Expediente retardado

Con un m¨¢s que sorprendente retraso de casi dos a?os, la Comisi¨®n Nacional de la Energ¨ªa (CNE) ha optado por abrir un expediente sancionador a la empresa Red El¨¦ctrica de Espa?a por su actuaci¨®n el 14 de diciembre de 2001, cuando se produjo el apag¨®n que dej¨® sin suministro el¨¦ctrico a una gran parte de Catalu?a en uno de los d¨ªas m¨¢s fr¨ªos del a?o. Por aquellos hechos, la Generalitat de Catalu?a sancion¨® a Endesa, la compa?¨ªa distribuidora, con seis millones de euros y exculp¨® a Red El¨¦ctrica, responsable del transporte de alta tensi¨®n, aunque envi¨® un informe por su actuaci¨®n al Ministerio de Econom¨ªa.

Despu¨¦s del apag¨®n de Catalu?a, sufrieron graves cortes de luz Madrid y Valencia. Este mismo verano han sufrido graves interrupciones de suministro Alicante, Vitoria, Barcelona y, sobre todo, Mallorca, poniendo en evidencia que la seguridad de la red el¨¦ctrica no ha mejorado. Los Gobiernos aut¨®nomos de Catalu?a, Castilla-La Mancha, Andaluc¨ªa y Extremadura han abierto cientos de expedientes a las el¨¦ctricas para exigirles un saneamiento de sus redes.

El expediente de la CNE, a la que habr¨ªa que exigir m¨¢s celeridad en sus informes, pone de relieve que las deficiencias del sistema el¨¦ctrico no se limitan a las conocidas faltas de inversiones en redes y subestaciones, sino a la propia organizaci¨®n del sistema. Red El¨¦ctrica tiene una doble funci¨®n. Por una parte, es la transportista de alta tensi¨®n y, por otra, el guardia de tr¨¢fico que vigila y garantiza la circulaci¨®n de la energ¨ªa por todo el pa¨ªs. Como transportista, act¨²a como una empresa privada sometida a tarifa. Como garante del sector, su funci¨®n es p¨²blica. La posible contradicci¨®n entre estas dos actividades -una privada, en la que persigue optimizar sus beneficios, y otra p¨²blica, por la que es responsable del buen funcionamiento del sistema- no deber¨ªa resolverse en perjuicio de la ¨²ltima, como parece que ha detectado la CNE.

La situaci¨®n es especialmente delicada por tratarse de una compa?¨ªa cuyo capital pertenece todav¨ªa en un 28% al Estado, pero con la previsi¨®n de reducir la participaci¨®n p¨²blica.

La decisi¨®n de la CNE no debe ser en ning¨²n caso un capote a las compa?¨ªas el¨¦ctricas, sobre las que pesan numerosos expedientes por sus manifiestos incumplimientos en materia de inversi¨®n. Las el¨¦ctricas se han quejado, a veces con raz¨®n, de que los ayuntamientos no les dejan hacer inversiones en redes por problemas medioambientales, pero eso no puede justificar las deficiencias que a?o tras a?o se detectan en el sistema. Es de esperar que los cerca de 6.000 millones de euros que tienen previsto invertir en los pr¨®ximos a?os redunden en la mejora de las instalaciones.