M¨®viles para todos

Los inmigrantes, que ya superan los dos millones en Espa?a, son buenos clientes de los operadores de telefon¨ªa m¨®vil porque generalmente no disponen de un tel¨¦fono fijo al vivir en domicilios de alquiler. Sin embargo, casi todos ellos tienen que optar por un m¨®vil de prepago, debido a que tiene muchas dificultades para conseguir que las compa?¨ªas les hagan un contrato, con mejores tarifas, seg¨²n han venido denunciado diversas asociaciones.

No obstante, todas las compa?¨ªas de m¨®viles coinciden en afirmar oficialmente que a la hora de formalizar un contrato no se hace ninguna distinci¨®n por la nacionalidad del futuro abonado, y que los requisitos que se exigen son los mismos que para un ciudadano espa?ol o para inmigrante, puesto que van ¨²nicamente encaminados a asegurarse frente a posible impagos.

Las compa?¨ªas afirman que no hacen distinci¨®n por la nacionalidad del abonado

En algunos casos a los inmigrantes se les pide fianzas que van de los 300 a los 1.000 euros

En Vodafone se?alan que su m¨¢xima prioridad es asegurar la veracidad de la identidad del abonado y que, para ese menester, es independiente el pasaporte o el DNI, y que no influye que aporte la tarjeta de residencia o no. S¨®lo en casos excepcionales se exige una fianza (cuyo importe es variable), y cifran esos casos en el 0,018% del total de abonados de contrato, que ascienden a m¨¢s de cuatro millones.

En Telef¨®nica M¨®viles aseguran que tampoco aplican ning¨²n criterio de nacionalidad a la hora de seleccionar sus clientes de postpago. Si el cliente es extranjero y tiene tarjeta de residencia, s¨®lo se le exige el pasaporte o la cuenta bancaria, es decir, como si fuera un ciudadano espa?ol. Si no dispone de tarjeta de residencia, se precisa el pasaporte y alg¨²n documento que acredite que se vive en Espa?a, como la factura del gas o de la luz o un recibo de contribuci¨®n urbana. Solo si el inmigrante no acredita esta residencia, se le exige una fianza que puede variar entre 300 y 600 euros y. si no se computa ning¨²n impagado, se le devuelve a los seis meses.

De las misma forma se pronuncia Amena, quien se remite a las condiciones del contrato, que se pueden obtener en su p¨¢gina web. En dichas condiciones no se menciona en ning¨²n momento el requisito de la nacionalidad del contratante. Tan s¨®lo se hace referencia para pedir una fianza a los clientes con antecedentes por morosidad o impago.

Frente a esta versi¨®n, est¨¢n numerosas quejas de extranjeros, generalmente no comunitarios, por las trabas que les ponen para hacer un contrato. As¨ª al menos se constat¨® en varias denuncias recibidas en este peri¨®dico por inmigrantes a los que les hab¨ªa sido negada la solicitud un m¨®vil con contrato. Tras estas denuncias, tres redactores de EL PAIS de pa¨ªses no comunitarios salieron a la calle a consultar en catorce distribuidores de Amena, Vodafone y Telef¨®nica M¨®viles ubicados en distintas zonas c¨¦ntricas de Madrid y elegidos de forma aleatoria, cu¨¢les eran los requisitos que se ped¨ªan a los inmigrantes.

Las respuestas fueron dis¨ªmiles, pero todas apuntaban a una misma direcci¨®n: la desconfianza de que los ciudadanos extranjeros no pagaran sus recibos mensuales y dejaran un elevado impagado. Por ello, la primera diferencia de que el contrato lo realice un inmigrante est¨¢ en la documentaci¨®n requerida: no basta con presentar el pasaporte y la cuenta bancaria, sino que en la mayor parte de los casos se exige la tarjeta de residencia.

La segunda diferencia es que, aunque se aporte dicha documentaci¨®n, al inmigrante se le suele pedir una garant¨ªa o fianza que se le devuelve en unos meses si no hay impagos y, en, algunos casos, se rechaza su solicitud.

