Presi¨®n policial contra los inmigrantes de Alcarr¨¤s

El Gobierno central ha decidido actuar policialmente contra el medio millar de inmigrantes subsaharianos que desde hace semanas residen en condiciones infrahumanas en un campamento situado en las afueras de Alcarr¨¤s (Segri¨¤). Desde el pasado lunes, agentes de la Brigada de Extranjer¨ªa del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa y de los Mossos d'Esquadra realizan batidas en este municipio para identificar a los sin papeles e iniciar los tr¨¢mites de expulsi¨®n. El subdelegado del Gobierno en Lleida, Joan Barios, espera resolver el problema "en un m¨¢ximo de tres o cuatro d¨ªas".

El hostigamiento policial est¨¢ dando los resultados esperados por el representante gubernamental, ya que decenas de inmigrantes sin documentaci¨®n han empezado a hacer las maletas por miedo a ser detenidos y extraditados a sus pa¨ªses de origen. Desde el pasado 12 de junio, en la subcomarca del Baix Segre, donde se concentran la mayor¨ªa de los temporeros que buscan trabajo en la campa?a de recogida de la fruta, han sido identificados 300 inmigrantes y se han instruido 32 expedientes de expulsi¨®n. Barios ha reconocido que uno de los objetivos de los controles policiales en la zona es meramente disuasorio. "El a?o pasado se hizo lo mismo y conseguimos que se marcharan de Alcarr¨¤s", dijo.

Fuentes policiales han explicado que aproximadamente el 70% de los inmigrantes del asentamiento de Alcarr¨¤s se encuentran en situaci¨®n irregular por no tener documentaci¨®n o por pesar sobre ellos ¨®rdenes de expulsi¨®n. "Si vienen tantos indocumentados es porque alguien les contrata. Nosotros tenemos constancia de que hay empresarios que se aprovechan de este tipo de mano de obra", han se?alado las mismas fuentes.

Los pa¨ªses de procedencia de los 16 detenidos por no tener permiso de residencia en la redada policial efectuada el jueves en Alcarr¨¤s son Ghana, Mal¨ª y Guinea-Conakry. Estas personas, a las que la polic¨ªa ya ha abierto un expediente de expulsi¨®n, ser¨¢n trasladadas al Centro de Internamiento para Extranjeros de la Verneda (Barcelona), donde esperar¨¢n un m¨¢ximo de 40 d¨ªas a que el juez ordene su expatriaci¨®n. La polic¨ªa reconoce que ejecutar la orden de expulsi¨®n de un inmigrante no es f¨¢cil.

Adem¨¢s del elevado coste econ¨®mico, en muchos casos no se consigue determinar su verdadera identidad y nacionalidad, y en otros no hay convenio de repatriaci¨®n con el pa¨ªs de origen, por lo que los detenidos son puestos en libertad.

"Me duele en el alma"

El alcalde de Alcarr¨¤s, el convergente Gerard Serra, cree que el Gobierno central ha decidido actuar como respuesta al aluvi¨®n generalizado de cr¨ªticas recibidas en los ¨²ltimos d¨ªas por la situaci¨®n que se hab¨ªa creado en su municipio. "Nuestras quejas reiteradas han servido para que la Administraci¨®n central empiece a ejercer las competencias que tiene en esta materia. Me duele en el alma que a estas personas se les aplique la Ley de Extranjer¨ªa, pero es necesario hacerlo para evitar males mayores", se?al¨® Serra, que ha acusado al subdelegado del Gobierno en Lleida de no estar a la altura de las circunstancias.

Barios afirm¨® el pasado jueves que el consistorio de Alcarr¨¤s es el principal responsable de la llegada masiva de inmigrantes al pueblo por haber provocado con su pol¨ªtica de acogida un efecto llamada. "Es un problema hist¨®rico", indic¨®, "y si los temporeros acuden a?o tras a?o es porque de forma habitual se les contrataba en la plaza. Adem¨¢s gozaban de buena acogida y se les garantizaban los servicios sociales m¨ªnimos y hasta cobijo en tiendas de campa?a o albergues. Este efecto llamada no se da en otros municipios de la zona frut¨ªcola de Lleida. No se puede ofrecer facilidades y cuando se produce una avalancha decir que es imposible hacer frente a la demanda social".