Balances tramposos

LOS PARTIDOS no acampan ya extramuros de los Estados en lo que concierne a la financiaci¨®n de sus actividades, tal y como suced¨ªa durante su etapa heroica de lucha por la democracia; la raz¨®n del cambio es que ahora desempe?an funciones p¨²blicas aunque no ocupen el Gobierno ni tengan mayor¨ªa en el Parlamento: la Constituci¨®n espa?ola de 1978, por ejemplo, les encomienda la tarea de servir como "instrumento fundamental para la participaci¨®n pol¨ªtica" tras afirmar que "expresan el pluralismo pol¨ªtico" y "concurren a la formaci¨®n y manifestaci¨®n de la voluntad popular". El funcionamiento cotidiano de los partidos y sus peri¨®dicas campa?as electorales no dependen ya de las cuotas de los afiliados o del trabajo voluntario de los militantes: actualmente reciben generosas subvenciones presupuestarias que les permiten comprar sedes, contratar personal asalariado, abonar elevadas facturas publicitarias y sufragar gastos diversos a sus directivos.

El informe sobre la contabilidad de los partidos durante 2001 presentado por el ¨®rgano administrativo de control de la gesti¨®n del Estado pone al descubierto un amplio registro de irregularidades

El grueso informe del Tribunal de Cuentas difundido esta semana analiza la contabilidad de los partidos en el ejercicio de 2001, un a?o bastante exiguo -s¨®lo las vascas y gallegas- de citas ante las urnas. La Ley Electoral de 1985 y la Ley de Financiaci¨®n de 1987 regulan los tres afluentes de fondos estatales que engrosan los caudales partidistas: las subvenciones por gastos electorales (locales, auton¨®micos, generales y europeos) en funci¨®n de los esca?os y votos obtenidos; las subvenciones a los grupos parlamentarios en las Cortes Generales y las asambleas auton¨®micas, y las subvenciones anuales para gastos corrientes. Durante 2001, los partidos recibieron 16 millones de euros para sus gastos electorales, 52 millones para sus grupos parlamentarios y 57 millones para su funcionamiento ordinario; otros 40 millones procedieron de corporaciones locales o de Gobiernos auton¨®micos. Adem¨¢s de esa pr¨®diga financiaci¨®n p¨²blica, los partidos pueden recibir donaciones de empresas y de particulares, si bien sometidas a topes y restricciones; tambi¨¦n tienen acceso a cr¨¦ditos bancarios de amortizaci¨®n reglada.

Sin embargo, los partidos no han respondido con la debida lealtad al generoso sistema de subvenciones p¨²blicas y al permisivo r¨¦gimen de donativos privados y de endeudamiento bancario creados por las leyes de 1985 y 1987. El caso Filesa -el PSOE fue condenado por el Supremo- y el caso Naseiro en Valencia y el caso Ca?ellas en Baleares -el PP se salv¨® por los pelos gracias a triqui?uelas procesales- dejaron entrever en sede judicial la propensi¨®n de los partidos a recurrir a procedimientos delictivos (comisiones ilegales, sobornos y cohechos) para su financiaci¨®n irregular; el monto de las cantidades recaudadas a trav¨¦s de esos m¨¦todos fraudulentos s¨®lo podr¨ªa ser calculado de manera imprecisa mediante conjeturas sobre el tama?o de la brecha existente entre los ingresos oficiales declarados y los gastos efectivamente realizados por los partidos.

Pese a su equ¨ªvoca denominaci¨®n, el Tribunal de Cuentas es un ¨®rgano de control administrativo -no jurisdiccional- con escasas competencias y d¨¦bil capacidad sancionadora, cuyos vocales son designados por los partidos a trav¨¦s de sus grupos parlamentarios; el informe fiscalizador de la contabilidad partidista en 2001 analiza las irregularidades cometidas ese a?o por las formaciones que hab¨ªan aprobado a trav¨¦s de sus diputados y senadores las leyes de 1985 y 1987. La lista de infracciones es ampl¨ªsima: documentaci¨®n justificativa insuficiente, subvenciones concedidas por corporaciones locales al margen de la ley, condonaciones de deudas bancarias, falta de transparencia de las contribuciones privadas, ayudas de Gobiernos auton¨®micos a partidos en sus comunidades, etc¨¦tera. El asim¨¦trico comportamiento de unos partidos que exhortan a la sociedad a cumplir las normas pero al tiempo las conculcan impunemente en beneficio propio no es s¨®lo una ofensa para la equidad, sino que promueve la desafecci¨®n de los ciudadanos hacia el sistema democr¨¢tico.