Tres ejes para un cambio en la justicia

I. El presupuesto de Justicia del Ejecutivo central ha experimentado desde 2001, a?o en que se firm¨® el Pacto de Estado de la Justicia, una evoluci¨®n descendente. Lo contrario de lo que se hab¨ªa pactado. A¨²n peor, en 2004 el gasto directo del Ministerio de Justicia baja en un 2,1% respecto del ejercicio anterior.

El radical incumplimiento por parte del Gobierno del PP del fundamental aspecto presupuestario -de hecho, no se alcanz¨® ni el 16% de lo comprometido- fue, como se sabe, una de las causas principales de la defunci¨®n del Pacto de Estado de la Justicia. La oposici¨®n socialista detect¨® la vulneraci¨®n objetiva del acuerdo de gasto, pero tambi¨¦n una consecuencia pol¨ªtica indeseable y menos aparente, de la que no pod¨ªa hacerse c¨®mplice en modo alguno. En esencia, es la siguiente: como no hay dinero -ni ideas- para construir un marco operativo estable y global para la justicia, el Ejecutivo se ve obligado a una sistem¨¢tica, y redundante, campa?a de propaganda. En la cual enfatiza aspectos parciales de la Administraci¨®n de Justicia -que est¨¦n de moda a ser posible- mientras oculta el resto del muy ineficiente sistema. Un buen ejemplo de lo que digo lo constituyen los juicios r¨¢pidos. Los ponen de moda, el ministro de Justicia dice que van bien (no es cierto, pero vamos a suponer que lo fuera), presentan estad¨ªsticas banales y se presiona en los media para convencer al p¨²blico de la bondad de la gesti¨®n. Se le dice a usted, estimado lector, que si le roban la radio del coche, que vale 200 euros, y cogen al supuesto autor, tendr¨¢ un juicio en 15 d¨ªas. No se le dice, en cambio, que si le estafan cuando compra su piso de 200.000 euros ya puede prepararse para un proceso de 6, 8 o 10 a?os, que en el mejor de los casos podr¨¢ sobrellevar con un importante coste econ¨®mico y emocional.

El fiscal anticorrupci¨®n debe actuar sin que le habilite previamente la Fiscal¨ªa del Estado

Tenemos, de lejos, la peor proporci¨®n de jueces por habitante de la Uni¨®n Europea

La justicia espa?ola gestion¨® unos siete millones de asuntos el a?o pasado; los pendientes aumentaron hasta m¨¢s de dos millones; tenemos, de lejos, la peor proporci¨®n de jueces por habitante de la Uni¨®n Europea, donde ofrecemos los peores tiempos de respuesta... Hablemos claro a los ciudadanos: la justicia no va bien.

Un servicio tan da?ado como ¨¦ste necesita otra pol¨ªtica de gasto p¨²blico y un marco organizativo global y proporcionado. La decisi¨®n estrat¨¦gica de fondo debe orientarse a la creaci¨®n de una justicia de primer nivel -de proximidad, dicen algunos- con una fuerte capacidad resolutiva y basada en esquemas procesales no r¨ªgidos, para los asuntos m¨¢s cotidianos y determinantes de la calidad de vida como, por ejemplo, la mayor parte de los temas de consumo, o los peque?os il¨ªcitos penales. Los n¨²meros de la justicia nos indican que la simplificaci¨®n, aumento de eficacia y abaratamiento del sistema constituyen un conjunto alcanzable, pero s¨®lo con planteamientos organizativos de fondo.

II. La ocupaci¨®n partidista del Ministerio Fiscal conforma una situaci¨®n potencialmente tir¨¢nica y, por a?adidura, deslegitimadora para el propio Estado. En los ¨²ltimos a?os, el Ministerio Fiscal ha sufrido tres andanadas nada inocentes: el partidismo del fiscal general del Estado, la reforma legal que desaloj¨® de las principales jefaturas de la fiscal¨ªa s¨®lo a los fiscales inc¨®modos para el Gobierno y el desmoronamiento de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. ?Podemos arreglar democr¨¢ticamente esos estropicios?

