Reglas de cart¨®n
La inseguridad jur¨ªdica dificulta la inversi¨®n externa en Latinoam¨¦rica
Un inversor extranjero en Argentina reconoci¨® una vez que es mejor una regla de juego no tan buena que otra mejor pero susceptible de cambios posteriores. Las leyes, su perduraci¨®n en el tiempo y su interpretaci¨®n por el Poder Judicial constituyen uno de los factores decisivos a la hora de invertir en mercados de riesgo como Latinoam¨¦rica. Y es que muchos de los pa¨ªses de la regi¨®n est¨¢n revisando las reformas neoliberales de los a?os noventa.
Argentina ejemplifica las consecuencias que acarrea el incumplimiento de las normas, opina Ram¨®n Blanco, consejero delegado de Repsol YPF
El debate de la seguridad jur¨ªdica se ha centrado en los convenios de privatizaciones y concesiones del Estado, pero abarca otras cuestiones como la congelaci¨®n de los dep¨®sitos o la corrupci¨®n. En la clasificaci¨®n de pa¨ªses competitivos que elabora el Foro Econ¨®mico Mundial, uno de los factores que se miden es la calidad de las instituciones p¨²blicas, que comprende los contratos, las leyes y las pr¨¢cticas deshonestas.
Argentina, uno de los pa¨ªses que recibi¨® mayores flujos de inversi¨®n en los noventa, es el que m¨¢s puestos ha retrocedido en el apartado de las instituciones p¨²blicas entre 2001 y 2002, el ¨²ltimo a?o sondeado. Descendi¨® 12 escalones, hasta el sitio 66, despu¨¦s de Chile (19), Uruguay (20), Brasil (45), Costa Rica (46), El Salvador (48), Per¨² (49), Jamaica (51), Colombia (54), Panam¨¢ (55), M¨¦xico (58), Rep¨²blica Dominicana (60) y Nicaragua (64). S¨®lo supera a Bolivia (69), Paraguay (71) y Venezuela (73), entre otros pa¨ªses latinoamericanos.
Tarifas congeladas
La ca¨ªda de Argentina se produjo despu¨¦s de una serie de cambios legales. Entre diciembre de 2001 y enero de 2002 congel¨® los dep¨®sitos, pesific¨® los que estaban dolarizados, suspendi¨® los pagos de la deuda externa, derog¨® la ley de convertibilidad (que establec¨ªa que un peso equival¨ªa a un d¨®lar), desdolariz¨® y congel¨® las tarifas de los servicios p¨²blicos. "La seguridad jur¨ªdica se pone a prueba en las crisis", observa el abogado Eduardo Luchia Puig, representante en Argentina del bufete norteamericano Steel, H¨¦ctor & Davis International. El economista Manuel Alvarado Ledesma, profesor de la Universidad Argentina de la Empresa, advierte de que la inestabilidad pol¨ªtica tambi¨¦n contribuye a la inseguridad jur¨ªdica.
En un reciente seminario organizado por la Universidad Internacional Men¨¦ndez Pelayo, posterior a la pol¨¦mica visita del presidente de Argentina, N¨¦stor Kichner, a Madrid, se volvieron a escuchar las quejas de las empresas espa?olas contra la variabilidad de las leyes en ese pa¨ªs. El consejero delegado de Repsol YPF, Ram¨®n Blanco, declar¨® que Argentina ejemplifica las consecuencias que acarrea el incumplimiento de las normas. Su par de Endesa, Rafael Miranda, pidi¨® a Kirchner que defina un marco regulador "a largo plazo para que las normas no cambien de la noche a la ma?ana". Sin embargo, el vicepresidente del SCH, Francisco Luz¨®n, admiti¨® que le est¨¢ gustando "la partitura que Kirchner est¨¢ tocando".
El presidente argentino, que asumi¨® el poder en mayo, recrimin¨® en Madrid a las empresas espa?olas por las ganancias extraordinarias que lograron a costa de un modelo econ¨®mico que empobreci¨® a la mayor¨ªa de sus compatriotas y abri¨® una nueva negociaci¨®n de los 60 contratos con empresas privatizadas y concesionarias, que durar¨¢ hasta un a?o y medio, pero contempla la posibilidad de que mientras tanto haya aumentos de emergencia de las tarifas de algunos servicios, como la electricidad o el gas, para los consumidores m¨¢s pudientes. El Gobierno tambi¨¦n ha comenzado a escuchar a los defensores del pueblo y organizaciones de consumidores, cuya seguridad jur¨ªdica no siempre se tom¨® en cuenta en anteriores revisiones de contratos. Los expertos reconocen que las ¨²nicas privatizaciones bien hechas, porque est¨¢n amparadas por una ley que fija el marco regulador, son las de electricidad y gas. Mientras tanto, empresas extranjeras, como Endesa o Gas Natural, han presentado querellas contra Argentina en un tribunal del Banco Mundial.
