Barrientos exigir¨¢ responsabilidades "caiga quien caiga" por 24 millones sin justificar de la era GIL
El Ayuntamiento de Estepona acata las recomendaciones del Tribunal de Cuentas
El alcalde de Estepona, el socialista Antonio Barrientos, afirm¨® ayer que exigir¨¢ responsabilidades a sus socios de gobierno, ex ediles del GIL, si se determina que causaron perjuicios a las arcas municipales por los 24 millones de euros sin justificar durante el mandato de Jes¨²s Gil Mar¨ªn. "Si hay perjuicios, exigiremos las responsabilidades a las que hubiera lugar, de manera total y caiga quien caiga", dijo el regidor, quien se comprometi¨® a seguir "escrupulosamente" las recomendaciones del Tribunal de Cuentas. Este organismo, que detect¨® la irregularidad, ha solicitado al Ayuntamiento que promueva las acciones necesarias para resarcir al municipio de los posibles perjuicios causados y exigir las responsabilidades correspondientes.
Pese a la contundencia de sus declaraciones, Barrientos matiz¨® que es el Tribunal de Cuentas el competente para juzgar de oficio los "posibles" perjuicios contables causados al municipio por los concejales. No obstante, Barrientos se comprometi¨® a convocar las juntas generales de las sociedades municipales a fin de cuantificar y analizar todos los datos "y, si procede", tomar las acciones correspondientes. "Vamos a seguir las recomendaciones, pero no somos quienes tenemos las competencias. No estamos para juzgar ni para condenar a nadie, para eso est¨¢n los tribunales", a?adi¨®.
La petici¨®n del m¨¢ximo ¨®rgano fiscalizador pone en un grave aprieto tanto al PSOE como al PP, que cuentan entre sus socios y concejales con antiguos miembros del Grupo Independiente Liberal. Tres de los cuatro ediles del Partido Estepona (PES), coaligado ahora con PSOE e IU, son los antiguos ediles del GIL Jos¨¦ Ignacio Crespo, Marta Sol¨ªs y Juan Manuel Rodr¨ªguez. Tambi¨¦n el PP incluye en sus filas a otros tantos ex concejales gilistas: Lorenzo Guerra, Jos¨¦ L¨®pez y Roc¨ªo Gil. Jos¨¦ Ignacio Crespo fue el administrador de la mayor¨ªa de las empresas p¨²blicas cuya contabilidad cuestiona el Tribunal de Cuentas.
"Nadie quedar¨¢ indemne"
"Aqu¨ª nadie va a quedar indemne porque el Tribunal de Cuentas va a seguir de oficio y, si la Fiscal¨ªa ve indicios de delito, abrir¨¢ diligencias previas", subray¨® Barrientos.
Socialistas y populares se intercambiaron ayer numerosas descalificaciones en el pleno, que baj¨® de intensidad conforme se acercaba el debate sobre el informe del Tribunal de Cuentas. Los populares acusaron a Barrientos de hacer coincidir el pleno con la moci¨®n de censura del Ayuntamiento de Marbella para restarle publicidad y de entregar "mutilado" a la oposici¨®n el informe contable, del que, aseguraron, faltaban 400 folios. Los socialistas criticaron por su parte al Partido Popular por remitir parte de las alegaciones fuera de plazo y sin los soportes documentales b¨¢sicos.
Barrientos ha enviado una carta al Tribunal de Cuentas en la que solicita a los auditores que informen al municipio de si estas alegaciones de ¨²ltima hora fueron incluidas en sus conclusiones definitivas. "Esto deja en un estado de indefensi¨®n a los administradores que aparecen en el informe como concejales y puede tener graves consecuencias econ¨®micas", dijo Barrientos.
El alcalde record¨® que en las alegaciones que present¨® en su d¨ªa el Partido Popular, que arrebat¨® la alcald¨ªa al PSOE a trav¨¦s de un pacto con ex ediles del GIL, "se justificaba todo el periodo fiscalizado de la ¨¦poca de Jes¨²s Gil Mar¨ªn", incluidas las comisiones inexistentes por las que los ediles del Grupo Independiente Liberal cobr¨® 200 millones de pesetas.
Al Partido Popular no le bast¨® ayer el compromiso del alcalde y del pleno para seguir las recomendaciones del Tribunal de Cuentas. El secretario general del PP Antonio Sanz, interpret¨® que el PSOE "ampara las irregularidades cometidas por el GIL en el Ayuntamiento de Estepona" durante el per¨ªodo entre 1995 y 1999.
Sanz calific¨® de "muy grave" la actitud del PSOE de Estepona y acus¨® a los socialistas de votar junto al GIL en contra de depurar responsabilidades. Sin embargo, en el pleno de ayer no hubo votaci¨®n sino que todos los grupos, incluido el popular, apoyaron la resoluci¨®n de acatar las recomendaciones de los fiscalizadores. Fuentes del Ayuntamiento de Marbella acusaron a Sanz de desconocer incluso la actuaci¨®n de sus propios concejales.
Sanz, no obstante, insisti¨®: "Se da la circunstancia de que esos administradores que, presuntamente, podr¨ªan haber cometido irregularidades, son hoy en d¨ªa los concejales del GIL que son socios de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Estepona por lo que se ve claramente que los socialistas prefieren ocultar esc¨¢ndalos antes que discrepar con su socio de Gobierno".
A disposici¨®n de los jueces
La sesi¨®n plenaria tuvo un poco de todo. Hubo sonrisas y l¨¢grimas. Marta Sol¨ªs, una de las ediles a las que el Tribunal de Cuentas reclama alguna cantidad, pidi¨® con la voz entrecortada y l¨¢grimas en los ojos que se investigue su patrimonio. "Me he dejado la piel d¨ªa a d¨ªa en la gesti¨®n desde l995 a 1999", apunt¨® la edil, que se puso a disposici¨®n de los tribunales.
"Estoy deseando que me pongan delante de un juez. Si dicen que mi forma de cobrar el sueldo no fue adecuada y me dicen que tengo que devolver, lo devolver¨¦", se?al¨®. En la misma l¨ªnea se manifest¨® su compa?ero Juan Manuel Rodr¨ªguez: "Quiero que se auditen todas las cuentas habidas y por haber porque tengo dos ni?os que se est¨¢n enterando por los peri¨®dicos de acusaciones que son infundadas".
El informe definitivo del Tribunal de Cuentas denuncia numerosas irregularidades durante la gesti¨®n del Ayuntamiento de Estepona y sus sociedades p¨²blicas entre los a?os 1995 a 1999. Seg¨²n los auditores el grueso de las operaciones de dudosa legalidad se refiere a las empresas p¨²blicas, en las que figuran operaciones de m¨¢s de 2.700 millones de pesetas, algunas de ellas en retribuciones a concejales y pagos por asesoramientos, "inadecuadamente justificados".
El ¨®rgano fiscalizador ha recomendado al Ayuntamiento que reconsidere la necesidad de estas sociedades mercantiles, que ajuste la contrataci¨®n a los principios de publicidad y concurrencia, que se adopten medidas para reequilibrar su situaci¨®n financiera en el plazo m¨¢s breve posible y promover las actuaciones necesarias para resarcir al municipio de los posibles perjuicios causados a fin de exigir las responsabilidades correspondientes.
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