Caldo de cultivo

Uno se corrompe porque quiere. El acto por el que se acepta un soborno o se cede a un tejemaneje es un acto individual y voluntario. Eso es lo que nos permite decir de quien lo hace que es un sujeto indecente o una autoridad venal. Nuestro juicio moral negativo descansa siempre en una acci¨®n personal que brota de la decisi¨®n del sujeto a quien juzgamos. Tambi¨¦n la posibilidad misma de someterle a un proceso penal depende de este hecho. Nunca debemos olvidarlo. Aunque a veces hablemos como si las hubiera, no hay fuerzas objetivas ni poderes institucionales que se impongan irresistiblemente a quien obra prostituyendo su esca?o o vendiendo su posici¨®n de poder. Si ¨¦se fuera el caso, perder¨ªamos nuestra posibilidad de juzgar su conducta. Quien se corrompe es un inmoral. Y no corromperse es sencillo: s¨®lo tiene uno que plantarse y decir que no.

Esa ineludible dimensi¨®n individual es la que fundamenta un postulado b¨¢sico de todos los estudios sobre la corrupci¨®n pol¨ªtica: la pr¨¢ctica certeza de que siempre hay corrupci¨®n. El anhelo de "corrupci¨®n cero" que late en tantas encuestas de opini¨®n es un ideal inalcazable. Y la prueba es que la compraventa de diputados es tan vieja como la historia misma del parlamentarismo. Escuchen si no las palabras de Mart¨ªnez Marina a principios del siglo XIX: "... y sobre todo, tuvieron la osad¨ªa y desverg¨¹enza de comprar los votos de los representantes de la Naci¨®n, provocando su avaricia con el cebo de pensiones vitalicias, honores, empleos y gracias... ?qu¨¦ mucho que la elecci¨®n de Procuradores de Cortes se convirtiese en una especulaci¨®n de comercio, y que estos oficios se vendiesen a p¨²blica subasta?". Un siglo despu¨¦s vendr¨ªa el c¨¦lebre caciquismo, con su intenso trapicheo electoral. Y ahora, cuando empieza el siglo XXI, nos encontramos todav¨ªa con espect¨¢culos como el de la Asamblea de Madrid. Parecer¨ªa que estuvi¨¦ramos ante una de nuestras m¨¢s castizas tradiciones, pero por desgracia -que no debe ser consuelo de tontos- no somos la excepci¨®n. En todos los sitios se han cocido estas u otras habas en el puchero electoral. Un estudioso americano de la pr¨¢ctica del soborno pudo ilustrar su libro con un ap¨¦ndice que contiene hasta una lista de precios. En 1694, el speaker de los Comunes estaba a mil guineas. Un senador americano cost¨® en 1905 dos mil quinientos d¨®lares. El simple volante se vend¨ªa s¨®lo por tres. De acuerdo con el registro de la Asamblea de Representantes de los Estados Unidos, desde 1972 a 1992 se dieron m¨¢s de cuarenta casos de corrupci¨®n individual. A dos por a?o. La mayor¨ªa de ellos dimitieron o fueron expulsados por la propia C¨¢mara, que all¨ª, a diferencia de lo que aqu¨ª sucede, dispone de unos comit¨¦s de ¨¦tica para juzgar estos comportamientos.

No digo esto para fomentar el cinismo o la resignaci¨®n. La corrupci¨®n es un impulso individual y siempre existir¨¢, pero no es lo ¨²nico que se puede decir sobre ella. No hay que olvidar en particular que las circunstancias en las que se desenvuelve la vida pol¨ªtica y econ¨®mica incrementan o reducen la probabilidad de que se d¨¦ ese impulso individual, y de entre esas circunstancias es especialmente relevante el tipo de pol¨ªtica que practiquen los gobernantes. Los actos de corrupci¨®n aumentan cuando se da un determinado caldo de cultivo. Igual que la violencia de g¨¦nero: uno puede ser muy contrario a los malos tratos a la mujer, pero si acepta con complacencia el tosco discurso machista sobre los test¨ªculos "bien plantaos" est¨¢ reforzando las pautas culturales que los alientan. Me parece que este tipo de contradicciones definen profundamente lo que est¨¢ ocurriendo en Espa?a con el Gobierno del Partido Popular. Su l¨ªder y sus miembros se pronuncian una y otra vez contra males, vicios y corruptelas al mismo tiempo que crean las condiciones para que se reproduzcan.

