?Hecho escandaloso o esc¨¢ndalo continuo?

Lo que sorprende, a prop¨®sito del esc¨¢ndalo marbell¨ª de las ¨²ltimas semanas es, precisamente, que sorprenda. Si bien el montaje pol¨ªtico alrededor de la moci¨®n de censura es sin duda una situaci¨®n que produce sonrojo, no hay que olvidar que lo realmente escandaloso es que durante una larga d¨¦cada se haya producido en Marbella una situaci¨®n de continuo abuso de poder, vulneraci¨®n del Estado de Derecho y enriquecimiento de los responsables municipales a la vista de todos. La situaci¨®n actual no es m¨¢s que el ep¨ªlogo de esa cadena de hechos delictivos y fraudulentos y la atenci¨®n medi¨¢tica que ha merecido no debe ocultar hoy la verdadera naturaleza del problema: el sistema que defiende los derechos del ciudadano ante el poder, incluso el poder democr¨¢ticamente electo, ha dejado de funcionar en Marbella desde que Jes¨²s Gil obtuviera su primera mayor¨ªa. Por lo tanto, lo sorprendente, desde el punto de vista democr¨¢tico, es que, ante el permanente abuso del poder municipal, no se hayan activado los mecanismos que nuestra democracia posee para limitarlo.

Si analizamos lo ocurrido durante estos a?os, nos encontraremos frente a un esc¨¢ndalo pol¨ªtico sin precedentes en Espa?a; y ello se debe no s¨®lo a la actuaci¨®n de un gobierno populista, sino que paralelamente ha habido fallos en el sistema que debe garantizar la aplicaci¨®n de los derechos y las garant¨ªas. Un fraude de tal magnitud no es posible sin la complicidad, por acci¨®n o por omisi¨®n, de los diferentes agentes que intervienen en el proceso: arquitectos que firmen proyectos de edificios ilegales (y un colegio que los vise), la colaboraci¨®n de notarios y registradores, un poder judicial incapaz de desmontar un sistema de corrupci¨®n generalizada, sin olvidar la responsabilidad de los partidos y de las instituciones pol¨ªticas.

Quiz¨¢s sea leg¨ªtimo argumentar que los primeros responsables de tales desmanes son los electores que, de forma reiterada, han elegido a estos gobernantes. De hecho, probablemente sea cierto. Pero no lo es menos que personas que han ejercido el poder con tal grado de desprecio hacia la democracia, no deber¨ªan, en un verdadero Estado democr¨¢tico, tener la posibilidad de constituirse en oferta electoral. Es m¨¢s, no se debe confundir (como hace el propio Gil) las elecciones y la democracia.

La elecci¨®n da al poder una legitimidad de origen, pero la legitimidad del ejercicio de este poder tiene la misma importancia en t¨¦rminos democr¨¢ticos, y para que la pr¨¢ctica del poder sea leg¨ªtima, debe respetar los l¨ªmites que establece el marco legal. Lo que realmente distingue a la democracia de otros reg¨ªmenes son los l¨ªmites impuestos al poder, y no s¨®lo el hecho de ser elegido.

Si pusi¨¦ramos el caso marbell¨ª en relaci¨®n con el an¨¢lisis de la calidad de la democracia en nuestro pa¨ªs, tras 25 a?os de Constituci¨®n, se deber¨ªa concluir que ¨¦ste pone de relieve uno de los agujeros negros de nuestro sistema democr¨¢tico. Es el grado superlativo de un modelo de gesti¨®n municipal que pone la instituci¨®n, cuyo objetivo es la defensa del inter¨¦s general, al servicio de los intereses personales de los cargos electos y de quienes influyen sobre ellos. Como hemos podido ver en el caso de la Comunidad de Madrid, Marbella es s¨®lo un ejemplo, sin duda m¨¢s visible (puesto que es m¨¢s exhibicionista) de un modelo que, en mayor o menor medida y con mayor apariencia democr¨¢tica, se extiende por otras zonas del pa¨ªs, siempre con la misma naturaleza delictiva y venal, utilizando los mismos mecanismos de corrupci¨®n y connivencia. Las formas o las apariencias pueden cambiar, as¨ª como el grado de gravedad de la actitud moral de los responsables, pero lo importante es que el resultado efectivo es parecido. Tal resultado es, ante todo, un modelo urban¨ªstico desarrollista, que a pesar de encontrarnos en democracia, tiene las mismas caracter¨ªsticas que el practicado durante el franquismo y que tuvo efectos tan devastadores para nuestras ciudades. La atenci¨®n medi¨¢tica sobre el esc¨¢ndalo marbell¨ª abre pues un espacio de reflexi¨®n en el que este caso no debe ser percibido como una excepci¨®n sino como un ejemplo (a no seguir). Por lo tanto, hay que comprender que los ayuntamientos son, con demasiada frecuencia, instituciones en extremo d¨¦biles frente a los intereses de la presi¨®n especulativa, sobre todo en zonas de nuestro pa¨ªs (como el litoral o los municipios de las ¨¢reas metropolitanas de las grandes ciudades), en las que el suelo despierta grandes intereses. En ese sentido, tampoco hemos aprendido la lecci¨®n de los errores del franquismo, en el que sus d¨¦biles instituciones locales fueron f¨¢cil presa para promotores sin escr¨²pulos.

A mi parecer, existen tres pistas que habr¨ªa que desarrollar para dar respuesta a este problema. En primer lugar, es necesario, en la Costa del Sol como en las grandes ¨¢reas metropolitanas, desarrollar un sistema de poder local que se corresponda a la realidad de las extensiones urbanas, que han adquirido ya la forma de regiones metropolitanas. En segundo lugar, es urgente una reforma de la ley del suelo que produzca un reparto m¨¢s justo de las plusval¨ªas que generan los procesos de urbanizaci¨®n del suelo y que reduzca su excesiva complejidad que tanto dificulta su aplicaci¨®n. Por ¨²ltimo, una reforma de la ley electoral que tienda a fortalecer la democracia municipal y a dotarla de mayor estabilidad.

Jos¨¦ Asenjo es diputado del PSOE en el Congreso por M¨¢laga.