Una medida legal y leg¨ªtima

Con conocimiento del Consejo de Gobierno de la Comunidad Aut¨®noma o a solicitud de ¨¦ste, y previo acuerdo favorable del Senado, el Consejo de Ministros podr¨¢ disolver los ¨®rganos de las Corporaciones Locales "en el supuesto de gesti¨®n gravemente da?osa para los intereses generales que supongan el incumplimiento de sus obligaciones constitucionales", y estatutarias, seg¨²n se establece en el art¨ªculo 61 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del R¨¦gimen Local.

En Marbella se han encendido todas las luces de alarma: el Tribunal de Cuentas ha elaborado un informe sobre la gesti¨®n en el Ayuntamiento en el que se destacan millones de euros sin justificar y numerosas irregularidades. La Fiscal¨ªa Especial para la Persecuci¨®n de los Delitos Econ¨®micos ha adoptado varias iniciativas judiciales contra la gesti¨®n del equipo de gobierno y del alcalde. La Audiencia Nacional tambi¨¦n procedi¨® con anterioridad al registro del Ayuntamiento, de las sociedades y del entramado que, al margen del derecho y de las normas de procedimiento en las administraciones p¨²blicas, se han creado. Las competencias de la Junta de Andaluc¨ªa en urbanismo y ordenaci¨®n del territorio han sido vulneradas por el equipo de gobierno, encontr¨¢ndose actualmente en los tribunales e impugnados cientos de licencias y 300 convenios urban¨ªsticos. Con deudas multimillonarias a la Seguridad Social y a la Hacienda P¨²blica. Incluso, mediante sentencia del Tribunal Supremo se inhabilit¨® por un periodo de 28 a?os para el ejercicio de cargo p¨²blico al se?or don Jes¨²s Gil y Gil, oblig¨¢ndole a abandonar la alcald¨ªa.

Tras las elecciones municipales del pasado 25 de mayo, se ha roto la mayor¨ªa que el GIL obtuvo en las urnas y se ha disuelto dicho partido pol¨ªtico. Se ha presentado y prosperado una moci¨®n de censura asentada en concejales tr¨¢nsfugas, todo ello mediante una vergonzosa y escandalosa pol¨¦mica p¨²blica entre acusaciones de corrupci¨®n y atracos que la Fiscal¨ªa de M¨¢laga est¨¢ investigando actualmente.

La ciudad de Marbella necesita una nueva etapa donde se restablezcan los procedimientos administrativos y los controles del Estado de Derecho; debe dotarse de un nuevo PGOU de acuerdo con la legislaci¨®n de la Comunidad Aut¨®noma de Andaluc¨ªa, y garantizar todos los servicios b¨¢sicos secuestrados por un entramado de empresas al margen del Ayuntamiento; Marbella debe dar seguridad jur¨ªdica y servicios tanto a sus ciudadanos/as como a los empresarios que invierten all¨ª. En las circunstancias actuales, todo esto s¨®lo es posible con la disoluci¨®n del Ayuntamiento y con la celebraci¨®n de unas nuevas elecciones municipales tal y como establece y prev¨¦ la legislaci¨®n.

La autonom¨ªa municipal est¨¢ garantizada por la Constituci¨®n y las leyes y constituye un principio irrenunciable para todas las fuerzas democr¨¢ticas. No obstante, en este caso la gesti¨®n del grupo GIL en el Ayuntamiento de Marbella ha sido gravemente da?ina para el inter¨¦s general, as¨ª como con la nueva situaci¨®n creada tras la aprobaci¨®n de la moci¨®n de censura se incrementa la ingobernabilidad y el incumplimiento de las obligaciones jur¨ªdicas y pol¨ªticas pertinentes, por lo que se justifica plenamente proceder a su disoluci¨®n conforme a los preceptos de la legislaci¨®n aplicable al respecto.

En democracia, al poder se accede por los votos, pero el poder hay que ejercerlo con respeto a los procedimientos democr¨¢ticos, alcaldes, ministros y presidentes han ganado elecciones por mayor¨ªa absoluta y despu¨¦s, por cr¨ªmenes, corrupciones, etc¨¦tera, cometidos durante sus mandatos, han terminado en la c¨¢rcel o inhabilitados por el poder judicial. En las elecciones se eligen a los gobernantes, pero no le dan impunidad, no lavan sus cr¨ªmenes, son los resortes existentes en el Estado de Derecho y en la garant¨ªa de la divisi¨®n de poderes que tienen la facultad de intervenir en estos casos.

En Catalu?a, en un municipio se retira el retrato del Rey (podr¨ªa ser, para el caso, el del presidente de la Rep¨²blica) y se mueven todos los mecanismos del Estado para restablecer la legalidad protocolaria. Todo el mundo sabe que el retrato de un Jefe de Estado es menos esencial que el suministro de agua, de electricidad o la recogida de residuos urbanos, servicios b¨¢sicos para la poblaci¨®n.

En Marbella se saquean miles de millones, se dan licencias a cientos sin ajustarse a Derecho, ilegales, se roba y se atenta contra el inter¨¦s general... ?y no se interviene?.

Cuando el legislador contempla la disoluci¨®n de los ¨®rganos de gobierno de un Ayuntamiento en la Ley Reguladora de las Bases del R¨¦gimen Local, ser¨¢ para hacer uso en situaciones como las que se han generado en Marbella en estos a?os.

En el sur de Italia, cuando unos mafiosos son elegidos por votos y ocupan un Ayuntamiento, ¨¦ste se disuelve, y a veces, cuando un capo es detenido o inhabilitado y dirige desde la c¨¢rcel o desde sus empresas a un alcalde o alcaldesa t¨ªtere, igualmente se procede a la disoluci¨®n (cierto parecido se aprecia con Gil y la alcaldesa actual de la que ha dicho que es "muy disciplinada").

El se?or Chaves, la Junta de Andaluc¨ªa, debe tomar la iniciativa y solicitar la disoluci¨®n al Gobierno central, quedando as¨ª la pelota en el tejado de Aznar, quien se ha mostrado muy firme en la ilegalizaci¨®n de Herri Batasuna y en su postura belicista en la agresi¨®n contra y ocupaci¨®n a Irak, y, por el contrario, muy tolerante con la corrupci¨®n y las tramas inmobiliarias (la Asamblea de Madrid es otro ejemplo) y sobre todo, Marbella.

El gilismo y los tr¨¢nsfugas han terminado como empez¨® este fen¨®meno: al margen de los partidos, de la Constituci¨®n y del Estado de Derecho. El desprecio a los procedimientos legalmente establecidos conduce a un Ayuntamiento, el de Marbella, con un grupo mixto de todos sus concejales, salvo siete que se mantienen fieles a sus partidos.

Antonio Romero es portavoz del Grupo IU-LV-CA en el Parlamento de Andaluc¨ªa.