Las batallas del caso Cavallo
Las v¨ªctimas espa?olas son un argumento de Garz¨®n para impedir la liberaci¨®n del torturador
En el m¨®dulo de aislamiento de la prisi¨®n de Soto del Real (Madrid) est¨¢ detenido el moldavo Pietro Arc¨¢n, acusado de asesinar con extrema crueldad y sevicia a un abogado en la localidad madrile?a de Pozuelo en 2001. El mismo pabell¨®n tiene otro inquilino desde el pasado lunes. Es argentino y se le imputan 227 secuestros y decenas de casos de desapariciones, torturas y asesinatos. Sus colegas de la Escuela de Mec¨¢nica de la Armada Argentina (ESMA) lo llamaban Miguel ?ngel, pero es S¨¦rpico o Marcelo quien aparece en muchos de los testimonios de sobrevivientes y familiares de v¨ªctimas de la dictadura argentina (1976-1983). En los expedientes judiciales figura como Ricardo Miguel Cavallo: oficial de inteligencia de la ESMA durante el Gobierno de la Junta Militar, diplom¨¢tico en Par¨ªs en los estertores de la dictadura y, hasta el a?o 2000, un reconocido hombre de negocios en M¨¦xico.
S¨¦rpico sale al patio dos veces al d¨ªa y va al polideportivo en horas en las que no hay nadie
Las v¨ªctimas del ex militar argentino y el juez Garz¨®n se enfrentan al ¨²ltimo obst¨¢culo: las trabas legales para un juicio oral
Hoy es un preso en Espa?a, a donde lleg¨® en un vuelo procedente de M¨¦xico la ma?ana del lunes, despu¨¦s de que el Gobierno mexicano aprobara la extradici¨®n que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n solicit¨® en 1998 para juzgarlo por los delitos de genocidio y terrorismo. El acusado baj¨® la escalerilla del avi¨®n envuelto en un chaleco antibalas porque, dicen sus abogados, teme por su vida. El ex militar est¨¢ recluido en un m¨®dulo para detenidos de alta peligrosidad o que, por el contrario, necesitan de protecci¨®n especial. All¨ª la comunicaci¨®n es escasa con los otros reclusos. S¨¦rpico sale al patio -una hora por la ma?ana y otra por la tarde- con dos o tres internos como mucho. A veces puede ir a polideportivo, siempre en horas en las que no hay nadie. Almuerza y cena en la celda.
"Goza de todas las garant¨ªas para un juicio en condiciones; est¨¢ en una c¨¢rcel legal y tiene la oportunidad de un proceso justo, algo que ni mi padre ni muchas personas desaparecidas tuvieron", afirma Federico G¨®mez, uno de los testigos que esta semana prest¨® declaraci¨®n y aport¨® nuevas pruebas contra el ex militar ante el juez Garz¨®n. Es la segunda vez que G¨®mez viaja a Madrid (en 1997 ya hab¨ªa declarado) para contar la historia de su padre, desaparecido cuando ¨¦l ten¨ªa apenas 10 a?os. Una historia que ha repetido tantas veces que no titubea en fechas, nombres, ni lugares. S¨®lo se detiene para tragar saliva.
"Mi padre, Conrado Higinio G¨®mez, hijo y nieto de andaluces y con cinco hijos, fue un abogado brillante. La noche del 10 de enero de 1977 fue detenido en su despacho de Buenos Aires en un operativo en el que particip¨® Cavallo. Le robaron de su caja fuerte los t¨ªtulos de propiedad de varias tierras en la provincia de Mendoza y cerca de un mill¨®n de d¨®lares. Tambi¨¦n le obligaron a firmar una cesi¨®n de bienes, entre ellos 35 caballos de carreras y un Ford del 26 (...) La ¨²ltima noticia suya fue una llamada del 25 de marzo de 1977, en la que habl¨® con mi madre para ver si los militares le hab¨ªan entregado un dinero. Se molest¨® porque no hab¨ªamos recibido un centavo y en ese momento se cort¨® la comunicaci¨®n".
