Emoci¨®n de censura

Tras la moci¨®n de censura votada ayer contra su alcalde, Juli¨¢n Mu?oz, Marbella ser¨¢ gobernada por una coalici¨®n circunstancial integrada por concejales expulsados o separados de los partidos en cuyas listas fueron elegidos. Hay motivos para dudar de que una combinaci¨®n tan heterog¨¦nea y tan falta de apoyos pol¨ªticos, y nacida para derribar a quien fue elegido hace menos de tres meses por mayor¨ªa absoluta, sea capaz de regenerar la vida municipal tras 12 a?os de gobierno al borde (o al margen) de la ley. Pero la moci¨®n es legal, por infames que puedan ser sus motivos. La idea de disolver el Consistorio en aplicaci¨®n de la Ley de R¨¦gimen Local, sugerida por IU y el PSOE, est¨¢, con los datos actuales, fuera de lugar.

El argumento con m¨¢s peso de los concejales ajenos al GIL que han apoyado la moci¨®n es que gracias a su iniciativa se ha acabado con la anormalidad que supon¨ªa un partido como el GIL, plataforma de los intereses personales de su fundador. El tiempo dir¨¢ si se cumple ese diagn¨®stico. De momento se sabe que la operaci¨®n cont¨® con el apoyo de Jes¨²s Gil y la participaci¨®n directa de su hombre de confianza en materia de urbanismo, Juan Antonio Roca, cuya destituci¨®n parece haber sido el detonante de la crisis. Esa destituci¨®n guarda relaci¨®n a su vez con el intento de Juli¨¢n Mu?oz de ganar respetabilidad comprometi¨¦ndose a acatar las resoluciones de la Junta de Andaluc¨ªa sobre planes urban¨ªsticos que su predecesor hab¨ªa ignorado. Dicho acatamiento fue presentado por los pr¨®ximos a Gil como un desastre que arruinar¨ªa al Ayuntamiento, paralizar¨ªa las obras en curso y llevar¨ªa al paro a 60.000 trabajadores del sector de la construcci¨®n.

Con decenas de pleitos abiertos por irregularidades urban¨ªsticas, una deuda de 420 millones de euros y un conflicto con la Junta por edificaciones ilegales de muy dif¨ªcil salida, la Corporaci¨®n hereda una situaci¨®n lamentable. Pero la previsi¨®n legal de disolver las corporaciones locales "por gesti¨®n gravemente da?osa para los intereses generales" o que suponga "incumplimiento de sus obligaciones constitucionales" est¨¢ pensada para otro tipo de supuestos.

La desconfianza est¨¢ justificada, pero no ser¨ªa justo actuar preventivamente contra la nueva mayor¨ªa, dando por supuesto que se propone incumplir la ley. E incluso es posible que el nuevo equipo tenga incentivos para intentar ganar legitimidad de ejercicio, con una gesti¨®n decente, a fin de compensar la escasa credibilidad con que inicia su mandato. De momento, se ha comprometido a compartir la responsabilidad en materia urban¨ªstica, evitando dejarla en manos de un solo partido, y a hacerlo "bajo la tutela de la Junta". De lo que no cabe duda es de que, tras la expectaci¨®n suscitada, se les vigilar¨¢ con lupa.