EE UU suspende la ayuda militar a 50 pa¨ªses que no garantizan su inmunidad

La Casa Blanca cumpli¨® ayer su amenaza y suspendi¨® formalmente todas las ayudas militares a los pa¨ªses que no garantizan por escrito la inmunidad de los estadounidenses ante la Corte Penal Internacional (CPI). Cincuenta pa¨ªses ven canceladas temporalmente las ayudas que reciben de EE UU. Entre los afectados est¨¢ Colombia, uno de los mayores receptores de fondos estadounidenses, y seis pa¨ªses que aspiran a formar parte de la OTAN. Bush s¨®lo acept¨® 16 excepciones. Ayer se cumpl¨ªa un a?o de la entrada en vigor de la Corte.

Bill Clinton firm¨® el ¨²ltimo d¨ªa de su Gobierno los acuerdos que establec¨ªan la creaci¨®n de la Corte Penal. Cuando George W. Bush tom¨® posesi¨®n de su cargo en la Casa Blanca en 2001, invalid¨® la firma de ese tratado y busc¨® una garant¨ªa de inmunidad ante la Corte no s¨®lo para los soldados estadounidenses, sino para todos los ciudadanos de su pa¨ªs. Bush considera que la Corte puede ser una herramienta de persecuci¨®n pol¨ªtica fr¨ªvola contra soldados o civiles estadounidenses. Los grupos de defensa de los derechos humanos creen que la inmunidad s¨®lo sirve para formalizar la existencia de una herramienta de chantaje contra pa¨ªses peque?os. Bush tampoco quiere comprometerse a entregar a la Corte a ciudadanos extranjeros acusados de cr¨ªmenes de guerra. Con la oposici¨®n de la Uni¨®n Europea, el Consejo de Seguridad de la ONU s¨®lo acept¨® una cl¨¢usula de inmunidad por un a?o, que hace s¨®lo tres semanas se ampli¨® por un segundo a?o.

Mientras tanto, el Gobierno de EE UU ha buscado acuerdos de inmunidad con cada Gobierno para forzar la firma del llamado art¨ªculo 98, con s¨®lo unas pocas excepciones: el Congreso permite que ni los miembros de la OTAN ni los aliados estrat¨¦gicos tengan que rebajarse a firmar ese acuerdo bilateral con Washington. En esa lista de aliados figuran Israel, Australia, Egipto, Corea del Sur, Jap¨®n, Jordania, Argentina, Bahrein y Filipinas.

Fuera de ese c¨ªrculo de excepciones, cualquier pa¨ªs que se negara a firmar el acuerdo de inmunidad se arriesgaba a perder las ayudas militares de EE UU. Y as¨ª ha sido: 50 pa¨ªses se han quedado sin fondos estadounidenses para la cooperaci¨®n militar.

A pesar de que Bush pod¨ªa sumar nuevas excepciones por razones de seguridad nacional, Colombia no ha recibido ese privilegio: el Gobierno de Bogot¨¢, el tercer receptor de ayuda militar estadounidense despu¨¦s de Israel y Egipto y un aliado de inter¨¦s excepcional en la lucha contra la droga, ve peligrar los m¨¢s de 2.000 millones de d¨®lares de ayuda establecidos en el Plan Colombia. En cambio, entre las 16 excepciones figuran Afganist¨¢n, Panam¨¢, Nigeria, la Rep¨²blica del Congo y Uganda.

Tambi¨¦n pierden las ayudas seis pa¨ªses que est¨¢n a las puertas de la OTAN: Letonia, Lituania, Eslovenia, Estonia, Eslovaquia y Bulgaria. En la lista de los 50 castigados figuran desde Andorra hasta Suiza, Suecia, Irlanda o Uruguay. En muchos de los casos las ayudas son simb¨®licas.

Fuentes del Departamento de Estado norteamericano aseguran que la suspensi¨®n tiene efectos limitados en el terreno pr¨¢ctico, porque no afecta a partidas ya aprobadas, sino a ayudas futuras, que volver¨¢n a ser reinstauradas en cuanto los Gobiernos accedan a firmar los acuerdos de inmunidad. EE UU asegura que 50 Gobiernos han firmado ya ese acuerdo, siete de ellos en secreto. Los ¨²ltimos en hacerlo han sido Gab¨®n, Gambia, Mongolia, Senegal, Sierra Leona y Tayikist¨¢n.

La CPI es la primera corte permanente que investigar¨¢ y llevar¨¢ ante la justicia a los individuos, no a los Estados, responsables de cometer las violaciones m¨¢s graves contra los derechos humanos como son el genocidio, los cr¨ªmenes de guerra y los cr¨ªmenes de lesa humanidad, y, una vez que sea definida, la agresi¨®n.

Carece de retroactividad

La Corte Penal Internacional no ser¨¢ retroactiva, aplic¨¢ndose s¨®lo a aquellos cr¨ªmenes cometidos despu¨¦s del 1 de julio de 2002, fecha de entrada en vigor del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. "Desde que hace un a?o entrara en vigor el Estatuto, se han elegido y constituido todos los ¨®rganos que constituyen la Corte", explic¨® ayer Juan Antonio Y¨¢?ez-Barnuevo, el jefe de la delegaci¨®n espa?ola ante las negociaciones de la Corte Penal Internacional. "El mero hecho de que exista la Corte ya es un avance", enfatiz¨® Y¨¢?ez-Barnuevo. "Es esperanzador que casi la mitad de la comunidad internacional [90 pa¨ªses, sobre un total de 226] haya ratificado el Estatuto de Roma", prosigui¨® el diplom¨¢tico espa?ol. Aun as¨ª, seg¨²n su opini¨®n, estar¨¢ por ver el grado de "efectividad real".

En c¨ªrculos de la Corte Penal en La Haya se especula con que existen varios centenares de "comunicaciones" de ciudadanos exponiendo casos que creen dignos de investigaci¨®n por parte de la Corte. Estas "comunicaciones" pueden ser desde una carta a un amplio documento a "alguien que se queja de algo". "Hemos de recordar que no todas las violaciones de derechos humanos son suceptibles de ser juzgadas por la Corte, tan s¨®lo los cr¨ªmenes de genocidio, de lesa humanidad y los cr¨ªmenes de guerra", aclar¨® Y¨¢?ez-Barnuevo.