Con la corrupci¨®n pol¨ªtica eso est¨¢ muy claro. Se sabe desde hace mucho que la gran corrupci¨®n encuentra su ambiente m¨¢s propicio cuando importantes decisiones econ¨®micas se toman en r¨¦gimen de monopolio de poder, con amplia discrecionalidad y sin controles ante los que responder. Si un sujeto de escasa entidad moral se encuentra en la tesitura de tomar una decisi¨®n de alcance sin criterios legales ni controles externos es altamente probable que acabe por ceder al mejor postor. Y las pol¨ªticas que ha desarrollado el Gobierno durante estos a?os fomentan esas condiciones. Entre otras cosas, porque ha ignorado, cuando no traicionado, un expreso mandato constitucional del que no suele recordarse sino la primera parte. Art¨ªculo 47: "Todos los espa?oles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes p¨²blicos promover¨¢n las condiciones necesarias y establecer¨¢n las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilizaci¨®n del suelo de acuerdo con el inter¨¦s general para impedir la especulaci¨®n". Nadie puede defender seriamente que las pol¨ªticas urban¨ªsticas del Partido Popular se han dirigido a impedir la especulaci¨®n. Muy al contrario: han alentado el desarrollo de una espiral vertiginosa y sin control que, seg¨²n se dice, puede haber llegado poco menos que a conferir su perfil al modelo aznarista de crecimiento econ¨®mico. De los peligros de ello ya est¨¢n advirtiendo los economistas, pero para mejor conjurarlos habr¨ªa que poner mano pronto en la bater¨ªa de normas y decisiones que los han producido.

Donde, sin embargo, es m¨¢s obvio el caldo nutriente de la corrupci¨®n es en materia de controles. Munido de su mayor¨ªa absoluta, el Partido Popular ha relajado o colonizado todo aquello que pudiera sonar a supervisi¨®n o control. De cualquier clase que fuera. Ha reducido esa funci¨®n tan propia de las c¨¢maras parlamentarias a un ejercicio vac¨ªo de reflexi¨®n y lleno s¨®lo de malos modales, y se ha cerrado en banda a cualquier noci¨®n de responsabilidad pol¨ªtica, pese a haber sido tan exigente con la de los dem¨¢s. En materia de medios de comunicaci¨®n ha entronizado all¨ª donde ha podido el escamoteo y la obsequiosidad. Contemplar el tratamiento que da a la noticia pol¨ªtica la cadena p¨²blica produce verg¨¹enza ajena. Sus responsables m¨¢s altos parecen haber abdicado de su condici¨®n de informadores y se han puesto a ejercer de simples tiralevitas. Por no mencionar los controles jur¨ªdicos. Es dif¨ªcil imaginar c¨®moese ministerio p¨²blico pensado para proteger el inter¨¦s general puede haber llegado a traicionar hasta tal punto su propia naturaleza. Nunca hab¨ªa llegado a tanto descr¨¦dito. Y se detecta tambi¨¦n un profundo malestar en importantes sectores de la propia judicatura, que contemplan alarmados c¨®mo por unas u otras v¨ªas acceden a los cuerpos judiciales hechuras del Gobierno o de sus grupos pr¨®ximos. Del Consejo General del Poder Judicial se empieza a extender ya el acta de defunci¨®n. Si es que sirvi¨® alguna vez para algo, ya no sirve, y, pensado precisamente para proteger la independencia del juez, ha mutado diab¨®licamente en una maquinaria para ascender en la carrera a los afines al partido gobernante. De aquellas vehementes diatribas contra la elecci¨®n parlamentaria de sus miembros ya no queda nada. Por lo dem¨¢s, los controles judiciales siguen siendo torpes y premiosos, y los ¨®rganos encargados de vigilar la corrupci¨®n, como la fiscal¨ªa competente, han sido sistem¨¢ticamente saboteados.

Deben, por tanto, empezar a sonar las alarmas, porque cuando se decide con mayor¨ªa absoluta sobre pobreza y riqueza, se debilitan los criterios de sometimiento del poder al derecho y se ignoran los controles pol¨ªticos, medi¨¢ticos y jur¨ªdicos, acaban siempre por aparecer en escena el corruptor y el corrompido. Esto no es una acusaci¨®n ni una advertencia, es s¨®lo un elemental corolario de la ciencia pol¨ªtica. Pero nunca, por cierto, ha sido refutado. Ahora tampoco.

Francisco J. Laporta es catedr¨¢tico de Filosof¨ªa del Derecho de la UAM.