En Brasil, el Gobierno de Luiz In¨¢cio Lula da Silva tambi¨¦n polemiza con las empresas de servicios p¨²blicos. En la campa?a electoral, Lula prometi¨® respetar los contratos y lo viene cumpliendo. Tampoco ha dejado de pagar la deuda externa. La diferencia radica en que el presidente brasile?o no pretende romper unilateralmente los pactos con las privatizadas, como Argentina, sino reformarlos mediante una concertaci¨®n.
Los funcionarios brasile?os han acusado a las el¨¦ctricas y telef¨®nicas (incluida la espa?ola) de conseguir beneficios "desorbitados" porque sus tarifas se ajustan por el ¨ªndice general de precios, en el que pesa m¨¢s la variaci¨®n del tipo de cambio (en un pa¨ªs con permanentes y fuertes oscilaciones del real) que el de la inflaci¨®n. Lula cuestion¨® en febrero a las agencias reguladoras de los servicios por su excesivo poder: "El Gobierno se entera de los aumentos, autorizados por las agencias, a trav¨¦s de la prensa". Por eso, el presidente orden¨® a sus colaboradores que elaboren un nuevo marco regulador. El poder judicial lleg¨® a rechazar un incremento de las tarifas, lo que para algunas compa?¨ªas supuso una ruptura de las reglas de juego. Pero Lula ha moderado las cr¨ªticas y afirma que se definir¨¢n nuevas normas para que los inversores extranjeros vuelvan a Brasil.
La experiencia peruana
En Per¨², el Gobierno de Alejandro Toledo suspendi¨® en 2001 la venta de dos el¨¦ctricas estatales a la belga Tractebel ante las protestas populares en contra de la operaci¨®n. Tambi¨¦n despert¨® la alarma del sector privado que el Congreso iniciara hace meses un debate para eliminar la cuota de abono b¨¢sico del servicio telef¨®nico, en otro pa¨ªs con presencia de Telef¨®nica. Toledo decidi¨® mantenerla dentro de la tarifa, pero algunos legisladores apelaron la disposici¨®n ante el Tribunal Constitucional.
Chile se distingue por su seguridad jur¨ªdica, pero el Gobierno de Ricardo Lagos se opuso a que CTC, la filial de Telef¨®nica, determinara libremente sus precios, pese a la desregulaci¨®n del sector. La firma espa?ola a¨²n ostenta el 78% del mercado. Por eso, el Ejecutivo impuso un m¨¦todo engorroso para fijar las tarifas hasta 2009. Telef¨®nica analiza si recurrir la decisi¨®n ante los tribunales locales o del extranjero.
Cr¨®nica de una sumisi¨®n anunciada
El Gobierno de Argentina ha contratado como asesores en la negociaci¨®n con las empresas de servicios p¨²blicos a investigadores de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Dos de ellos, Daniel Aspiazu y Mart¨ªn Schorr, acaban de publicar un libro que define su pensamiento: Cr¨®nica de una sumisi¨®n anunciada. Las renegociaciones con las empresas privatizadas bajo la Administraci¨®n Duhalde. Ambos critican al antecesor de Kirchner por retrasar la negociaci¨®n de los contratos, centrar la discusi¨®n en la congelaci¨®n de las tarifas y decidir "incrementos en los ingresos reales" o "una reducci¨®n de los costos" para ciertas concesiones en manos de grupos econ¨®micos nacionales, como las de aeropuertos (Eurnekian), el correo (Macri), un extenso puente con peaje (Techint) o el ferrocarril de pasajeros (Roggio). Aspiazu y Schorr recomiendan al Gobierno que se identifiquen en los contratos "todos los incumplimientos, las ilegalidades y las conductas que presupongan el abuso de posici¨®n dominante o el ejercicio de pr¨¢cticas desleales y/o anticompetitivas". S¨®lo despu¨¦s, seg¨²n los autores, se definir¨¢ un marco regulador y, si corresponde, se deber¨¢n rescindir convenios, "como podr¨ªan ser los de Aguas Argentinas (participada por Agbar), la concesionaria de las principales estaciones aeroportuarias del pa¨ªs, Correo Argentino y las concesionarias de los ramales ferroviarios de pasajeros".
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