Lo que est¨¢ en juego

Para los que contribuimos a la elaboraci¨®n de la Constituci¨®n y del Estatuto de Gernika, y quisimos construir una arquitectura institucional en la que tuvieran cabida los nacionalismos democr¨¢ticos, la decepci¨®n ante el discurrir pol¨ªtico de los ¨²ltimos a?os en el Pa¨ªs Vasco y, de manera particular, en lo que respecta al comportamiento del nacionalismo, no puede ser sino muy profunda. Para los que cre¨ªmos en la buena fe de Ajuriaguerra, Lasarte, Irujo, Leizaola, Julio J¨¢uregui y dem¨¢s prohombres de aquel nacionalismo estatutista, esta etapa que abre Ibarretxe est¨¢ impregnada por una no desde?able amargura democr¨¢tica. Un sentimiento que se produce al comprobar c¨®mo el nacionalismo vasco, a trav¨¦s de sus actuales dirigentes, es capaz, primero, de apoderarse del esfuerzo que ha supuesto para los dem¨¢s construir un edificio en el que muchas de sus dependencias han sido dise?adas con generosidad expresamente para que pudieran sentirse c¨®modos en la Espa?a democr¨¢tica para que despu¨¦s, al cabo del tiempo y al modo de los traidores, abandonen lo que parec¨ªa ser una conquista com¨²n.

El sentimiento de deslealtad para lo que ha representado una lucha en com¨²n por las libertades y la autonom¨ªa, y hablo a t¨ªtulo personal, es, como digo, muy profundo. No puedo sino rememorar aquella figura desde?able del vasco que en el colegio llam¨¢bamos socarronamente "apovechategui" (l¨¦ase el que se aprovecha del esfuerzo de otro sin dar la cara). La historia es reiterativa. El nacionalismo vasco no particip¨® en el Pacto de San Sebasti¨¢n ni quiso comprometerse con el advenimiento de la Rep¨²blica, pero, una vez triunfante ¨¦sta, reclam¨® el Estatuto pactado para nuestra tierra. Eludi¨® el compromiso constitucional del 78, dej¨® que la gatera la llen¨¢ramos otros, pero m¨¢s tarde se benefici¨® del Estatuto de Gernika derivado de aquel gran pacto. Finalmente, el lehendakari, que lo es en virtud del mismo, despu¨¦s de aprovecharse de ¨¦l y de sus instituciones, lo declara unilateralmente inservible, al tiempo que su partido anuncia su muerte en el Parlamento vasco. La gravedad del paso dado es enorme. Desconozco si los dirigentes del PNV son conscientes de su alcance. Ojal¨¢ que todo esto no acabe como el rosario de la aurora, aunque me temo que el riesgo es grande. Se est¨¢ jugando irresponsablemente con cosas demasiado serias para que as¨ª no sea.

No debiera resultar necesario insistir en la idea de que, en un sistema de libertades constitucionales, el ejercicio de la soberan¨ªa encuentra su primera y afortunada limitaci¨®n en el respeto de las reglas del juego democr¨¢tico. La libertad de decidir por parte de los gobiernos e instituciones democr¨¢ticas se halla condicionada por el ordenamiento jur¨ªdico vigente. No existe para nadie, por tanto, libertad absoluta en la toma de decisiones, salvo en las dictaduras. De otra manera, estar¨ªamos inmersos en una jungla de actuaciones arbitrarias. Lo que parece obvio se hace necesario reiterarlo cuando se llega a afirmar que el plan que nos ocupa no lo parar¨¢n "ni la ley ni los tanques". El desprecio por la ley revela un componente inequ¨ªvocamente antidemocr¨¢tico. Y en cuanto a los tanques, mejor ni invocarlos.

Cuando se rompen las reglas del juego democr¨¢tico unilateralmente, se corre el riesgo de que el ejemplo cunda y aquella decisi¨®n reciba una respuesta de la misma naturaleza. ?Lo ha pensado el se?or Ibarretxe? Imaginemos por un momento que el Congreso de los Diputados, al margen de lo dispuesto en el art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n, reclamando la plena soberan¨ªa de sus decisiones y no someti¨¦ndolas al ordenamiento jur¨ªdico, acordara arbitrariamente suspender los conciertos econ¨®micos (por necesidades de armonizaci¨®n fiscal europea) y devolver a las Fuerzas de Seguridad del Estado sus antiguas competencias en materia de orden p¨²blico, aduciendo la necesidad de una mayor eficacia en la lucha contra el terrorismo. De golpe de Estado contra el sistema auton¨®mico se calificar¨ªa este tipo de decisiones. Lo que se pretende que haga el Parlamento vasco es muy similar, aunque a la inversa.

