La pol¨ªtica en el juzgado

No est¨¢ lejos el tiempo en que, desde medios de partido, se dirig¨ªa a los jueces el reproche de una ileg¨ªtima invasi¨®n del terreno propio de las instituciones de la democracia representativa. A la vez que en otros ¨¢mbitos reverdec¨ªan las conocidas tesis de la falta de legitimidad de la jurisdicci¨®n para condicionar con sus intervenciones la voluntad de la mayor¨ªa. Lo curioso es que esas tomas de posici¨®n, al menos objetivamente, fueron estimuladas por actuaciones judiciales producidas a partir de indicios vehementes de delitos de notable gravedad. Con lo que bien pod¨ªa parecer que lo cuestionado era, en realidad, la vigencia del C¨®digo Penal como l¨ªmite para la pol¨ªtica en acto.

Dir¨ªase que las cosas han cambiado, cuando ahora son los propios actores pol¨ªticos los que, en una pat¨¦tica guerra de querellas cruzadas, llaman en causa a los jueces para una operaci¨®n de limpieza; que cada uno reclama (exclusivamente) para el terreno del adversario. Lo cierto es que al obrar de este modo se produce, con aparente paradoja, la evidencia de una crisis de la democracia representativa y, al propio tiempo, la acreditaci¨®n de una cierta vitalidad de la parte de derecho del vigente Estado constitucional.

La ocasi¨®n se presta a decir que quienes desempolvaron de forma parcial el t¨ªtulo de la vieja obra de Lambert El gobierno de los jueces..., debidamente descontextualizado, para descalificar actuaciones jurisdiccionales inc¨®modas, hac¨ªan un grosero ejercicio de demagogia. (Curiosamente reiterado con ocasi¨®n del caso Pinochet). Los jueces ni gobernaron entonces ni gobernar¨ªan ahora. Primero, porque como escribi¨® muy bien Bachof, ya en 1959, no tendr¨ªan medio de hacerlo ni aunque quisieran. Y, sobre todo, porque, ayer como hoy, no es la jurisdicci¨®n la que invade la pol¨ªtica, sino una parte de ¨¦sta la que se habr¨ªa precipitado en una suerte de foso s¨¦ptico que, en sociedades articuladas constitucionalmente conforme a valores, no puede por menos de comunicar directamente con el juzgado.

El recurso al juzgado es, pues, en determinadas condiciones, legalmente irreprochable. Pero tiene tambi¨¦n un valor sintom¨¢tico. Es, ciertamente, un s¨ªntoma, que podr¨ªa ser de razonable salud de la pol¨ªtica, si se diera en verdaderas situaciones l¨ªmite, caracterizadas por la m¨¢s estricta ocasionalidad, y respondiese a un sentido com¨²n compartido de que no puede haber espacio para la ilegalidad en el marco de la gesti¨®n de la polis. Pero no es as¨ª. Los indicios son, m¨¢s bien, de que existe todo un universo sumergido de pol¨ªtica (y de econom¨ªa de la pol¨ªtica) por debajo de la legalidad, sustentado por un consenso transversal y objetivo, coronado, a su vez, por un pacto de silencio. Este s¨®lo se rompe, y nunca del todo, de forma accidental con el ejercicio de acciones legales, que m¨¢s que fe en el derecho expresan la vocaci¨®n de un uso instrumental de ¨¦ste, en realidad, para incidir en el deteriorado statu quo, que no para salir de ¨¦l. Porque, aunque puede que no en el mismo grado, la generalidad de los actores comparten similar actitud de fondo y gestionan la propia trastienda en parecidos t¨¦rminos; como declar¨®, con m¨¢s cinismo que sinceridad, hace ya bastantes a?os, un veterano pol¨ªtico del norte. Es decir, en general, reproducen un modelo de actuaci¨®n que es b¨¢sicamente id¨¦ntico en todos los casos, y que es el que ha convertido a los partidos pol¨ªticos, en gran medida, en verdaderas agencias de gesti¨®n de intereses corporativos (en el sentido de propios) y, de manera no infrecuente, en difusores de diversas clases de ilegalidad.

