El ex senador que se sinti¨® atacado por la justicia
Dimas Mart¨ªn Mart¨ªn, pol¨ªtico canario de larga trayectoria a quien el 25-M le ha deparado un acta de diputado del Parlamento de Canarias y, con la ayuda de los votos del PP y CC, la presidencia del Cabildo Insular de Lanzarote, fue senador por esa isla y, desde su esca?o en la C¨¢mara alta, denunci¨® lo que ¨¦l consider¨® un ataque de la Justicia a la soberan¨ªa popular a prop¨®sito de una condena por cohecho -la compra de un voto de un concejal del PP- confirmada por el Supremo en diciembre de 2000.
El magistrado ponente, Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn, resalt¨® en la sentencia la gravedad de "corromper o intentar corromper a un funcionario p¨²blico (...) a cambio de sustanciosas prebendas en met¨¢lico" y explic¨® que "en un sistema democr¨¢tico representativo no hay espacio posible para la corrupci¨®n que supone la compra de los votos de los representantes elegidos".
La condena firme a tres a?os de c¨¢rcel, con "suspensi¨®n de todo cargo p¨²blico representativo y del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena" irrit¨® al entonces todav¨ªa senador, hasta el punto de que el 26 de enero de 2001 denunci¨® ante la presidenta del Senado, a la saz¨®n Esperanza Aguirre, que acatar esa condena atacaba "precisamente el ejercicio del cargo" de senador.
Dimas Mart¨ªn resalt¨® que la aplicaci¨®n de la condena pod¨ªa "desembocar en privaci¨®n de libertad de uno de sus miembros [¨¦l mismo] y p¨¦rdida de la condici¨®n de senador, alter¨¢ndose con ello la composici¨®n y funcionamiento" de la C¨¢mara.
En cuanto a la negativa del Supremo a pedir un suplicatorio para juzgarle como aforado, Dimas Mart¨ªn invoc¨® el derecho constitucional a acceder a los cargos p¨²blicos que, seg¨²n asegur¨®, "comprende el ejercicio de las funciones propias del cargo sin intromisiones, impedimentos ni limitaciones ileg¨ªtimas, cual sin duda es la que produce el Tribunal Supremo al imponer su decisi¨®n".
En curiosa coincidencia con la defensa reciente del fuero parlamentario vasco a prop¨®sito de las consecuencias de la ilegalizaci¨®n de Batasuna, Dimas Mart¨ªn argument¨®: "La decisi¨®n del Tribunal Supremo no s¨®lo vulnera derechos singulares que conforman el status parlamentario de quien esto suscribe (...), sino que vulnera de forma directa facultades que la Constituci¨®n reconoce a las Cortes Generales".
Y respecto a su intenci¨®n de pedir amparo al Tribunal Constitucional "contra la sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo", Dimas Mart¨ªn pidi¨® a Aguirre que compareciera ante el Tribunal Constitucional "como parte coadyuvante (...) en el proceso de amparo" para salvaguardar los "derechos y prerrogativas" del senador condenado.
La inadmisi¨®n por el Tribunal Constitucional del recurso de amparo interpuesto por Dimas Mart¨ªn contra la sentencia del Supremo dej¨® sin contenido, unos meses despu¨¦s, la petici¨®n a la presidenta del Senado, c¨¢mara que, por otra parte, expuls¨® del esca?o al condenado por cohecho.
Sin embargo, la Administraci¨®n electoral permiti¨® la presentaci¨®n del condenado a los comicios del 25-M, eso s¨ª, con la "preocupaci¨®n" pasiva de la Junta Electoral Central por el alcance de la suspensi¨®n de la condena realizada por la Audiencia de Las Palmas con motivo de la solicitud de indulto.
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