Resulta evidente que el se?or Ibarretxe con su plan no ha pretendido como objetivo principal incrementar el grado de las competencias hoy residenciadas en la autonom¨ªa vasca. Si fuese as¨ª, hubiera tomado un camino mucho m¨¢s sencillo, r¨¢pido, constitucional y que no requer¨ªa siquiera de la reforma del Estatuto. Esa v¨ªa se sit¨²a en el inexplorado art¨ªculo 150.2 de la Constituci¨®n: "El Estado podr¨¢ transferir o delegar en la comunidad aut¨®noma, mediante ley org¨¢nica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegaci¨®n". Es decir, que todas las reivindicaciones competenciales que se incluyen en el plan Ibarretxe pod¨ªan haber sido demandadas por esta v¨ªa que nadie hubiera podido calificar de inconstitucional. Otro tema, por supuesto, es cu¨¢l hubiese sido la respuesta de las Cortes.

Es evidente que lo que ha pretendido con el "plan" no es ampliar las competencias, sino plantear cuestiones de principios que afectan a la soberan¨ªa originaria y a la capacidad de decisi¨®n aut¨®noma de los vascos que, de antemano, se conoc¨ªa que no iban a ser aceptadas por el Gobierno del Estado, sea cual sea su signo, ni por los partidos constitucionalistas. A saber: el estatus de libre asociaci¨®n, la nacionalidad vasca a efectos pol¨ªticos y administrativos, el car¨¢cter de regi¨®n o naci¨®n asociada a la Uni¨®n Europea, y el derecho del pueblo vasco a decidir su futuro. Estas cuatro cuestiones est¨¢n planteadas con objeto de producir un enfrentamiento frontal sin posibilidad de acuerdos, al no dejar pr¨¢cticamente margen alguno de negociaci¨®n.

Se supone que, si existe un momento decisorio para la libre asociaci¨®n, se debe a que ha habido otro previo de separaci¨®n y recuperaci¨®n de la soberan¨ªa originaria, porque s¨®lo lo que est¨¢ separado es susceptible de ser asociado. Es impensable que un Estado democr¨¢tico admita esta posibilidad planteada unilateralmente, entre otras razones porque constituye una evidente contradicci¨®n querer separarse de algo para despu¨¦s volver a asociarse (perm¨ªtaseme la simpleza del ejemplo, como aquel que quiere separarse pero para vivir juntos en el domicilio conyugal). Por cierto, para "asociarse" habr¨¢ que preguntarle al "otro" (en este caso, Espa?a) si quiere una f¨®rmula de esta naturaleza, porque si no quiere, podr¨ªa adoptarse otra decisi¨®n, pero no la de asociaci¨®n, pues ¨¦sta requiere del acuerdo de las dos partes.

En el mismo terreno, ?el estatus de libre asociaci¨®n implica mantener el de libre separaci¨®n sine die? Las posibles decisiones de libre asociaci¨®n se producen en Estados en formaci¨®n, no en un Estado que, como el nuestro, cuenta con m¨¢s de quinientos a?os de existencia.

La pretensi¨®n de vivir en un Estado democr¨¢tico ostentando una nacionalidad distinta a la que rige en el propio Estado, cuando menos resulta ins¨®lita, sin equivalente conocido. ?Cada cu¨¢nto tiempo se puede cambiar de nacionalidad? ?Cabe la doble nacionalidad en un mismo Estado?

El lehendakari invoca a lo largo de su discurso en el Parlamento el derecho del pueblo vasco a decidir su futuro. Siempre que se realiza esta invocaci¨®n, se est¨¢ manipulando la expresi¨®n "pueblo" y el concepto de "derecho".

