El PSOE exige la reforma del Estatuto Fiscal para la supervivencia del Pacto por la Justicia
Michavila respondi¨® ayer con la oferta de un "nuevo impulso" econ¨®mico y normativo
La reforma del Estatuto Fiscal para liberarlo del poder del Gobierno, as¨ª como el respeto a la tarea de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n; la agilizaci¨®n de la administraci¨®n de Justicia y una dotaci¨®n econ¨®mica urgente y sostenida en los pr¨®ximos ejercicios presupuestarios son las condiciones que el PSOE pone al Gobierno para mantener el Pacto por la Justicia firmado en mayo de 2001. La respuesta dada ayer por el Gobierno a la amenaza del PSOE consisti¨® ayer en una oferta del ministro de Justicia, Jos¨¦ Mar¨ªa Michavila, dispuesto a realizar "un nuevo impulso" al pacto en materia econ¨®mica y normativa.
El ministro de Justicia, Jos¨¦ Mar¨ªa Michavila, recibi¨® ayer una carta de ocho folios firmada por el secretario de Libertades P¨²blicas del PSOE, Juan Fernando L¨®pez Aguilar, en la que se vierte el malestar de este partido, acumulado, al parecer durante meses. No obstante, el colof¨®n o la gota que colm¨® el vaso de la paciencia de Zapatero, seg¨²n su c¨ªrculo cercano, fue el cambio que el Gobierno hizo del Estatuto del Ministerio Fiscal. "La parcialidad abusiva en la utilizaci¨®n de los resortes del Estado de Derecho, la ocupaci¨®n sin ambages del Ministerio Fiscal, la presi¨®n sobre el poder judicial, el nulo inter¨¦s mostrado en la potenciaci¨®n del servicio p¨²blico de la Justicia, conducen, inevitablemente, a un replanteamiento en nuestra determinaci¨®n por mantener una colaboraci¨®n constructiva en el seno de la Comisi¨®n de Seguimiento del Pacto para la reforma de la Justicia". Esta es la s¨ªntesis de las razones por las cuales el PSOE amenaza con "desvincularse" del Pacto por la Justicia. La esencia de las quejas la destilaron ayer en el pleno del Congreso el portavoz parlamentario del PSOE, Jes¨²s Caldera, y el responsable de Justicia en la ejecutiva federal, Juan Fernando L¨®pez Aguilar. Caldera se centr¨® en la acusaci¨®n de que al Gobierno, en realidad, s¨®lo le importaba "el control del poder". Por su parte, L¨®pez Aguilar, cogi¨® la otra pat
a
del reproche: la insuficiencia econ¨®mica y la escasez de recursos materiales y humanos para que los ciudadanos aprecien que algo ha cambiado en la Justicia. Las fuentes socialistas consultadas aseguran que s¨®lo habr¨¢ marcha atr¨¢s en su intenci¨®n de "desvincularse" del pacto si hay una reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, incluyendo el respeto y la libertad para la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y dotaciones presupuestarias sucesivas en los pr¨®ximos a?os empezando por este mismo ejercicio.
Petici¨®n de reuni¨®n
Esta negociaci¨®n s¨®lo debe entablarse en la Comisi¨®n de Seguimiento del Pacto por la Justicia, que L¨®pez Aguilar pide en su carta al ministro Michavila que la convoque de inmediato.
Pero el ministro decidi¨® ayer responder en p¨²blico y lanz¨® una oferta al PSOE, que llam¨® "nuevo impulso" del pacto. Michavila aprovech¨® la sesi¨®n de control al Gobierno para ofrecer a los socialistas "un plan estable de financiaci¨®n para los pr¨®ximos seis a?os; un plan de transparencia judicial y la extensi¨®n de los juicios r¨¢pidos al ¨¢mbito civil (familia y vivienda)". El ministro a?adi¨® que en la nueva negociaci¨®n con el PSOE propondr¨ªa la ampliaci¨®n de la actual planta judicial y la adopci¨®n de medidas para que "ning¨²n delincuente pueda salir a la calle despu¨¦s de cuatro a?os de prisi¨®n sin haber sido juzgado".
El ministro mostr¨® con Caldera y con L¨®pez Aguilar un tono de cierta moderaci¨®n al ofrecer este pacto aunque lo altern¨® con alg¨²n dardo pol¨ªtico por las posibles causas que hab¨ªan llevado a Zapatero a amenazar con la ruptura del pacto. El l¨ªder socialista pidi¨® a L¨®pez Aguilar en julio que le hiciera un informe sobre el estado del pacto por la Justicia. Tom¨® esa iniciativa despu¨¦s de los cambios del Gobierno en el Estatuto del Ministerio Fiscal que llevaron a prescindir de fiscales de orientaci¨®n progresista, empezando por el anterior fiscal jefe Anticorrupci¨®n, Carlos Jim¨¦nez Villarejo. En la carta de L¨®pez Aguilar al ministro se lamenta que el Gobierno presentara en las Cortes , "sin debate previo y sin consenso", una modificaci¨®n de ese Estatuto "para fortalecer la instrumentalizaci¨®n del Ministerio Fiscal al servicio del Gobierno". "Hemos tenido que presenciar comentarios vejatorios del ministro sobre fiscales que se han atrevido a opinar de forma diferente al Gobierno; ceses injustificados; sometimiento total de la instituci¨®n, socavando todo atisbo de autonom¨ªa de criterio". L¨®pez Aguilar considera que "la operaci¨®n contra la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n para impedir que investigue los delitos que el Gobierno considere oportunos o inc¨®modos a los intereses del PP". "No puede haber pol¨ªtica de Estado en materia de Justicia si el fiscal general del Estado obstruye la acci¨®n de la Justicia en los c¨ªrculos de poder relacionados con el PP".
Las quejas contra el fiscal general del Estado son interminables y se le acusa de "azuzar la ley penal en cualquier proceso que pueda afectar, aunque sea tangencialmente, a los adversarios del Gobierno, y bloquea y niega toda investigaci¨®n cuando las tramas de corrupci¨®n alcanzan, siquiera indiciariamente, a alg¨²n miembro o ac¨®lito de los gobiernos del PP".
El ministro de Justicia, tiene disposici¨®n, seg¨²n su entorno, a convocar una reuni¨®n y, al menos, dialogar.
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