo m¨ªnimos, seg¨²n repite machaconamente el Gobierno. Sin embargo, el aumento de la delincuencia durante los a?os 2001 (un 10,81%) y 2002 (4,95%) llev¨® al Ejecutivo popular a reconocer en septiembre pasado que, pese a haberlo negado durante meses, el problema se le estaba yendo de las manos. Los bar¨®metros del CIS (en los que los ciudadanos sit¨²an la delincuencia como el tercer problema que m¨¢s les afecta), la sostenida estrategia de oposici¨®n del PSOE y el aumento de los cr¨ªmenes violentos llevaron al Gobierno a lanzar el llamado Plan de Lucha contra la Delincuencia, en septiembre de 2002.

El plan gira sobre dos ejes: un paquete de reformas legales (juicios r¨¢pidos, cambios profundos en el C¨®digo Penal, medidas especiales para delincuentes extranjeros...) y sacar a la calle a 20.000 nuevos polic¨ªas y guardias civiles. Los juicios r¨¢pidos est¨¢n en marcha desde hace dos meses y, seg¨²n el ministro de Justicia, Jos¨¦ Mar¨ªa Michavila, han servido para resolver 28.167 de los 62.822 asuntos con autor conocidos. La salida a la calle de los nuevos agentes policiales va algo m¨¢s lenta.

Pero una de las reformas de mayor calado est¨¢ pasando por las Cortes casi inadvertida: el proyecto de ley org¨¢nica de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia dom¨¦stica e integraci¨®n social de los extranjeros. El proyecto intenta aplicar la teor¨ªa de la tolerancia cero a los delincuentes reincidentes (ya que a quienes tengan al menos tres delitos anteriores se les aumentar¨¢ la pena de prisi¨®n cuando sean juzgados por el cuarto) y "dar una respuesta penal frente a los extranjeros no residentes legales en Espa?a que cometen delitos", a quienes se pretende expulsar sin m¨¢s tr¨¢mite en caso de que sean condenados a una pena inferior a seis a?os.

Esta vinculaci¨®n entre delincuencia e inmigraci¨®n ha sido combatida duramente por la oposici¨®n y las ONG. Pero el Gobierno se agarra a un dato: los espa?oles, el 95% de la poblaci¨®n, cometen el 70% de las infracciones penales conocidas, mientras los extranjeros, el 5% de los habitantes, cometen el 30%. El c¨¢lculo no incluye a quienes viven ilegalmente en Espa?a con una orden de expulsi¨®n que no se puede ejecutar y que no tienen ninguna posibilidad de trabajar legalmente. Los expertos cifran esta poblaci¨®n en 500.000 personas.