Todos los grupos parlamentarios, incluido el PP, reclaman el traspaso de la Forcem

Todos los grupos parlamentarios catalanes, incluido el PP, firmaron ayer una declaraci¨®n conjunta promovida por el Gobierno catal¨¢n y los agentes sociales para reclamar al Ejecutivo central el traspaso de los fondos de formaci¨®n continua en virtud de una sentencia del Tribunal Constitucional del a?o pasado que reconoce que estos fondos, actualmente gestionados por la Forcem, son competencia de las comunidades aut¨®nomas. El documento emplaza al Gobierno catal¨¢n a "usar todos los medios pol¨ªticos y jur¨ªdicos" si el traspaso no se hace efectivo este a?o.

El acuerdo alcanzado ayer, que todos los firmantes coincidieron en calificar de "hist¨®rico" e "in¨¦dito", es una nueva medida de presi¨®n para reforzar el ultim¨¢tum lanzado hace un mes por el consejero de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo, Antoni Fern¨¢ndez Teixid¨®, que, arropado por sindicatos y patronales, amenaz¨® con emprender medidas legales si el Ejecutivo del PP no acataba la sentencia de inmediato. Est¨¢ en juego la gesti¨®n de unos 120 millones de euros con los que cada a?o se ofrece formaci¨®n continua a 300.000 trabajadores catalanes.

La batalla por estos fondos se remonta una d¨¦cada atr¨¢s, cuando el Gobierno central y los agentes sociales constituyeron la Fundaci¨®n para la Formaci¨®n Continua (Forcem) para gestionarlos de forma tripartita a nivel estatal. El Ejecutivo catal¨¢n present¨® un recurso de inconstitucionalidad al entender que se invad¨ªan competencias auton¨®micas, y en abril del a?o pasado el Tribunal Constitucional le dio la raz¨®n. En virtud de esta sentencia y tras el esc¨¢ndalo de presuntas irregularidades de esta fundaci¨®n, el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, anunci¨® una reforma del sistema que preve¨ªa dar entrada a las comunidades aut¨®nomas.

Se inici¨® as¨ª una ronda de contactos entre Teixid¨® y Zaplana que, tras siete meses de negociaciones, no fragu¨® en acuerdo. En paralelo, el Ejecutivo catal¨¢n, los sindicatos CC OO y UGT y las patronales Fomento del Trabajo y Pimec-Sefes avanzaban en la definici¨®n de un modelo para Catalu?a que daba luz verde a la constituci¨®n de un consorcio auton¨®mico a tres bandas para gestionar estos fondos, que se nutren de las cotizaciones de los trabajadores, una vez fueran transferidos.

Pero de aplicarse el modelo propuesto por Zaplana, este consorcio quedar¨ªa pr¨¢cticamente vac¨ªo de contenido, pues el ministro plantea que sean las empresas con m¨¢s de siete trabajadores las que planifiquen y gestionen sus propias acciones formativas a trav¨¦s de un sistema de bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, en vez de recibir subvenciones como hacen ahora. El Ejecutivo y los agentes sociales catalanes reclaman que esta v¨ªa s¨®lo afecte a las compa?¨ªas de m¨¢s de 150 empleados, al entender que las peque?as y medianas empresas no tendr¨¢n la capacidad, ni organizativa ni econ¨®mica, para ejecutar esta formaci¨®n.

Pero tampoco en este punto hubo acuerdo con Zaplana, que aplaz¨® hasta 2004 la reforma del sistema y prorrog¨® para este a?o el modelo actual. Teixid¨® dio por rotas las negociaciones y pas¨® a las amenazas.

Ahora ha conseguido la complicidad de todos los grupos parlamentarios. La declaraci¨®n firmada ayer es lo suficientemente descafeinada para que el PP catal¨¢n la rubricara, ya que su postura difiere significativamente de la del resto de grupos. La diputada del PP Alicia S¨¢nchez Camacho dej¨® claro que, a su entender, el traspaso de los fondos debe ir acompa?ado de la reforma del modelo, prevista para 2004. El resto de grupos, en cambio, reclama el traspaso inmediato y lo desvincula de los cambios que luego se introduzcan. Adem¨¢s, la diputada del PP quit¨® hierro a la menci¨®n del documento que emplaza al Gobierno catal¨¢n a usar "todos los medios"si el traspaso no se hace efectivo en 2003. Teixid¨® anunci¨® que recurrir¨¢ la convocatoria de formaci¨®n continua para este a?o si no se ha traspasado.

A pesar de apoyar esta iniciativa, los partidos de la oposici¨®n achacan en parte al Gobierno catal¨¢n el incumplimiento de la sentencia. El diputado socialista Josep Maria Ra?¨¦ considera que Teixid¨® ha errado al plantear una negociaci¨®n con Zaplana, motivada por su "dependencia" del PP: "Las sentencias no se negocian, sino que se aplican". Tambi¨¦n Josep Huguet, de ERC, cree que el ultim¨¢tum llega tarde, fruto de esta "sumisi¨®n". Josep Llu¨ªs L¨®pez Bulla, de ICV, insiste en que Teixid¨® no ha presionado lo suficiente para acabar con la "soberbia" del Gobierno central.