Tormenta sobre la fiscal¨ªa

Los recientes ceses y nombramientos de varios fiscales acordados por el Gobierno en aplicaci¨®n -se argumenta- del nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal, que limita la duraci¨®n del mandato de los fiscales jefe o asimilados al plazo de cinco a?os, han generado pol¨¦mica sobre su verdadera motivaci¨®n, calificada por algunos de aut¨¦ntica depuraci¨®n ideol¨®gica.

Esos cambios, pactados o traum¨¢ticos, han puesto nuevamente sobre el tapete la conflictiva cuesti¨®n de las relaciones entre el Gobierno y la fiscal¨ªa.

Las opiniones est¨¢n divididas. Unos sostienen que el nombramiento de los fiscales jefe o asimilados, al igual que su cese, es una decisi¨®n pol¨ªtica. Se trata, dicen, de cargos de confianza del Gobierno al ser los ejecutores de su pol¨ªtica criminal y deben ser ocupados por personas identificadas con la misma, especialmente, cuando se trate de determinadas y especiales fiscal¨ªas.

Tensiones entre el Gobierno y la Fiscal¨ªa. ?Hasta d¨®nde puede y debe llegar la autonom¨ªa de ¨¦sta?

En apoyo de su postura, buscan -y hallan- varios sistemas de pa¨ªses de nuestro entorno en los que la identificaci¨®n o proximidad de la fiscal¨ªa con el poder ejecutivo est¨¢ todav¨ªa m¨¢s presente que en el caso espa?ol.

Otros, sin embargo, mantienen que los fiscales siempre -y es cierto- han dispuesto de un estatuto que les ha dotado de una mayor autonom¨ªa de funcionamiento que al resto de los servidores p¨²blicos de rango equivalente y que, en cierta manera, les ha aproximado al de los jueces, con los que, en aspectos importantes, est¨¢n equiparados.

La pol¨¦mica y el enfrentamiento est¨¢n servidos. Lo peor, como siempre, es el mensaje de crisis que se transmite a la ciudadan¨ªa, con el consiguiente aumento del escepticismo en relaci¨®n con un sistema que, precisamente, necesita para su existencia la confianza de los ciudadanos.

El modo de ejercicio de sus facultades por parte del Gobierno puede ser considerado una manifestaci¨®n m¨¢s de la democracia autoritaria que paulatinamente se va instalando en la presente realidad pol¨ªtica.

Hay, no obstante, algunos aspectos que no se prestan a mayor discusi¨®n. Los fiscales no han sido, ni son ni conviene que sean, ¨²nicamente, unos subordinados del Ministerio de Justicia; aunque, paralelamente, se reconoce que las facultades de ese centro pol¨ªtico administrativo sobre la fiscal¨ªa han de ser importantes al constituir uno de los pilares de su pol¨ªtica criminal, de la que responde ante las Cortes y la opini¨®n p¨²blica, responsabilidad que no asume la fiscal¨ªa, y la responsabilidad lleva aparejada la direcci¨®n del servicio.

?C¨®mo compatibilizar esos aspectos? Entendemos que reformando una situaci¨®n que se ha demostrado insatisfactoria.

Como primer paso, es necesario conocer el fundamento de esas decisiones con el objetivo de que no quede en una penumbra propiciadora de toda clase de interrogantes. ?Han sido motivos pol¨ªticos? Puede, aunque sobre personas de semejante ideolog¨ªa han reca¨ªdo decisiones de signo contrario. ?Razones profesionales? No parece, al haberse mantenido, de hecho, a una persona sancionada en v¨ªa disciplinaria por infracci¨®n grave, mientras que otra de reconocida profesionalidad ha sido apartada. No se diga, tampoco, que todo es consecuencia de la nueva ley. Su aplicaci¨®n demuestra lo contrario, al haberse ratificado a varios fiscales que ya hab¨ªan agotado el tiempo se?alado por la ley.

El sistema actual aparenta adolecer, en demas¨ªa, de secretismo, de corporativismo, de filias y fobias ideol¨®gicas o personales, de asociacionismo y hasta de cooptaci¨®n (cuya total erradicaci¨®n, a buen seguro, resulta imposible), cuando deber¨ªan primar la capacidad, la competencia y el prestigio profesional.

Urge, por tanto, introducir factores que remedien o aten¨²en, para el futuro, la presente situaci¨®n.

En un Estado democr¨¢tico, el camino natural para cualquier tipo de cambio pasa por un incremento de la publicidad, la participaci¨®n y la transparencia en el funcionamiento del sistema afectado. En este caso, el del nombramiento y cese de los fiscales jefe.

La publicidad, la participaci¨®n y la transparencia a?aden legitimaci¨®n a los procesos de selecci¨®n y de cese de autoridades y funcionarios p¨²blicos con la finalidad de informar a la opini¨®n p¨²blica y conceder la oportunidad a los optantes, en igualdad de condiciones, de exponer sus capacidades y m¨¦ritos para su adecuada valoraci¨®n. Especialmente, si se trata de altos cargos de la fiscal¨ªa, cuya ¨²nica pol¨ªtica ha de ser la de interesar la aplicaci¨®n de la ley con criterios de legalidad e imparcialidad, aunque tambi¨¦n, y cada d¨ªa m¨¢s, de oportunidad reglada y de rentabilidad procesal.

Es probable que la fiscal¨ªa precise importantes reformas. Mientras no maduren, se considera conveniente, en este periodo de espera y como preparaci¨®n de un futuro pr¨®ximo, la introducci¨®n de una gama de cambios tendentes a la potenciaci¨®n de un sistema de nombramiento y cese de fiscales jefe o asimilados -que no ser¨ªa inoportuno extender a los niveles correspondientes de la carrera judicial p¨²blica- participado, transparente y contradictorio ante una comisi¨®n mixta, en sede parlamentaria, a la cual se le encomendar¨ªa la emisi¨®n de un dictamen sobre los candidatos adoptado por mayor¨ªa cualificada que, aunque no vinculante, estar¨ªa dotado de prestigio y autoridad y cuya no aceptaci¨®n el Gobierno deber¨ªa explicar de forma suficiente con asunci¨®n de los correspondientes costes.

Todo ello redundar¨ªa, en la medida de lo posible, en beneficio de los afectados y, especialmente, de una opini¨®n p¨²blica mejor informada y, por tanto, m¨¢s preparada para hacer frente a rumores y especulaciones que a todos perjudican.

Los problemas, en ocasiones, se solucionan o arreglan con reformas modestas. Experimentarlas no parece ofrecer mayores inconvenientes.

?ngel Garc¨ªa Fontanet es presidente de la Fundaci¨®n Pi i Sunyer.