El Consell asume un papel activo para recuperar la calidad del entorno e implica a los municipios

La concepci¨®n activa del anteproyecto de Ley de Ordenaci¨®n del Territorio y Protecci¨®n del Paisaje es una de sus caracter¨ªsticas m¨¢s llamativas. El Consell no se limita a fijar criterios generales para conciliar actuaciones que desborden el ¨¢mbito municipal, sino que asume iniciativas y proyectos de gesti¨®n territorial encaminados a garantizar la sostenibilidad del desarrollo y mejorar la calidad de vida de los valencianos. Tales proyectos se ejecutar¨¢n a trav¨¦s de un fondo de equidad territorial que se nutrir¨¢, en parte, de los beneficios que los municipios ingresan a partir de la gesti¨®n del suelo.

Rafael Blasco, consejero de Territorio y Vivienda, y responsable del nuevo anteproyecto, resume: "La filosof¨ªa de 'quien contamina paga' est¨¢ en la base de este decreto, cuyo fin es garantizar la solidaridad interterritorial".

Un sistema de informaci¨®n territorial definir¨¢ "los indicadores de consumo de recursos, especialmente agua y suelo, y de emisi¨®n de contaminantes al suelo, agua y atm¨®sfera en todo el ¨¢mbito de la Comunidad Valenciana", reza el texto. El intenso trabajo desarrollado desde hace a?os por el Instituto Cartogr¨¢fico Valenciano facilitar¨¢ la elaboraci¨®n de ese nuevo sistema de informaci¨®n territorial.

El texto legal define "umbrales de consumo de recursos y emisi¨®n de contaminantes" que se sustentar¨¢n sobre los indicadores recabados en todo el territorio valenciano.

Los municipios valencianos ajustar¨¢n su planeamiento a los l¨ªmites de consumo de recursos que definen tales umbrales. Y si los desbordan, siempre por causas justificadas, tales como la implantaci¨®n de alg¨²n tipo de industria o central de generaci¨®n energ¨¦tica, por ejemplo, "contribuir¨¢n a la sostenibilidad destinando, anualmente, al menos el importe equivalente al 10% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana o del de Actividades Econ¨®micas".

Esos fondos alimentar¨¢n la denominada "cuota de sostenibilidad". La mitad de la cuota se destinar¨¢ a mejorar la calidad de vida del propio municipio. La otra mitad se destinar¨¢ al fondo de equidad territorial.

Los ingresos municipales obtenidos a partir de nuevas instalaciones en suelo no urbanizable, que deben contar con la preceptiva declaraci¨®n de inter¨¦s comunitario, se destinar¨¢n "¨ªntegramente" a mejorar y recuperar el territorio del t¨¦rmino en cuesti¨®n.

El fondo de equidad territorial se nutrir¨¢, adem¨¢s de los presupuestos de la Generalitat, de fondos estatales o europeos y donaciones de particulares.

Las acciones concretas financiadas con los fondos de equidad territorial podr¨¢n desarrollarse en cualquier punto de la Comunidad Valenciana.

Las contribuciones que el Ayuntamiento de Sagunto, por ejemplo, se vea obligado a desembolsar a ra¨ªz de la instalaci¨®n de una futura central de ciclo combinado en su t¨¦rmino, podr¨¢n destinarse a la recuperaci¨®n de humedales, inversiones en parques naturales, recuperaci¨®n de especies en peligro de extinci¨®n o apoyo a otros municipios que renuncien a un consumo desordenado de sus recursos.

El texto legal consagra unos principios generales de cooperaci¨®n entre las administraciones auton¨®mica y municipal que deben inspirar las actuaciones dirigidas a recuperar antiguas canteras o limpiar cauces, por ejemplo. Pero m¨¢s all¨¢ de las buenas intenciones, el anteproyecto recoge el modelo de gobernanza en la ordenaci¨®n del territorio elaborado por la Uni¨®n Europea y que persigue implicar a todos los actores afectados en los proyectos concretos a ejecutar para garantizar su ¨¦xito.

El concepto de subsidiariedad, el principio seg¨²n el cual los asuntos que afectan a los vecinos se deben resolver en la medida de lo posible desde las instituciones m¨¢s cercanas, inspira el modelo de gobernanza.

El anteproyecto elaborado por la Consejer¨ªa de Territorio apunta la implicaci¨®n de vecinos, particulares y empresas en la definici¨®n de todas las acciones encaminadas a recuperar el territorio.

Seg¨²n Rafael Blasco, "la planificaci¨®n racional del territorio requiere una amplia participaci¨®n con el fin de que el desarrollo urban¨ªstico, necesario para el crecimiento econ¨®mico, sea compatible con la protecci¨®n del paisaje".