La LAU y la norma de Protecci¨®n de Consumidores pasan su primer tr¨¢mite con el rechazo del PP

Los proyectos de la Ley Andaluza de Universidades (LAU) y de Protecci¨®n a los Consumidores pasaron ayer su primer tr¨¢mite parlamentario al superar los debates a la totalidad. Respecto a la primera norma, la consejera de Educaci¨®n, C¨¢ndida Mart¨ªnez, dijo que con ella se "minimizan" los efectos de la LOU -recurrida ante el Tribunal Constitucional por la propia C¨¢mara y el Gobierno andaluz-, en aquellos aspectos que entran dentro de las competencias andaluzas, como los referidos a la autonom¨ªa universitaria, la composici¨®n de los consejos sociales, al personal contratado y a la creaci¨®n de la agencia andaluza de evaluaci¨®n y acreditaci¨®n universitaria.

"La LAU pretende garantizar unas generaciones futuras bien formadas", afirm¨® la consejera, quien resalt¨® lo que se quiere es lograr el "fortalecimiento de un sistema de universidades aut¨®nomas de calidad y abiertas a la sociedad del conocimiento".

Los populares presentaron una enmienda a la totalidad, que fue rechazada por el resto de los grupos, con el argumento de que la futura norma significa un "retroceso" y un "fraude" del Ejecutivo andaluz. El portavoz del PP, Rafael Salas, calific¨® el proyecto de "hipocres¨ªa pol¨ªtica", adem¨¢s de "disparate" desde el punto de vista financiero. En consecuencia, para Salas, ayer fue un "d¨ªa triste para las universidades andaluzas".

El proyecto de Ley de Protecci¨®n de los Consumidores tambi¨¦n super¨® el debate a la totalidad. Esta normativa que, el consejero de Gobernaci¨®n, Alfonso Perales, calific¨® con una de las m¨¢s "beligerantes y activas", establece f¨®rmulas para que las empresas sancionadas indemnicen a los afectados por los da?os ocasionados. Para ello se crea la figura del decomiso de beneficio il¨ªcito obtenido por cualquier irregularidad, que se calcular¨¢ mediante criterios estimativos cuando no puedan determinarse con exactitud.

Tambi¨¦n incluye novedades como el reforzamiento del r¨¦gimen sancionador, la ampliaci¨®n de las competencias inspectoras de los ayuntamientos y la adaptaci¨®n de los cambios sociales derivados del uso de las nuevas tecnolog¨ªas, como el comercio electr¨®nico, la telefon¨ªa m¨®vil o Internet. La futura ley crear¨¢ un registro unificado de infractores, que ser¨¢ de car¨¢cter p¨²blico y en el que figurar¨¢n la empresas o personas que hayan cometido alguna irregularidad, y permitir¨¢ a los inspectores adoptar medidas cautelares cuando existan indicios de infracci¨®n para que no se consumen los hechos.

Perales dijo en su turno no entender los motivos por los que el PP, IU, PA y el grupo mixto rechazaron la ley, si bien reconoci¨® que no cuenta con el consenso de algunas asociaciones de consumidores. Los populares criticaron especialmente la falta de acuerdo un¨¢nime, as¨ª como que no se impulsen las oficinas municipales de informaci¨®n al consumidor, mientras que Izquierda Unida sostuvo que se trata de un desarrollo reglamentario y no de una ley.