El procedimiento de autorizaci¨®n, seg¨²n explicaron los distribuidores consultados depende exclusivamente de la operadora del servicio m¨®vil. Tras recibir la documentaci¨®n, en un periodo que va desde dos a cinco d¨ªas se tiene la respuesta de la compa?¨ªa, en funci¨®n de los antecedentes enviados. Para los inmigrantes que no aportan la tarjeta de residencia, su solicitud es rechazada en la mayor parte de las ocasiones, seg¨²n se?alaron los empleados de las tiendas consultadas.

En el caso de los distribuidores de Vodafone se se?al¨® que es muy dif¨ªcil que incluso con tarjeta de residente en vigor se autorizara el contrato y que en la mayor¨ªa de las ocasiones se solicitaba una fianza que iba desde los 300 euros en un local The Phone House de la plaza de Callao, hasta los 900 euros que solicitaban en otro locales ubicados en Ciudad Lineal, o los 1.000 euros que solicitaban como m¨ªnimo en el Corte Ingl¨¦s de Nuevos Ministerios.

En el caso de Amena, tres distribuidores consultados (uno en Paseo de las Delicias, otro en plaza de Callao y el ¨²ltimo en la glorieta de Bilbao) aceptan la tarjeta de residencia como documento acreditativo, pero se aseguran de que esta tenga una fecha de vencimiento cercana al fin del contrato que se va a suscribir, que siempre es por un a?o. Un cuarto distribuidor de la misma marca (El Corte Ingl¨¦s de la Puerta del Sol) indic¨® que era complicado obtener el contrato si se era extranjero, y sugiri¨® acudir a la compa?¨ªa. Del mismo modo, ninguno acept¨® s¨®lo el pasaporte extracomunitario y la cuenta bancaria con el argumento de que los inmigrantes sin tarjetas de residencia "son clientes de m¨¢s riesgo que muchas veces han dejado cuentas enormes sin pagar".

De la misma forma, los distribuidores de Telef¨®nica M¨®viles aceptaron sin aparentes problemas la tarjeta de residencia en vigor y una copia de la cuenta bancaria, pero al consultar sobre si era posible realizar el tr¨¢mite si no se dispon¨ªa de residencia , la respuesta en los cuatro locales consultados (Ciudad Lineal, Gran V¨ªa y los dos centros de El Corte Ingl¨¦s ya mencionados) siempre fue la misma: "No es posible de ninguna manera, incluso si se presenta n¨®mina u otro documento". En un quinto local, ubicado en la glorieta de Legazpi, la respuesta fue distinta: "Estamos intentando hacer el tr¨¢mite con extranjeros sin tarjeta, pero hace poco tiempo que han comenzado a aceptarlo". Claro que para que te acepten hacer un contrato s¨®lo con el pasaporte se debe adjuntar un certificado del banco (que tiene un valor aproximado de seis euros) con una validez no superior a treinta d¨ªas y en que quede constancia del saldo actual de la cuenta, el saldo medio y que acredite un m¨ªnimo de seis meses de antig¨¹edad. Procedimiento un tanto engorroso que seg¨²n la dependienta, tampoco es garant¨ªa de ¨¦xito y estar¨ªa adem¨¢s sujeto a una fianza de 300 euros. De hecho, en otro distribuidor situado en la Plaza de San Pol se rechaz¨® la solicitud incluso con una n¨®mina alegando que deb¨ªa ser residente o ciudadana comunitaria para el tr¨¢mite o depositar una fianza. La dependienta relat¨® que hay veces que se le ha dado la l¨ªnea a extranjeros residentes y a los 15 d¨ªas cortan el servicio, como forma de asegurarse que la cuanta la van a pagar, informa ?rsula O?Kuinghttons.

Los distribuidores se?alan que estas exigencias son de las compa?¨ªas de m¨®viles que, en ¨²ltimo caso, son las que firman el contrato con el cliente. Sin embargo, cuando el redactor llam¨® a los n¨²meros de atenci¨®n al cliente de las operadoras no se reconocieron ninguna de estas trabas y se desvi¨® la responsabilidad a los distribuidores, se?alando que son ¨¦stos los que exigen los documentos que estiman convenientes.