Los jueces conceden el 70% de ¨®rdenes de protecci¨®n solicitadas por maltrato

Los jueces aceptan tres de cada cuatro solicitudes de orden de protecci¨®n a las v¨ªctimas de la violencia dom¨¦stica. As¨ª se desprende de los primeros datos sobre la aplicaci¨®n de esta nueva medida, referidos a seis grandes ciudades. En Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Bilbao y Palma de Mallorca se han presentado un total de 245 peticiones de protecci¨®n desde que entr¨® en vigor la orden, el 2 de agosto. Los jueces concedieron 176 y denegaron 69 (el 28%). El alejamiento del agresor respecto a la v¨ªctima ha sido, con creces, la medida cautelar m¨¢s aplicada.

La nueva herramienta de protecci¨®n a las v¨ªctimas entr¨® en vigor el pasado 2 de agosto con el acuerdo un¨¢nime de todos los grupos pol¨ªticos. Permite al juez de instrucci¨®n dictar, en un plazo m¨¢ximo de 72 horas, medidas cautelares de protecci¨®n a la v¨ªctima que denuncie su situaci¨®n. Estas pueden ser penales, como el alejamiento del agresor, o civiles (entre ellas la atribuci¨®n del domicilio y/o de la guarda y custodia de los hijos a la v¨ªctima). La orden tambi¨¦n permite activar la ayuda social y econ¨®mica (300 euros al mes para las personas agredidas que carezcan de recursos).

Los primeros datos, referidos a seis grandes ciudades donde reside una sexta parte de la poblaci¨®n de Espa?a (Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Zaragoza y Palma de Mallorca) abarcan desde el 2 de agosto hasta el 7 de septiembre. Revelan que los jueces han aceptado tres de cada cuatro solicitudes: de las 245 peticiones, s¨®lo se denegaron 69 (el 28%), seg¨²n la informaci¨®n obtenida de fuentes judiciales.

Cifras "razonables"

Para la magistrada Montserrat Comas, presidenta del Observatorio de la Violencia Dom¨¦stica del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), estas cifras, pese a ser parciales, son "razonables". "Habr¨ªa sido muy negativo que se hubiera registrado una avalancha desmedida de solicitudes, porque eso habr¨ªa indicado que se solicitaba esa medida sin un motivo relacionado con la comisi¨®n de un delito o falta de violencia dom¨¦stica", apunta. "Las denegaciones revelan que funciona el filtro que ejercen los jueces, lo que es una garant¨ªa para el ciudadano", a?ade. "Hay que tener en cuenta que los jueces deciden si dictan, o no, la orden despu¨¦s de escuchar al agresor y a la v¨ªctima por separado el mismo d¨ªa que se presenta la solicitud de protecci¨®n", concluye la vocal del CGPJ.

Seg¨²n las cifras provisionales a que ha tenido acceso este peri¨®dico, el n¨²mero de solicitudes ha sido especialmente alto en Madrid: 104, de las que se han denegado 26 (ver gr¨¢fico). A continuaci¨®n se situaron Sevilla (37 peticiones), Palma de Mallorca (29), Bilbao (27), Zaragoza (23) y Barcelona (25).

La proporci¨®n de solicitudes rechazadas por los jueces (el 28% en el conjunto de las seis ciudades) var¨ªa mucho: desde la aceptaci¨®n de todas las solicitudes en Barcelona hasta el rechazo de siete de cada diez en Palma de Mallorca.

En la pr¨¢ctica totalidad de las ¨®rdenes dictadas (172 de las 176) se han incluido medidas penales, fundamentalmente la prohibici¨®n al agresor de acercarse a la v¨ªctima (alejamiento). En 115 peticiones s¨®lo se han dictado medidas penales y en otros 57 casos se han adoptado medidas penales y civiles. Entre estas ¨²ltimas figuran la atribuci¨®n provisional del domicilio familiar y/o de la guarda y custodia de los hijos a la v¨ªctima y el establecimiento de pensi¨®n por alimentaci¨®n. Todas las medidas son provisionales.

"Datos muy positivos"

"A tenor de los datos que manejamos, la orden de protecci¨®n ha funcionado de forma muy positiva y con toda normalidad en todo el territorio nacional", asegur¨® ayer el director general de Modernizaci¨®n de la Justicia, Alberto Dorrego.

La responsable de Igualdad del PSOE, Micaela Navarro, consider¨® que a¨²n es pronto para hacer "una evaluaci¨®n a fondo" de la nueva herramienta. Destac¨® que en las comunidades aut¨®nomas "existe mucha preocupaci¨®n por las dificultades que encuentran para aplicar la orden de protecci¨®n". Las administraciones auton¨®micas son las responsables de la atenci¨®n social a las v¨ªctimas. "Si no reciben fondos del Estado para aplicar la orden, ¨¦sta ser¨¢ un fracaso", vaticin¨®.

"El porcentaje de concesiones de la orden de protecci¨®n es sorprendentemente alto. Confirma que cuando una mujer pide esa medida es que est¨¢ realmente en peligro", asegur¨® la diputada de IU Marisa Castro.

El Consejo General del Poder Judicial ofrecer¨¢ el lunes los datos nacionales sobre la orden de protecci¨®n. Para ello ha recabado informaci¨®n de los 436 decanatos que agrupan a 1.424 juzgados. Ese d¨ªa, la comisi¨®n de seguimiento de la orden de protecci¨®n (formada por representantes de la Administraci¨®n General del Estado y del mundo de la justicia) analizar¨¢ las cifras y estudiar¨¢ la puesta en marcha del registro de los casos de violencia dom¨¦stica.