Cuentas pol¨ªticas

El informe del Tribunal de Cuentas sobre las finanzas de los partidos en 2001 incluye todos los reproches posibles (opacidad, ingresos irregulares, morosidad en el pago de deudas) contra todas las formaciones, y concluye con la recomendaci¨®n de que se reforme la ley de financiaci¨®n para adecuarla de manera m¨¢s realista a lo que ocurre en la pr¨¢ctica. Seguramente habr¨¢ que hacerlo, pero ello no significa que las irregularidades sean efecto de una financiaci¨®n insuficiente.

En Espa?a existe una generosa triple v¨ªa de financiaci¨®n p¨²blica de la pol¨ªtica: para el funcionamiento ordinario de los partidos, para gastos electorales y para subvencionar a los grupos parlamentarios. Adem¨¢s, est¨¢n reguladas las aportaciones privadas, cuyo importe m¨¢ximo por donante se fij¨® en 1987 en 10 millones de pesetas. La ley tambi¨¦n establece, de manera un tanto arbitraria, que el total de donaciones an¨®nimas no podr¨¢ superar en conjunto el 5% del total destinado ese a?o por el Estado a la financiaci¨®n de los partidos. A mediados de los noventa, tras esc¨¢ndalos como los de Filesa y Naseiro, se plante¨®, todav¨ªa con Gobierno socialista, eliminar ese condicionante y ampliar el l¨ªmite por donante hasta 25 millones de pesetas.

Han pasado ocho a?os, en todos los cuales el Tribunal de Cuentas ha seguido se?alando el incumplimiento sistem¨¢tico de la ley, pero ni se ha cambiado ¨¦sta ni ha habido consecuencias para los infractores. En Alemania, hace tres a?os, el ex canciller Kohl tuvo que dimitir como presidente honorario de su partido por negarse a revelar los nombres de los donantes que ayudaron irregularmente a su financiaci¨®n. La ley exige en aquel pa¨ªs la identificaci¨®n de los donantes a partir de una cierta cantidad. Aqu¨ª no existe esa obligaci¨®n. La izquierda quiere introducirla, as¨ª como prohibir las donaciones directas de empresas. El PP se opone a tales limitaciones.

El resultado es que unos y otros hacen la vista gorda ante las irregularidades de los dem¨¢s, la condonaci¨®n de deudas por los bancos, la utilizaci¨®n al margen de la ley de los ayuntamientos como mecanismo de financiaci¨®n de los partidos que los dirigen, la existencia de subvenciones adicionales y no previstas en la norma desde algunos parlamentos auton¨®micos y, en definitiva, mucha ingenier¨ªa financiera para cuadrar cuentas. Las propuestas de moralizaci¨®n de la vida p¨²blica se detienen justo antes de llegar a este asunto. ?C¨®mo extra?arse luego de que cunda la desmoralizaci¨®n ciudadana?