El Gobierno mantiene su pol¨ªtica intervencionista sobre las cajas
S¨®lo ha introducido peque?os cambios en el reglamento de la ley
El reglamento de cajas de ahorro aprobado ayer por el Gobierno vasco mantiene la filosof¨ªa intervencionista del primer borrador, aunque el Departamento de Hacienda asegura que no difiere de los aprobados en otras comunidades aut¨®nomas. El decreto, que desarrolla la Ley de Cajas aprobada en mayo, incluye algunas modificaciones propuestas por las entidades vascas. El cambio m¨¢s significativo es la flexibilizaci¨®n de la autorizaci¨®n previa de Hacienda para tomar participaciones en otras empresas. Habr¨¢ que pedirla cuando se invierta m¨¢s del 5% de los recursos propios (un 2,5% en el borrador) .
El Departamento de Hacienda se ha reservado el derecho de intervenir en la pol¨ªtica de las tres cajas de ahorro vascas (BBK, Kutxa y Caja Vital), que deben pedirle autorizaci¨®n para realizar buena parte de sus actividades. En realidad, la anterior ley y las normativas de otras comunidades aut¨®nomas no difieren demasiado del texto aprobado ayer. La diferencia es que la ley vasca de 1991 no tuvo posteriormente un reglamento que desarrollase las facultades de control e intervenci¨®n asignadas al Gobierno aut¨®nomo.
A partir de ahora las cajas deben pedir permiso a Hacienda para invertir en empresas con m¨¢s del 50% del capital social de la sociedad participada o por una cuant¨ªa superior al 5% de los recursos propios de las cajas, una medida igual a la que existe en las comunidades de Madrid, Cantabria, Asturias y Castilla-La Mancha, seg¨²n el departamento de Idoaia Zenarruzabeitia. En el borrador se impon¨ªa la autorizaci¨®n previa a partir del 2,5% de los recursos, pero se ha suavizado en el decreto final. En los ¨²ltimos 20 a?os, Hacienda ha intervenido en cinco casos de toma de participaciones empresariales por parte de las entidades de ahorro vascas, seg¨²n datos de la propia consejer¨ªa.
Adem¨¢s de ese asunto, durante la tramitaci¨®n del borrador y las posteriores alegaciones, han destacado cinco cuestiones que no han gustado a las cajas. El Gobierno s¨®lo ha modificado sus criterios en algunas. Una de ellas alude a la obligaci¨®n de la BBK, Kutxa y Caja Vital de enviar a Hacienda toda la documentaci¨®n que deben remitir al Banco de Espa?a. El departamento que dirige Idoia Zenarruzabeitia se compara en esto con la legislaci¨®n de Castilla-La Mancha y asegura que Asturias es a¨²n m¨¢s r¨ªgida, porque es el propio Gobierno regional el que env¨ªa la informaci¨®n al Banco de Espa?a.
Obra social
Existe tambi¨¦n un claro protagonismo del Gobierno vasco en la obra ben¨¦fico-social de cada caja. Aunque no se cambia el articulado de la ley anterior, Hacienda se reserva el derecho a establecer, "previa audiencia de las cajas", "las directrices generales" a cada entidad, "teniendo las cajas libertad de elecci¨®n de los proyectos y actuaciones concretas".
El portavoz del Gobierno, Josu Jon Imaz, destac¨® que el texto busca aumentar "la transparencia" en la gesti¨®n de las entidades. Desde Hacienda, se precis¨® que se debe controlar a las cajas porque manejan "capital p¨²blico". En cualquier caso, en el texto final se ha introducido una modificaci¨®n con respecto al borrador. En principio, se pretend¨ªa que las retribuciones y las compensaciones en caso de despido del presidente ejecutivo de cada una de estas entidades lo fijara la asamblea, el ¨®rgano soberano de la entidad, lo que aseguraba su total publicidad. Finalmente ser¨¢ el consejo de administraci¨®n -un grupo m¨¢s reducido- el que adoptar¨¢ esos acuerdos, al igual que ocurre con la figura del director general.
Tambi¨¦n se ha modificado el criterio al abrir y cerrar nuevas sucursales. Las cajas deben informar al Gobierno vasco sobre estas operaciones con antelaci¨®n, aunque esta obligaci¨®n se ci?e a las poblaciones con menos de 500 vecinos (menos de mil habitantes, en el borrador). Esta medida persigue evitar que determinados n¨²cleos puedan quedar desprovistos de estos servicios financieros de forma injustificada. El informe de Hacienda no ser¨¢ vinculante, pero estas operaciones s¨ª necesitar¨¢n la aprobaci¨®n de la asamblea de las cajas. La quinta cuesti¨®n que gener¨® pol¨¦mica se refer¨ªa a la publicidad. No cambia. Se mantiene la idea de que las cajas deber¨¢n requerir autorizaci¨®n previa de Hacienda, para que vigile la letra peque?a relativa al coste y al rendimiento de los productos financieros ofrecidos. La Ley de Cajas de mayo est¨¢ recurrida en el Tribunal Constitucional por 50 diputados del PP y del PSOE por considerar discriminatoria la representaci¨®n en la asamblea de las entidades de las instituciones e impositores de las localidades de fuera del Pa¨ªs Vasco donde aquellas tienen oficinas.
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