Lo que indica nuestra Constituci¨®n es que la fiscal¨ªa debe estar sometida a la orientaci¨®n general de la pol¨ªtica criminal del Gobierno; pero en los casos concretos debe obediencia s¨®lo a la ley. ?sta es la tesis garante de la neutralidad que debe ser trasladada a la realidad pol¨ªtica y jur¨ªdica. Para ello, la persona propuesta por el Gobierno para fiscal general del Estado debe comparecer previamente en el Parlamento, donde se ha de juzgar su idoneidad. Luego, el Gobierno podr¨¢ nombrar o no al propuesto, pero la actuaci¨®n del Parlamento nos permitir¨¢ conocer el perfil del candidato, y posibilitar¨¢ un control p¨²blico de tan importante nombramiento. Adem¨¢s, la discrecionalidad casi absoluta que tiene el Gobierno para cesar al fiscal general tendr¨ªa que ser recortada, estableciendo un periodo de mandato dentro del cual el Gobierno s¨®lo pudiera cesarle por causas tasadas.

Por su parte, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n tiene que disponer de un marco legal claro que apuntale sus competencias actuales, en vez de dispersarlas hacia la nada, como parece que quiere hacer el ¨¢rea de justicia del Gobierno. Adem¨¢s, hay que eliminar el freno que supone el pl¨¢cet del fiscal general, de modo que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n act¨²e cuando objetivamente deba hacerlo, sin necesidad de la actual habilitaci¨®n previa. Esta fiscal¨ªa, bien dotada, resultar¨¢ decisiva en la investigaci¨®n y represi¨®n de la gran delincuencia en Espa?a y, como se ver¨¢, en Europa.

III. "Vamos a barrer la calle de delincuentes". Una afirmaci¨®n fragorosa que contiene y define la pol¨ªtica criminal del Gobierno. Pol¨ªtica que consiste en la pura e ineficaz represi¨®n del peque?o delincuente y que no ofrece respuesta ni a la delincuencia violenta ni a la criminalidad organizada y financiera.

La delincuencia menor tiene una caracter¨ªstica estructural bien conocida; es, seguramente, el ¨²nico terreno penal donde la reinserci¨®n es posible. Como es l¨®gico, el poder p¨²blico debe perseguir la peque?a criminalidad, pero con miras a rehabilitar a todos los delincuentes de este tipo que sea posible. Por imperativo constitucional, pero tambi¨¦n por una cuesti¨®n de eficacia. Ya que si no son reinsertados, volver¨¢n a delinquir al salir de la c¨¢rcel. Justo lo que est¨¢ ocurriendo, y lo que explica que la inseguridad agregada siga en los altos niveles conocidos.

La delincuencia financiera y organizada es otro cantar. Est¨¢ en la ra¨ªz del crimen como fen¨®meno, y tiene una importante capacidad para desestabilizar la democracia. Ante ella, el Estado tiene que aumentar la consistencia de fiscal¨ªas especializadas, definir con claridad el concepto y los diversos niveles de criminalidad organizada y financiera, y realizar una radiograf¨ªa completa de este tipo de delincuencia, para poder tomar decisiones estrat¨¦gicas. Esto es, una pol¨ªtica criminal inteligente que va a necesitar un nuevo proceso penal acusatorio y flexible para el enganche con la conexi¨®n europea.

La realidad nos indica, con total evidencia, que la criminalidad organizada es global, transfronteriza. Esos rasgos determinan la geograf¨ªa en que se ha de producir la respuesta del sistema democr¨¢tico. Europa es la cuesti¨®n. A partir de la futura Constituci¨®n Europea podremos desarrollar el esquema de conceptos indispensables para la lucha contra la gran criminalidad: armonizaci¨®n de las legislaciones de los diferentes pa¨ªses europeos, m¨¢s cooperaci¨®n operativa, un fiscal europeo -sobre el que ya hay trabajos s¨®lidos- y el reconocimiento incondicional, en todo el territorio europeo, de las decisiones de los jueces nacionales. Toda una tarea de construcci¨®n pol¨ªtica y jur¨ªdica sobre la que en nuestro pa¨ªs apenas o¨ªmos balbuceos.

Jos¨¦ Antonio Alonso es vocal del Consejo General del Poder Judicial