110 mujeres piden protecci¨®n judicial en Madrid en el primer mes de la ley contra la violencia dom¨¦stica
Desde que el 2 de agosto entr¨® en vigor ley que regula la orden de protecci¨®n inmediata contra la violencia dom¨¦stica, 110 mujeres han acudido al juzgado de guardia de Madrid para pedir amparo frente a sus agresores. Esta orden permite al juez de guardia, casi sobre la marcha, obligar a un marido maltratador a marcharse del hogar conyugal y a entregar provisionalmente la custodia de los hijos al c¨®nyuge maltratado. La mayor¨ªa de las peticiones de protecci¨®n presentadas hasta ahora en Madrid han sido rechazadas al entender los jueces que no concurren los requisitos que permiten aplicar esta medida: b¨¢sicamente, la existencia de un riesgo evidente para la integridad f¨ªsica de la v¨ªctima.
Esta orden faculta a los jueces penales (los de instrucci¨®n) a adoptar medidas propias del ¨¢mbito civil y que, hasta ahora, s¨®lo correspond¨ªan a los juzgados de familia. De hecho, ya hay voces de jueces que cuestionan la constitucionalidad de la norma que regula la protecci¨®n de c¨®nyuges maltratados, puesto que se trata de una materia que ha sido regulada mediante una ley ordinaria cuando debi¨® hacerse a trav¨¦s de una ley org¨¢nica, de mayor rango jur¨ªdico.
Los atascos desorbitados y las demoras -hasta seis meses- en los ocho juzgados de familia de Madrid -"que deber¨ªan ser 16 dado el volumen de trabajo que soportan", seg¨²n los jueces- es una de las causas que subyacen en el nacimiento de la orden de protecci¨®n. Adem¨¢s, muchos jueces entienden que existe un claro riesgo de criminalizar asuntos cuya v¨ªa es la civil y de congestionar de asuntos los juzgados de guardia. "Esto es como las urgencias m¨¦dicas; muchos usuarios obvian las de los ambulatorios y se van directamente a la del hospital", se?ala un magistrado de Madrid. "Algunos despachos est¨¢n llevando sus casos de violencia dom¨¦stica al juzgado de guardia para ladear las demoras de los juzgados de familia", se?alan otros medios.
No siempre los jueces otorgan la proteci¨®n a las mujeres que lo solicitan. La protecci¨®n es una medida extrema y s¨®lo aplicable a casos de riesgo objetivo para la integridad de la v¨ªctima. Por ejemplo, "cuando un c¨®nyuge persigue a otro o le ha dado una paliza, claro que cabe aplicar la medida".
Una petici¨®n de protecci¨®n obliga al juez a efectuar una comparecencia con los afectados dentro de las 72 horas siguientes, para luego decidir sobre las medidas a aplicar. Pero se est¨¢n dando casos en que no se localiza al agresor dentro de esas 72 horas. "En esos casos, estamos alertando a la polic¨ªa para que adopte las medidas necesarias de protecci¨®n a la v¨ªctima", subraya un magistrado.
Las medidas civiles que adopta el juez penal tienen una vigencia de un mes y quedan sin efecto si en los 30 siguientes d¨ªas la v¨ªctima no formula demanda de separaci¨®n. El pasado 2 de septiembre fue el d¨ªa que m¨¢s peticiones de protecci¨®n llegaron a los juzgados madrile?os: ocho. En lo que va de a?o han muerto en Madrid tres mujeres a manos de sus maridos.
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