La Junta ejecutar¨¢ a la fuerza una orden de desamparo de cuatro ni?os
La familia, residente en Granada, ha deso¨ªdo los requerimientos
La delegaci¨®n de Asuntos Sociales de la Junta de Andaluc¨ªa en Granada ha ordenado la ejecuci¨®n forzosa de un decreto de "desamparo provisional" de cuatro ni?os con edades comprendidas entre los 2 y los 9 a?os que viven en la actualidad con sus padres. El 22 de agosto la Junta sugiri¨® a los familiares que entregaran voluntariamente los menores a Asuntos Sociales pero ¨¦stos no han contestado.
Asuntos Sociales cree que los menores est¨¢n desatendidos y faltan regularmente al colegio
La orden de desamparo provisional supone en la pr¨¢ctica que la consejer¨ªa que preside Isa¨ªas P¨¦rez Salda?a asuma la tutela de manera provisional durante tres meses. La falta de contestaci¨®n de los padres al requerimiento ha inducido a la Junta de Andaluc¨ªa a enviarles una nueva resoluci¨®n de ejecuci¨®n forzosa.
Si los padres no act¨²an en esta ocasi¨®n, y ya ha pasado m¨¢s de una semana desde que el pasado 28 de agosto se les enviara el segundo aviso, la Administraci¨®n acudir¨¢ a los tribunales para conseguir su prop¨®sito de retirar los ni?os del hogar familiar.
"Nos veremos entonces obligados -explica Esther Aguilera, responsable del Servicio de Protecci¨®n de Menores de la Consejer¨ªa de Asuntos Sociales en Granada -a solicitar un mandamiento judicial de entrada en el domicilio".
La petici¨®n judicial se concretar¨¢ probablemente a principios de la semana entrante. La intenci¨®n de Asuntos Sociales era tratar de que la entrega no fuera traum¨¢tica para ning¨²n miembro de la familia afectada. Los ni?os, explican fuentes conocedoras del expediente, padecen de desatenci¨®n alimenticia y sanitaria y en raras ocasiones acud¨ªan al colegio.
La situaci¨®n ahora, sin embargo, est¨¢ muy lejos de ser pac¨ªfica. Los padres est¨¢n separados y no comparten la vivienda. mientras que los menores viven con la madre. Seg¨²n fuentes de Asuntos Sociales en Granada, la madre ha advertido que "no permitir¨¢ que le quiten a sus hijos" y que, si hace falta, los esconder¨¢.
La delegada de la Consejer¨ªa de Asuntos Sociales en Granada, Charo Quesada, considera que "los padres hacen mal en negarse a nuestra intervenci¨®n. Esto ocurre muchas veces y, con frecuencia, la unidad familiar se recompone". La realidad por ahora es que los padres, asegura la delegada de la Junta, ni dejan a sus hijos ni interponen tampoco un recurso en la justicia contra la decisi¨®n de la administraci¨®n.
El historial de conflicto familiar de el presente caso viene de lejos. La resoluci¨®n de desamparo provisional se adopt¨®, recuerda Esther Aguilera, por considerar que "exist¨ªan distintas circunstancias que afectan de forma muy grave al desarrollo f¨ªsico y ps¨ªquico de esos menores". Aguilera, que reconoce que los chicos viv¨ªan una situaci¨®n de "alto riesgo", a?ade que "durante varios a?os los servicios sociales de la zona han trabajado con la familia pero, lejos de mejorar el trato con los menores y la situaci¨®n de la familia, el estado se ha agravado".
Charo Quesada, por su parte, insiste en que tanto los servicios sociales comunitarios como un equipo de intervenci¨®n familiar ha intentado en los ¨²ltimos meses hablar con la madre para tomar medidas correctoras. Sin embargo, agrega la delegada de Asuntos Sociales, la negativa de la madre a recibir a los especialistas ha sido constante. El objetivo de la separaci¨®n de los ni?os de su entorno familiar es, dice la delegada, "conseguir la normalizaci¨®n de los cuatro menores y que est¨¦n preparados para volver al seno familiar".
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