El Fiscal de la Audiencia Nacional considera que la carta-bomba de Correos no es delito de terrorismo
La fiscal de la Audiencia Nacional Olga S¨¢nchez pidi¨® ayer al Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 6 que remita a los juzgados de Valencia la investigaci¨®n sobre los dos j¨®venes detenidos hace dos semanas en esta ciudad por su vinculaci¨®n con grupos anarquistas y su supuesta implicaci¨®n en varias acciones de sabotaje cometidas en la ciudad, entre ellas el env¨ªo de un sobre-bomba a la Oficina Central de Correos la v¨ªspera de las elecciones del 25-M.
La fiscal considera que los acusados de perpetrar dicha acci¨®n no tienen entidad suficiente para ser considerados un grupo terrorista, por lo que la investigaci¨®n del suceso no corresponde a la Audiencia Nacional, sino a los juzgados de instrucci¨®n de la ciudad donde cometieron los hechos que se les imputan.
En un escrito remitido al juez Juan del Olmo, la representante del Ministerio P¨²blico aduce que "no se puede considerar banda armada un grupo de amigos que colocan un artefacto en dependencias oficiales, organismos p¨²blicos o v¨ªa p¨²blica para llamar la atenci¨®n sobre alguna reivindicaci¨®n, m¨¢xime cuando no tienen una estructura jer¨¢rquica, permanencia en el tiempo, existencia de armas y explosivos de entidad para la comisi¨®n de hechos delictivos".
El pasado d¨ªa 11, el juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco dict¨® prisi¨®n para Amanda Cerezo Garc¨ªa, de 26 a?os, y Eduardo Jos¨¦ Alonso S¨¢nchez, de 20, mientras que dej¨® en libertad al tercer detenido, Miguel ?ngel Morcillo Fern¨¢ndez, sindicalista de CNT, por considerar que no tuvo ninguna participaci¨®n en los hechos.
La fiscal considera que no procede seguir tramitando la causa en la Audiencia Nacional, ya que los hechos descritos no son constitutivos de un delito de terrorismo sino que se incardinan en el tipo penal de la tenencia de explosivos. No obstante, pide que los dos acusados sigan en prisi¨®n para evitar que puedan eludir la acci¨®n de la justicia o destruir pruebas.
La acusaci¨®n p¨²blica considera que no basta que las acciones creen inseguridad en la poblaci¨®n para ser consideradas terroristas, sino que es preciso "que la organizaci¨®n tenga por finalidad crear inseguridad o miedo, bien para subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz p¨²blica".
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