El Defensor del Pueblo pide que la fiscal¨ªa no inste a repatriar menores

El Defensor del Pueblo remitir¨¢ un escrito al fiscal general del Estado, Jes¨²s Cardenal, para pedirle que reconsidere la instrucci¨®n que ordena a los fiscales que soliciten la repatriaci¨®n de los menores extranjeros no acompa?ados de mayores de 16 a?os, seg¨²n anunci¨® la adjunta primera al Defensor del Pueblo, Mar¨ªa Luisa Cava de Llano. ?sta especific¨® que no comparte "la mayor parte de las consideraciones" realizadas por Cardenal porque el marco jur¨ªdico espa?ol no permite adoptar criterios con car¨¢cter general en materia de menores.

"No se puede generalizar en los casos de menores extranjeros que entran de forma clandestina en Espa?a, sino que es un mandato legal estudiar caso por caso si se debe decretar o no la situaci¨®n de desamparo de estos menores", recalc¨® Cava de Llano. El defensor del menor en Madrid, Pedro N¨²?ez Morgades, hab¨ªa anunciado el mi¨¦rcoles su oposici¨®n a la iniciativa de Cardenal.

En este sentido, record¨® que la legislaci¨®n mandata a la Administraci¨®n a realizar los tr¨¢mites de repatriaci¨®n del menor porque el primer objetivo debe ser la reagrupaci¨®n familiar de ¨¦ste, pero siempre en el caso de que las familias sean localizadas en el pa¨ªs de origen o que los servicios de protecci¨®n de menores del mismo garanticen que no existe riesgo para la integridad f¨ªsica y ps¨ªquica del menor.

Pero adem¨¢s, critic¨® que Cardenal aplique en su instrucci¨®n a estos menores la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. "Estos chicos no son menores delincuentes y adem¨¢s los jueces de menores no tienen competencias para acordar su internamiento", subray¨®. En cualquier caso, reconoci¨® los esfuerzos que se est¨¢n haciendo en la atenci¨®n de este colectivo y la sobresaturaci¨®n de centros de acogida de menores, especialmente en zonas como Ceuta, Melilla o Canarias, pero insisti¨® en que la v¨ªa de soluci¨®n a estos problemas debe ser la b¨²squeda de colaboraci¨®n entre el pa¨ªs de acogida y de origen del menor, especialmente entre Espa?a y Marruecos, de donde procede el 75% de los menores no acompa?ados. "Las medidas deben acordarse respetando siempre el inter¨¦s superior del menor, por eso la Oficina del Defensor del Pueblo elevar¨¢ un escrito pidiendo al fiscal general del Estado que reconsidere su instrucci¨®n", concluy¨®.

"Coartada legal"

Cardenal hablaba en la orden que remiti¨® a los fiscales el 23 de octubre de una "incontrolada avalancha de extranjeros menores indocumentados". A?ad¨ªa el fiscal general que no puede permitirse que "la minor¨ªa de edad se convierta en una coartada legal que legitime la violaci¨®n sistem¨¢tica de las normas del Estado" y aduc¨ªa que el mero hecho de llegar solos a Espa?a prueba que est¨¢n emancipados y no desamparados y tienen "capacidad civil de obrar".

Tambi¨¦n el Grupo Parlamentario de CiU ha acogido este asunto con preocupaci¨®n y ha pedido la comparecencia en el Congreso, ante la Comisi¨®n de Justicia e Interior, del delegado del Gobierno para la Extranjer¨ªa y la Inmigraci¨®n, Ignacio Gonz¨¢lez, para que explique la posici¨®n del Gobierno ante las instrucciones de Cardenal.

"Esta orden da la sensaci¨®n de que pretende sacar a la Administraci¨®n y a las fiscal¨ªas las pulgas de encima y volcar en Marruecos toda la responsabilidad del problema, en un tema que es muy grave", dijo el portavoz parlamentario de CiU en materia de Inmigraci¨®n, Carles Campuzano. A su juicio, los criterios establecidos por Cardenal chocan con la legislaci¨®n nacional e internacional. Campuzano insisti¨® en que el problema debe ser tratado a trav¨¦s de la colaboraci¨®n entre Espa?a y Marruecos. "Queremos que el Gobierno venga a sede parlamentaria para discutir esta instrucci¨®n", concluy¨®.