Esca?os y lealtades

Nada obliga, sin embargo, a que los diputados o concejales tengan que ejercer ese derecho a retener el acta -garantizado por la jurisprudencia constitucional- si rompen con el partido que les hab¨ªa incluido en sus listas cerradas y financiado generosamente la campa?a; por ejemplo, Baltasar Garz¨®n y Ventura P¨¦rez Mari?o -diputados independientes por el PSOE- demostraron en 1994 con su renuncia al esca?o que las motivaciones pol¨ªticas, ¨¦ticas o est¨¦ticas se hallan por encima de las disquisiciones legales. W. S. Gladstone -cuatro veces primer ministro del Reino Unido- afirm¨® en una ocasi¨®n que prefer¨ªa "votar como un caballero lo que me dice mi partido que votar como un canalla lo que me dicta mi conciencia".

Resulta l¨®gico que el transfuguismo, es decir, el abandono del partido con el acta bajo el brazo de parlamentarios o concejales elegidos en sus candidaturas, tenga mala prensa: demasiadas veces ha sido utilizado para cambiar el signo de las mayor¨ªas salidas de las urnas. Una reciente monograf¨ªa de la profesora Beatriz Tom¨¢s Mall¨¦n sobre Transfuguismo parlamentario y democracia de partidos (Centro de Estudios Constitucionales, 2003) analiza las notables dimensiones alcanzadas en Espa?a (y tambi¨¦n en otros pa¨ªses europeos) por esa desestabilizadora costumbre: sirvan de muestra las 113 mociones de censura que prosperaron en el ¨¢mbito municipal entre 1995 y 1999. Los casos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Marbella han confirmado la conclusi¨®n seg¨²n la cual esa abusiva pr¨¢ctica falsea la representaci¨®n pol¨ªtica surgida de las elecciones, debilita el sistema de partidos, perjudica la gobernabilidad, favorece la corrupci¨®n, deteriora la cultura democr¨¢tica y resta credibilidad a la clase pol¨ªtica.

Aunque los tr¨¢nsfugas suelan esgrimir nobles argumentos ideol¨®gicos para justificar su deserci¨®n -con esca?o incorporado- hacia otras zonas del espectro pol¨ªtico, en muchas ocasiones el m¨®vil m¨¢s plausible de su conducta es el soborno puro y duro o variantes disimuladas de venalidad pol¨ªtica como la expectativa de continuar el ejercicio remunerado de la profesi¨®n pol¨ªtica al amparo de las siglas compradoras. La negativa de los parlamentarios o concejales a dimitir del esca?o puede tener efectos letales para los vencedores de unas elecciones (as¨ª ha ocurrido en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Marbella) o producir consecuencias marginales (es el caso del conflicto de Cristina Alberdi con el PSOE). Los tr¨¢nsfugas Tamayo y S¨¢ez bloquearon a finales de junio con la llave de sus dos esca?os la investidura presidencial de Simancas y forzaron la repetici¨®n de los comicios madrile?os. Tambi¨¦n durante el verano de 2003 varios concejales disidentes del Grupo Liberal Independiente (el GIL fundado por Gil) se aliaron con ediles rebeldes del PSOE y del Partido Andalucista para presentar una moci¨®n de censura contra un ex correligionario elegido alcalde de Marbella. En cambio, la negativa inicial de Cristina Alberdi -ministra con Felipe Gonz¨¢lez y ex presidenta de la FSM- a devolver su esca?o de diputada del Congreso, un castigo impuesto por la direcci¨®n del PSOE como represalia a sus cr¨ªticas por la deficiente gesti¨®n de la crisis madrile?a, tiene repercusiones s¨®lo simb¨®licas: apenas faltan tres meses para el final de la legislatura y el PP dispone de una desahogada mayor¨ªa en la C¨¢mara baja.