Condenados al poder

Hac¨ªa tiempo que los principios sobre la regeneraci¨®n pol¨ªtica defendidos por el Partido Popular y sus exigencias de apartamiento de la vida p¨²blica de cualquier sospechoso de corrupci¨®n, incluso antes de un pronunciamiento firme de los tribunales, hab¨ªan dejado de superar la prueba de la pr¨¢ctica. Quedan lejos los tiempos en que el PP, y especialmente el entonces l¨ªder de Alianza Popular en Castilla y Le¨®n, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, emplazaba a dimitir en 24 horas a Demetrio Madrid, presidente socialista de dicha comunidad entre 1983 y 1986, envuelto en un proceso sobre la venta de una empresa familiar y del que saldr¨ªa absuelto con todos los pronunciamientos favorables.

El PP no hace ascos hoy a aportar sus votos para designar como presidente del Cabildo Insular de Lanzarote a Dimas Mart¨ªn, condenado por el Supremo en 2001 a tres a?os de prisi¨®n y a otros tantos de inhabilitaci¨®n por un delito de cohecho, con otras cuatro condenas sobre sus espaldas y pendiente de un juicio por malversaci¨®n de caudales p¨²blicos. Y no encuentra reparo en que un condenado por fraude electoral y un imputado en el caso Formentera, relacionado con una trama de supuesta manipulacion electoral y malversaci¨®n de fondos p¨²blicos, entren a formar parte como consejeros del nuevo Gobierno balear presidido por el ex ministro Jaume Matas.

Es posible que no haya obst¨¢culo legal a que estas personas puedan seguir ejerciendo funciones p¨²blicas. Pero es chocante que un condenado a tres a?os de c¨¢rcel en 2001, e inhabilitado durante el tiempo de condena, haya podido concurrir a las recientes elecciones y acceder a un cargo p¨²blico representativo por m¨¢s que haya solicitado un indulto. La ley autoriza en ese supuesto la suspensi¨®n de la pena privativa de libertad, pero en ning¨²n caso la de inhabilitaci¨®n. El Consejo del Poder Judicial deber¨ªa investigar si esa aberraci¨®n jur¨ªdica tiene su origen en la Audiencia de Las Palmas que conden¨® en primera instancia al reci¨¦n elegido presidente del Cabildo de Lanzarote.

No son cuestiones de estricta legalidad, sino de moral pol¨ªtica y de limpieza de la vida p¨²blica, las que en tiempos bland¨ªa el PP para apartar a los sospechosos de corrupci¨®n. El designado presidente del Cabildo de Lanzarote con los votos del PP no es un sospechoso, sino un convicto de corrupci¨®n seg¨²n los tribunales. Tampoco un condenado por fraude electoral, aunque tenga cancelados los antecedentes penales, constituye el prototipo deseable de consejero en un Gobierno y trasciende los l¨ªmites de la mera sospecha si se trata de alguien imputado por integrar una trama dedicada a la manipulaci¨®n electoral y a la compra de votos por correo con fondos provenientes de las arcas p¨²blicas.