De ese pacto, ciertamente de estado, forma parte un acuerdo impl¨ªcito de banalizaci¨®n del momento garantista de la pol¨ªtica, mediante la amortizaci¨®n de recursos perfectamente accionables de la misma, que podr¨ªan y deber¨ªan asegurar la calidad de sus resultados, siempre que hubiera voluntad al respecto. Pero las reivindicaciones y las denuncias en esta l¨ªnea parecen ser meros tics de oposici¨®n, que pasan tan pronto como se cambia de situaci¨®n respecto del poder.

Y tambi¨¦n hay base para hablar de un pacto similar sobre la justicia. El ¨²nico realmente existente que, por debajo y m¨¢s all¨¢ de las ret¨®ricas intercambiables, en funci¨®n del lugar que se ocupa, de gobierno o de oposici¨®n, da cuenta del porqu¨¦ de una a?eja pol¨ªtica judicial connotada por la reiterada propensi¨®n a girar sobre s¨ª misma, con una exasperante falta de proyecto y siempre f¨¦rtil en momentos de irracionalidad en el uso de los medios, seguramente impensables en otro ¨¢mbito estatal. ?O es que cabr¨ªa imaginar -fuera de ese contexto- una situaci¨®n como la representada por la existencia de 300 nuevos jueces en el dique seco, es decir, sin puesto de trabajo, cuando en infinidad de ¨®rganos judiciales el papel est¨¢ saliendo por las ventanas? Esta situaci¨®n aberrante, producida, significativamente, en el punto de intersecci¨®n de dos mayor¨ªas pol¨ªticas, al sucederse, como tales, en el Consejo General del Poder Judicial, es buen ejemplo de ese acuerdo de facto, claramente impl¨ªcito en la falta de voluntad de evitar resultados tan demoledores como ¨¦ste. Y el m¨¢s general de una instituci¨®n permanentemente lastrada por las insuficiencias y, as¨ª, m¨¢s f¨¢cilmente asequible a la deslegitimaci¨®n interesada.

Ahora se denuncia -con raz¨®n- la recuperaci¨®n de un condenado por cohecho para funciones de gobierno en Canarias; pero ?qu¨¦ piensan quienes lo hacen de la asignaci¨®n en su d¨ªa de un esca?o parlamentario a un procesado por delito grav¨ªsimo, como forma de reaccionar frente a una actuaci¨®n judicial legal y leg¨ªtima? No hace mucho, se ha reprochado -tambi¨¦n con raz¨®n- la demonizaci¨®n intolerable de algunos jueces y decisiones inc¨®modas; ?pero los autores del reproche lo mantendr¨ªan en el caso de reiterarse la cesi¨®n de un tiempo del telediario de mayor audiencia, en la televisi¨®n p¨²blica, a un imputado para la descalificaci¨®n del juez instructor y del proceso como la que efectivamente se produjo una vez? Tambi¨¦n se ha subrayado como inaceptable la conminaci¨®n a alg¨²n juez o tribunal a decidir de determinada manera, so pena de entrar en conflicto con la opini¨®n mayoritaria. Pero ?hay alguna parte pol¨ªtica que no lo haga cuando le conviene? ?Y alguna en disposici¨®n sincera de renunciar a esa t¨¢ctica intolerable? Juzgue el lector.

No pretendo recrearme en la exhumaci¨®n de estas miserias. De ser as¨ª, no me detendr¨ªa en tan escasos ejemplos, cuando existe material de todas las autor¨ªas posibles para llenar m¨¢s de un libro. El prop¨®sito es poner de manifiesto que se ha hecho dif¨ªcil lo de "tirar la primera piedra". Y que pudiendo haber diferencias de proyecto y de planteamientos, a esa expresiva hora de la verdad que es hacer frente con eficacia a formas graves de corrupci¨®n de la vida pol¨ªtica, los comportamientos evasivos se reproducen generosamente a derecha e izquierda sin que importe el efecto en costes y desgastes institucionales diversos. Siempre sobrea?adido al ya alto precio representado por cada explosi¨®n de patolog¨ªa antidemocr¨¢tica y antijur¨ªdica, cuyas consecuencias son necesariamente acumulativas.