Este relato, sumado al de Marcelo Hern¨¢ndez, otro argentino que declar¨® esta semana en Madrid haber sido secuestrado por Cavallo y haber padecido torturas durante dos a?os en la ESMA, son los ¨²ltimos testimonios en el proceso que se sigue contra el ex militar en Espa?a. El caso, como afirm¨® el magistrado mexicano que dictamin¨® la extradici¨®n, supone un hito por ser el primer proceso internacional que apela al principio de extraterritorialidad, es decir, la facultad de un pa¨ªs tercero de ejercer su jurisdicci¨®n por hechos cometidos fuera de su territorio; en este caso genocidio y terrorismo, ya que el delito de tortura fue considerado prescrito por la Justicia mexicana.
El car¨¢cter hist¨®rico de la decisi¨®n no le ha restado pol¨¦mica. El mismo d¨ªa del aterrizaje del ex militar en Espa?a, la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional recurri¨® el auto con el que Garz¨®n decret¨® su ingreso en prisi¨®n. En su escrito, el fiscal plantea la falta de competencia de la jurisdicci¨®n espa?ola y recuerda que ¨¦ste es el criterio que ha mantenido en todos los dict¨¢menes dictados en esta causa.
Pero el Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero cinco se?ala que el auto de prisi¨®n es procedente no s¨®lo por que est¨¢ amparado en el Pacto de Derechos Civiles y Pol¨ªticos de la ONU, sino tambi¨¦n porque en el caso hay v¨ªctimas espa?olas. Garz¨®n responsabiliza a Cavallo de los asesinatos de las espa?olas M¨®nica J¨¢uregui y Elba Delia Aldaya la madrugada del 11 de enero de 1977 en Buenos Aires, horas despu¨¦s de la desaparici¨®n de Conrado G¨®mez.
El proceso ha iniciado su marcha, aunque a¨²n faltan varios eslabones para llegar al objetivo que desde hace m¨¢s de tres a?os persiguen los sobrevivientes y los familiares de las v¨ªctimas de la represi¨®n argentina: un juicio oral a Cavallo. Todav¨ªa no est¨¢ agotada la etapa de instrucci¨®n, es decir que pueden aportarse nuevas pruebas. El juez Garz¨®n podr¨ªa o¨ªr las declaraciones de m¨¢s testigos e incluso volver a interrogar al presunto torturador argentino, que en su comparecencia inicial guard¨® silencio "ampar¨¢ndose en su condici¨®n de militar en el momento de los hechos juzgados".
Las declaraciones de los testigos citados esta semana, adem¨¢s de apoyar los cargos de genocidio, pretenden deshilar la trama de apropiaci¨®n de recursos de la ESMA, una supuesta red de testaferros y empresas inmobiliarias que se dedic¨® a usurpar los bienes de secuestrados y desaparecidos durante la dictadura militar. Federico G¨®mez, por ejemplo, ha logrado reunir pruebas de que varias propiedades de su padre, sus caballos y el autom¨®vil Ford pasaron a manos de antiguos represores, seg¨²n una carta que le envi¨® el tambi¨¦n ex militar argentino procesado en Espa?a, Adolfo Scilingo, y que hoy est¨¢ en poder de Garz¨®n.
"Demostrar el saqueo de los represores es s¨®lo un camino m¨¢s para exigir el castigo del delito m¨¢s grave que es el genocidio", afirma G¨®mez, quien advierte que son precisamente esos intereses econ¨®micos los que pueden amenazar el proceso: "Hay mucha gente que se benefici¨® de toda esta corrupci¨®n de la ESMA, personas influyentes de Argentina que no est¨¢n interesadas en juicios orales. Cavallo buscar¨¢ que esas personas compren su silencio".
Por ahora, el caso Cavallo ha servido para que Argentina y Espa?a abran un debate interno sobre su cooperaci¨®n con la justicia internacional. El Gobierno argentino ha anunciado esta semana que derogar¨¢ el decreto que impide extraditar a los ex represores requeridos por otros pa¨ªses, una medida que, de concretarse, dejar¨ªa el camino libre para la extradici¨®n de 48 ex militares solicitada por Garz¨®n. En Espa?a, cuatro grupos pol¨ªticos presentaron el pasado viernes varias enmiendas al proyecto de ley que establece las pautas de cooperaci¨®n con la Corte Penal Internacional, al considerar que "suprime" el principio de Justicia universal y podr¨ªa impedir la investigaci¨®n de delitos como los que se le imputan al ex oficial S¨¦rpico.
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