Aclaraci¨®n

A prop¨®sito de una informaci¨®n publicada en la edici¨®n de EL PA?S de 29 de octubre de 2003 en la que se recogen manifestaciones de fuentes judiciales en las que, de un modo u otro, se ven¨ªa a culpar a las defensas de quienes son procesados en un procedimiento de haber propiciado la fuga de siete acusados, retrasando la tramitaci¨®n de la causa con la interposici¨®n de recursos y la utilizaci¨®n de los remedios procesales que la legislaci¨®n expresamente contempla, acaso sea oportuno recordar que los abogados, en el leg¨ªtimo derecho de su funci¨®n de defensores, hacen uso de los recursos que la ley les permite dentro de un plazo que por lo regular es breve y que siempre tiene car¨¢cter preclusivo, mientras que las resoluciones dictadas en sede jurisdiccional, pese a las previsiones legales, de hecho no est¨¢n sometidas a t¨¦rmino, y no es inusual adem¨¢s que contengan admoniciones acerca precisamente de lo que se entiende que es una falta de actividad impugnatoria por las partes llamadas al proceso, de tal suerte que, unas veces porque se recurre en demas¨ªa y otras porque no se recurre, lo que a juicio del tribunal debi¨® ser objeto de recurso, la actuaci¨®n de los letrados siempre esta sometida a una fluctuante e incierta cr¨ªtica. Pero, en cualquier caso, lo que en verdad sorprende de la informaci¨®n es que el ministerio fiscal acuda a la difusa figura de las dilaciones indebidas para ampliar el plazo m¨¢ximo de la prisi¨®n preventiva, que en nuestra legislaci¨®n no es precisamente corto, cuando deber¨ªa ser el defensor de la legalidad y, por tanto, garante del respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, sean o no procesados, impidiendo que permanezcan m¨¢s de cuatro a?os privados de libertad sin haber sido condenados en sentencia alguna.