Cuando es tan clara la fuerte consistencia y arraigo de los intereses de diversa ¨ªndole que subyacen al lamentable estado de cosas, no hay grandes motivos para pensar en que reflexiones como ¨¦sta puedan servir de mucho. Pero, con todo, vale la pena reiterar que en los antecedentes de lo que (nos) pasa hay mucho de consensual renuncia a poner y mantener en actividad los mecanismos de garant¨ªa que tanto en el terreno estricto de la pol¨ªtica como en el pol¨ªtico-administrativo est¨¢n ya previstos; y otros que cabr¨ªa dise?ar. Y tampoco ser¨¢ in¨²til se?alar que la ¨²nica pol¨ªtica para la que cabe reclamar autonom¨ªa es aquella que discurre dentro de la legalidad.

El Estado constitucional de derecho surgi¨® de la dram¨¢tica crisis de la democracia representativa y del orden jur¨ªdico que fue la experiencia de los fascismos. Y su esencia est¨¢ en la sabia combinaci¨®n necesaria de esos dos momentos imprescindibles, dando a cada uno su papel y su espacio, como la ¨²nica forma de asegurar el disfrute de (todos) los derechos fundamentales. No creo que con lo que sabemos de la propensi¨®n a la huida del derecho que caracteriza a las diversas formas de poder (incluido el judicial) sea razonablemente defendible la atenuaci¨®n de los dispositivos jur¨ªdicos de garant¨ªa. Y, sin embargo, precisamente ahora, ah¨ª est¨¢, ya en marcha, una reforma estatutaria del Ministerio Fiscal, dirigida a recortar m¨¢s su tenue independencia. Donde independencia es capacidad de sujeci¨®n real a la legalidad frente a las sugestiones non sanctas de la pol¨ªtica. Mientras se reafirma una acusada propensi¨®n a reducir las garant¨ªas procesales, aunque no para toda clase de imputados. Cierto que las medidas han suscitado alguna discrepancia. Pero, mirando hacia atr¨¢s, ?alguien cree, al d¨ªa de hoy, que un cambio de mayor¨ªa operar¨ªa, en ambos terrenos, en sentido contrario?

La situaci¨®n en curso es particularmente delicada y dif¨ªcil. Por la clase de desaf¨ªos externos a los que el Estado debe hacer frente, pero, sobre todo, por su patente crisis de legitimaci¨®n, y asimismo por la de funcionalidad que ¨¦sta induce. Desde luego, es claro que la soluci¨®n no puede venir del lado de esta pol¨ªtica, si es que no se reinserta democr¨¢ticamente en la polis; como tambi¨¦n lo es que no hay soluci¨®n judicial para tantas desviaciones, por m¨¢s que sea imprescindible una respuesta de esta ¨ªndole, al menos para las de mayor gravedad. (Sin que decir esto suponga olvidar lo mucho que de problem¨¢tico hay actualmente en el territorio de los jueces, a lo que tampoco son ajenas las causas pol¨ªticas).

Si fuera posible sustraerse a la prevenci¨®n que produce el sintagma, debida a la reiteraci¨®n de los usos perversos de que ha sido objeto, habr¨ªa que pedir un "pacto de Estado" para salir de tan preocupante situaci¨®n. Pero da miedo pensar en lo que pod¨ªa ser la base de un acuerdo inspirado por actitudes de partido como algunas de las conocidas; que sugieren falta de decisi¨®n o incluso verdadera incapacidad actual para mirar por encima de los aludidos intereses corporativos m¨¢s inmediatos. En cualquier caso, dir¨¦ que el pacto que se necesita deber¨ªa tener algo de neoconstituyente en un solo sentido: el de tomar la Constituci¨®n realmente "en serio". Tanto del lado del derecho como del genuinamente democr¨¢tico de la pol¨ªtica.

Perfecto Andr¨¦s Ib¨¢?ez es magistrado.