El Constitucional avala el despido de un empleado por dar noticias a la prensa

La Sala Primera del Tribunal Constitucional notific¨® ayer una sentencia que avala el despido de un ingeniero de Uni¨®n Espa?ola de Explosivos por facilitar informaciones a los medios de comunicaci¨®n social sobre supuestas deficiencias industriales que fueron consideradas alarmistas, adem¨¢s de da?inas para la imagen de la empresa. Cinco magistrados creen limitado el derecho a informar por la libertad de empresa, mientras Mar¨ªa Emilia Casas considera prevalente el derecho a la informaci¨®n. La sentencia, de la que ha sido ponente el presidente Manuel Jim¨¦nez de Parga -tras quedar en minor¨ªa Casas, la inicial ponente-, admite que las noticias proporcionadas en 1996 por el ingeniero Ra¨²l Libossart y que dieron lugar a informaciones como un reportaje de Interviu, titulado Una empresa bomba, cumpl¨ªan los requisitos de veracidad y relevancia exigidos por la jurisprudencia constitucional.

Libossart denunci¨®, entre otras situaciones, "los peligros de acumular detonadores inadecuadamente, as¨ª como la frecuente falsificaci¨®n de informes internos de calidad". Entre otros riesgos alarmantes, trat¨¢ndose de una empresa de explosivos, el ingeniero se refiri¨®, en algunas de las informaciones que se publicaron, a que "bastar¨ªa una incorrecta manipulaci¨®n del embalaje, una descarga de electricidad est¨¢tica de quienes lo transportan, un incendio accidental de una furgoneta".

La respuesta empresarial fue el despido disciplinario, que fue declarado procedente tanto por el juez de lo Social de Bilbao como por el Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco. El Constitucional, tras considerar relevante la informaci¨®n para alertar a los ciudadanos "de los posibles riesgos derivados de los procesos productivos de la empresa para la que trabajaba", analiza "otros aspectos" que llevan a la mayor¨ªa de la sala a denegar el amparo.

"Sumisi¨®n" a la empresa

As¨ª, deriva de la relaci¨®n laboral "la sumisi¨®n de ciertos aspectos de la actividad humana a los poderes empresariales", de modo que "la capital importancia del ejercicio de la libertad de informaci¨®n no puede llevarnos", dice la sentencia, "a desconocer el l¨ªmite que para dicha libertad supone el debido respeto a los intereses derivados de la libertad de empresa, que tambi¨¦n es objeto de garant¨ªa constitucional".

Igualmente, el Constitucional estima que "la libertad de informaci¨®n ejercida por el empleado se instrument¨® al servicio de la satisfacci¨®n de sus intereses profesionales m¨¢s inmediatos [su inminente inclusi¨®n en una lista de bajas forzosas], en claro perjuicio del prestigio de la empresa y de los derechos de la misma".

En cambio, el voto particular de Casas considera el despido innecesario para el fin empresarial, dada la existencia de otras medidas "m¨¢s eficaces (...), como los desmentidos" enviados por la empresa a diferentes medios.

En cuanto a que Libossart pudo haber comunicado las deficiencias a la Comisi¨®n de Seguridad de la Empresa, Casas afirma que ello "no descarta, sin embargo, la legitimidad del ejercicio de informaci¨®n que a todos corresponde", por lo que el despido da?¨® la libertad de informaci¨®n.