La nueva ley de consumo obliga a las empresas infractoras a indemnizar a los usuarios afectados

El Consejo de Gobierno de la Junta aprob¨® ayer el anteproyecto de ley de protecci¨®n de los consumidores y usuarios que, entre otras novedades, introduce f¨®rmulas para que la empresas sancionadas por infracciones reparen e indemnicen a los usuarios afectados. Tambi¨¦n establece un registro unificado de infractores para toda Andaluc¨ªa. El consejero de Gobernaci¨®n, Alfonso Perales, dijo ayer que la normativa -pendiente del tr¨¢mite parlamentario- es la "m¨¢s beligerante" respecto a la defensa de los consumidores de Espa?a y constituye una "avanzadilla".

Tras la reuni¨®n del Consejo de Gobierno, Perales explic¨® que el anteproyecto de protecci¨®n de los consumidores culmina las acciones impulsadas por la Junta en esta legislatura de protecci¨®n a los derechos de los usuarios, entre las que destac¨® las campa?as de informaci¨®n, las juntas arbitrales, planes de peritaciones gratuitas y las inspecciones en materias como viviendas, reparaci¨®n de veh¨ªculos y ense?anza privada no reglada.

Seg¨²n el consejero, la nueva normativa, que sustituye a la ley de 1985, es la m¨¢s avanzada del pa¨ªs porque parte de que en la mayor¨ªa de los casos los consumidores est¨¢n en una posici¨®n de indefensi¨®n e inferioridad ante los incumplimientos de las empresas. "De la misma manera que la ley de 1985 surgi¨® del desastre del aceite de colza, ¨¦sta nace del caso Opening, con un ciudadano d¨¦bil ante los bancos y los entramados empresariales".

Entre las novedades de la ley, Perales destac¨® que en el reconocimiento del derecho a la indemnizaci¨®n de los consumidores y usuarios afectados por fraudes, la nueva ley considerar¨¢ como atenuante de una sanci¨®n (con reducciones de hasta el 75% sobre su importe total) la reparaci¨®n del da?o causado por parte de las empresas que hayan cometido infracciones. La no asunci¨®n de esta responsabilidad ser¨¢ considerada como agravante para la imposici¨®n de la multa.

El proyecto de ley contiene un r¨¦gimen sancionador propio que detalla con precisi¨®n las posibles infracciones: las multas para las faltas leves oscilar¨¢n entre los 200 y los 5.000 euros; las de las graves, entre los 5.001 y las 30.000, y las de muy graves, entre 30.001 y 400.000. El consejero agreg¨® que la principal novedad en este cap¨ªtulo es una sanci¨®n complementaria que consiste en el decomiso del beneficio il¨ªcito obtenido por la empresa infractora. El c¨¢lculo de este beneficio, que se realizar¨¢ con criterios estimativos cuando no pueda determinarse con exactitud, tomar¨¢ en consideraci¨®n factores como el aumento de ingresos y el ahorro que se hayan derivado del fraude cometido. En el cuadro de agravantes se introducen el n¨²mero de consumidores lesionados o el volumen econ¨®mico del perjuicio.

El consejero hizo hincapi¨¦ en que la nueva ley no s¨®lo actuar¨¢ sobre el autor ¨²ltimo de la infracci¨®n, como ocurre con la ley en vigor, sino que sigue la cadena completa: productores, importadores, distribuidores. La sanci¨®n ser¨¢ proporcional a su grado de responsabilidad. La Junta crear¨¢ tambi¨¦n un registro ¨²nico de infractores, por un plazo de tres a?os, que los consumidores podr¨¢n consultar a la hora de contratar un servicio o adquirir un bien.

En su vertiente garantista, la norma faculta a los inspectores de la Junta para que adopten medidas cautelares cuando existan indicios de irregularidades, antes de que se consumen hechos que perjudiquen a los usuarios. Adem¨¢s, se ampl¨ªan las competencias inspectoras de los ayuntamientos a todo tipo de establecimientos comerciales y no s¨®lo a los mercados de abastos y la venta ambulante, como hasta ahora.

Alfonso Perales advirti¨® de que el Gobierno andaluz no tiene previsto transferir recursos adicionales a los ayuntamientos tras recordar que la Junta ya financia, en parte, las oficinas municipales de informaci¨®n al consumidor (OMIC) y las juntas arbitrales de resoluci¨®n de conflictos.

Respecto a las cr¨ªticas de la Federaci¨®n de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andaluc¨ªa (FACUA), que denunci¨® en comunicado que no se han tenido en cuenta sus demandas, Perales lament¨® que no hayan podido incluir su reivindicaci¨®n "fundamental". Seg¨²n el consejero, la Facua pretende que las demandas de los consumidores se canalicen s¨®lo a trav¨¦s de estas asociaciones. "No podemos obligar a los consumidores a inscribirse para denunciar en estas asociaciones", dijo Perales, quien record¨® que la Junta tambi¨¦n ayuda a su financiaci¨®n.