Michavila pide consenso para completar la lucha contra la violencia dom¨¦stica
El Congreso aprueba por unanimidad la orden de protecci¨®n a las v¨ªctimas del maltrato
El carro echa a andar antes que uno de sus bueyes, pero ya camina. El Congreso aprob¨® ayer por unanimidad la orden de protecci¨®n a las v¨ªctimas de la violencia dom¨¦stica, pese a que a¨²n est¨¢ pendiente del visto bueno parlamentario alguna de las medidas de amparo inmediato que recoge (como la prisi¨®n provisional para el agresor que incumpla el alejamiento). Tambi¨¦n est¨¢ sin aprobar todav¨ªa la reforma del C¨®digo Penal que endurecer¨¢ el tratamiento a los maltratadores. El ministro de Justicia, Jos¨¦ Mar¨ªa Michavila, pidi¨® a los grupos parlamentarios consenso para aprobar los cambios lo antes posible y completar as¨ª las medidas de lucha contra la violencia dom¨¦stica.
La orden de protecci¨®n a las v¨ªctimas de la violencia dom¨¦stica es ya una realidad. Los jueces podr¨¢n comenzar a dictarla en los pr¨®ximos d¨ªas, una vez que se publique en el Bolet¨ªn Oficial del Estado. El Congreso aprob¨® ayer por unanimidad -y en un pleno extraordinario convocado con ese objetivo- la proposici¨®n de ley que crea esta nueva herramienta para proteger a las v¨ªctimas de la violencia dom¨¦stica. Todos los votos emitidos (272) lo fueron a favor de esta iniciativa en la que los grupos parlamentarios han trabajado con consenso. La satisfacci¨®n era general entre los diputados.
La orden permite a los jueces dictar medidas penales y civiles para proteger a la v¨ªctima de su agresor y activar la ayuda social y econ¨®mica (300 euros al mes) en un plazo m¨¢ximo de 72 horas tras recibir la denuncia.
Reforma penal pendiente
El ministro de Justicia, ¨²nico miembro del Gobierno que acudi¨® al Pleno, pidi¨® en la C¨¢mara que se mantenga ese clima de acuerdo para completar las medidas de lucha contra "una de las lacras m¨¢s negras de la sociedad". Jos¨¦ Mar¨ªa Michavila pidi¨® y ofreci¨® consenso para aprobar los cambios pendientes en la batalla contra la violencia dom¨¦stica: la reforma de la normativa sobre prisi¨®n provisional y la del C¨®digo Penal, ambas en tramitaci¨®n parlamentaria.
De hecho, la orden de protecci¨®n nace con un lastre: algunas de las medidas que recoge est¨¢n a¨²n sin aprobar en las C¨¢maras. Es el caso de la prisi¨®n preventiva para los agresores que incumplan una orden de alejamiento de la v¨ªctima, prevista en la reforma sobre prisi¨®n provisional, o de la localizaci¨®n permanente del agresor.
Pr¨¢cticamente todas las dem¨¢s herramientas de la orden de protecci¨®n (como la atribuci¨®n cautelar del domicilio familiar y de la custodia de los hijos a la v¨ªctima o el alejamiento del agresor) est¨¢n en vigor desde hace a?os. La novedad estriba en que a partir de ahora podr¨¢ dictarlas el juez (penal) de guardia al establecer la orden. Hasta la fecha s¨®lo pod¨ªa hacerlo el juez civil y con frecuencia esto ocurr¨ªa meses despu¨¦s de la agresi¨®n por lo que la presentaci¨®n de denuncia agravaba el riesgo para la v¨ªctima.
Michavila tambi¨¦n quiere consensuar el endurecimiento del C¨®digo Penal para los maltratadores, en tr¨¢mite en el Senado. Entre los cambios previstos figuran algunos de gran calado, como considerar delito la primera agresi¨®n (ahora es falta, lo que provoca un castigo menor). Igualmente, se incluir¨¢ la agresi¨®n psicol¨®gica entre los delitos de violencia dom¨¦stica.
La reforma penal establecer¨¢ igualmente la retirada definitiva de la custodia de los hijos a los condenados por maltrato. Igualmente establecer¨¢ la retirada de las armas (y de la licencia para portarlas) a los maltratadores.
La petici¨®n de consenso en la reforma legislativa top¨® con ciertas cautelas. El principal inconveniente que encuentran algunos grupos es que los cambios penales sobre violencia dom¨¦stica van incluidos en el mismo paquete que otros destinadas a incrementar la seguridad ciudadana. El m¨¢s claro fue el portavoz del Bloque Nacionalista Galego, Carlos Aymerich, quien advirti¨® a Michavila: "No nos meta de matute otras mercanc¨ªas".
Garantizar el presupuesto
Las portavoces del PSOE e IU, Micaela Navarro y Marisa Castro, respectivamente, incidieron en la necesidad de que cualquier consenso futuro se supedite a una financiaci¨®n clara y suficiente de las medidas de lucha contra la violencia dom¨¦stica. Ante el pleno, Navarro advirti¨®: "La orden de protecci¨®n es una puerta abierta a la esperanza si cuenta con recursos, y al precipicio si carece de ellos". Fuera del hemiciclo, pidi¨® que en los presupuestos generales del pr¨®ximo a?o se detallen las partidas de cada ministerio para la lucha contra la violencia dom¨¦stica.
Por su parte, la portavoz del Grupo Popular, Mar¨ªa Jes¨²s Sainz, tambi¨¦n partidaria de prolongar el consenso, reconoci¨® en el hemiciclo que la "eficacia plena" de la orden de protecci¨®n se alcanzar¨¢ con la aprobaci¨®n de la reforma penal. En medios parlamentarios se espera que pueda producirse antes de que acabe este a?o.
Al igual que hicieron todos los portavoces, los de Coalici¨®n Canaria y el Grupo Vasco se felicitaron por la aprobaci¨®n de la orden de protecci¨®n. "Seguro que va a ser ¨²til, pero venderla como panacea es humo", advirti¨® Margarita Ur¨ªa (PNV).
Manos a la obra
La comisi¨®n de seguimiento de la orden de protecci¨®n a las v¨ªctimas de la violencia dom¨¦stica se reunir¨¢ hoy para aprobar el modelo de solicitud que deber¨¢n rellenar las personas que pidan esas medidas de amparo.
Esta comisi¨®n, presidida por la m¨¢xima responsable del Observatorio sobre Violencia Dom¨¦stica del Consejo General del Poder Judicial, Montserrat Comas, est¨¢ integrada por representantes de los ministerios de Justicia, Interior y Trabajo y Asuntos Sociales. Tambi¨¦n forman parte representantes de la Fiscal¨ªa General del Estado, de las comunidades aut¨®nomas y de los ayuntamientos. Su misi¨®n es vigilar la implantaci¨®n de la orden.
La comisi¨®n de seguimiento tambi¨¦n tiene previsto aprobar hoy la "hoja de ruta" de la orden, en palabras del director general de Modernizaci¨®n de la Justicia, Alberto Dorrego. Se trata del protocolo general que establecer¨¢ la tarea que debe cumplir cada administraci¨®n y cada instancia que intervenga en la protecci¨®n a las v¨ªctimas de la violencia dom¨¦stica. Este protocolo, que se completar¨¢ con otros espec¨ªficos, establece un mecanismo para la coordinaci¨®n (v¨ªa ordenador) del juez que dicte la orden con la polic¨ªa judicial y con los servicios de asistencia social.
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