Los juicios lentos

La puesta libertad por agotamiento del tiempo m¨¢ximo de prisi¨®n preventiva -cuatro a?os- del acusado de un triple asesinato cometido en 1999 en una mas¨ªa de Benifallim (Alicante) ha sacado a la luz la cruda realidad del mal funcionamiento no s¨®lo de los jueces, sino tambi¨¦n de todos los dem¨¢s responsables de que la justicia funcione bien. Que un juzgado de Alcoy no haya sido capaz en cuatro a?os de instruir un caso con un ¨²nico acusado y sentarle en el banquillo es s¨®lo la punta del iceberg de la situaci¨®n real, a la que se ha sumado la puesta en libertad de un condenado por narcotr¨¢fico de Barbate (C¨¢diz), que se atribuye a la tardanza del Tribunal Supremo en resolver el recurso de casaci¨®n contra la condena en primera instancia.

La investigaci¨®n abierta por el Consejo General del Poder Judicial podr¨¢ revelar responsabilidades concretas, pero el ¨®rgano de gobierno de los jueces deber¨ªa reconocer tambi¨¦n su propia responsabilidad por no evitar lo ocurrido, si se debi¨® a problemas estructurales, dada la funci¨®n inspectora que le corresponde respecto a todas las oficinas judiciales. Tampoco es ajeno a la desidia manifestada por el aparato judicial el ministerio fiscal, legalmente encargado de supervisar la tramitaci¨®n excesivamente dilatada de los sumarios.

Pero la m¨¢xima responsabilidad de la lentitud judicial, que vulnera el derecho fundamental a un proceso "sin dilaciones indebidas", reconocido por la Constituci¨®n, hay que situarla en el Gobierno. El actual ministro de Justicia, Jos¨¦ Mar¨ªa Michavila, promovi¨® un Pacto de Estado para una inversi¨®n de 1.500 millones de euros adicionales durante ocho a?os, que el Gobierno no est¨¢ cumpliendo. Y frente a las 250 nuevas plazas de jueces anuales reclamadas desde la oposici¨®n se presupuestaron para 2003 s¨®lo 30, lo que sit¨²a a Espa?a muy por debajo de los par¨¢metros europeos de proporci¨®n de jueces respecto al n¨²mero de habitantes.

Los juicios r¨¢pidos, en su gran mayor¨ªa referidos a faltas, llevan en su entra?a la lentitud del resto de la justicia, porque merman la presencia de los fiscales en cometidos tan importantes como los procesos de familia y de menores y utilizan a los cuerpos de polic¨ªa para cometidos ajenos a su funci¨®n, hasta el punto de que los sindicatos policiales han amenazado con reducir el n¨²mero de detenciones si no se les compensa econ¨®micamente la sobrecarga de trabajo. Mientras tanto, la realidad, que es tozuda, muestra descarnadamente que la lentitud y la ineficacia siguen firmemente arraigadas en la Administraci¨®n de justicia.