En relaci¨®n con la palabra "pueblo", la ya famosa sentencia del Tribunal Superior de Canad¨¢ sobre Quebec se?ala con acierto, entre otras cosas, que "se han aportado pocas precisiones fundadas a la definici¨®n de pueblo, por lo que resulta que el sentido de la palabra pueblo sigue siendo bastante incierto". En efecto, las sociedades modernas son cada vez m¨¢s plurales y, por tanto, cada vez es menos riguroso hablar de "pueblo" otorg¨¢ndole a esta expresi¨®n un contenido un¨ªvoco y uniforme. Yo soy "pueblo vasco" y no necesito autodeterminarme, porque ya lo hice a favor del Estatuto y no he cambiado de criterio. ?Tienen las colectividades derechos o son los ciudadanos los depositarios de los mismos? En relaci¨®n con esta cuesti¨®n, se?ala Javier Corcuera que "el problema fundamental que implica la atribuci¨®n de derechos a las colectividades es la posibilidad de que en nombre de ¨¦stas se impongan deberes individuales a miembros de las mismas, que no podr¨ªan alegar su car¨¢cter de minor¨ªa dentro de la minor¨ªa". ?Podr¨ªa en nombre de un supuesto derecho colectivo a la independencia limitarse el derecho (para que se entienda) a ser vasco-espa?ol y a vivir en la Espa?a democr¨¢tica constitucional y auton¨®mica? En buena l¨®gica democr¨¢tica, no es posible. Son los ciudadanos los titulares de los derechos y, salvo en los supuestos reconocidos internacionalmente (ocupaci¨®n militar, apartheid, dependencia colonial), la autodeterminaci¨®n contemplada como posibilidad de secesi¨®n o de decisi¨®n totalmente aut¨®noma no constituye un derecho, sino que representa una reivindicaci¨®n pol¨ªtica cuyo ejercicio unilateral no est¨¢ contemplado en ninguna Constituci¨®n democr¨¢tica.

Hoy no existen soberan¨ªas sin limitaciones. Parece evidente que con las formulaciones "Euskal Herria decide" o "democracia vasca" se est¨¢n planteando cuestiones que no nos incumben s¨®lo a nosotros, sino que tambi¨¦n afectan a todos los espa?oles y, desde luego, al Estado como tal. La expresi¨®n "los vascos tienen derecho a decidir su futuro", para adquirir condici¨®n democr¨¢tica deber¨ªa ser completada del siguiente modo: "respetando las reglas del juego democr¨¢tico, el ordenamiento jur¨ªdico vigente, y siempre y cuando la decisi¨®n que se plantee no afecte al futuro de los dem¨¢s, porque en este supuesto tambi¨¦n los dem¨¢s tendr¨ªan el derecho a decidir sobre su futuro". Es evidente que el plan Ibarretxe afecta, entre otras cosas, a la estructura misma del Estado aprobada por todos los espa?oles en el refer¨¦ndum constitucional de 1978 y que, precisamente por ello, no puede ser modificada unilateralmente.

Es necesario que el PNV rectifique este plan, que ya es nueva fuente de discordia y divisiones entre los vascos. Tenemos la responsabilidad de cerrar filas en la defensa de la Constituci¨®n, el Estatuto, el respeto a las reglas del juego y el imperio de la ley. Esta exigencia, que entiendo compromete a todos los dem¨®cratas, debe articularse del modo m¨¢s amplio posible, no debiendo circunscribirse tan s¨®lo a PP y PSOE; es conveniente ampliarla a sectores estatuistas del PNV e IU, a sindicatos, organizaciones empresariales, movimientos pacifistas, etc. El objetivo de este planteamiento deber¨ªa ser doble: de un lado, plantear que la prioridad es terminar con la violencia; de otro, abrir con coraje un di¨¢logo sobre nuestro futuro en ausencia de la misma, por utilizar expresiones del lehendakari, sin imposiciones ni planes previos, sin consultas populares predise?adas, sin menospreciar las conquistas auton¨®micas del presente para analizar lo que es necesario reformar, entendiendo bien que una sociedad fragmentada y plural como la vasca requiere de acuerdos de integraci¨®n que al menos alcancen el apoyo que obtuvo el Estatuto de Gernika.

Jos¨¦ Mar¨ªa Benegas es diputado por Vizcaya y vicepresidente de la Comisi¨®n Constitucional del Congreso de los Diputados.